Baja en edad de imputabilidad: “no se puede hacer algo a la ligera”

El juez Penal de Menores del Poder Judicial de ER, Pablo Barbirotto, dijo que el gobierno nacional no tiene datos que sustenten la iniciativa, puesto que “los números que manejan son cero” en cuanto a registros de criminalidad en menores.

Barbirotto siempre tuvo cosas para aportar en relación a la baja de imputabilidad. Es por esto que fue uno de los especialistas convocados para discutir la problemática de la criminalidad de los menores por parte del gobierno nacional a principios de año. Allí, se había avanzado en un mínimo consenso: no avanzar con esta discusión e iniciativa hasta tanto pasen las elecciones. ¿El motivo? Evitar que la demagogia electoralista se filtre en una discusión que debe atenderse desde otra complejidad.

“El gobierno se había comprometido en discutir este tema después de las elecciones porque se iba a prestar a la demagogia y a la utilización del tema para la campaña. Eso no le hace bien al debate”, lamentó Barbirotto en relación a esos encuentros. De hecho, lamentó que “ya estaba todo decidido antes que nos convocaran”.

Desde el gobierno nacional y sus portavoces Germán Garavano -ministro de Justicia y Derechos Humanos- y Patricia Bullrich -ministra de Seguridad de la Nación- se asume que esta iniciativa de encerrar a menores de edad servirá para “combatir la inseguridad”. Sin embargo, no existen números que avalen esta teoría: “Los números que manejan son cero”, aseguró el juez Penal de Menores entrerriano.

“No existen registros que avalen la baja de la imputabilidad. Para que se den una idea: acá hay diez juzgados que se encargan de trabajar en delitos cometidos por mayores y tan sólo uno para la franja de 16 a 18 años. Si fuese tan grave la situación con los menores, el juzgado no podría trabajar como lo hace porque no daría a basto. Es más, los casos que tienen involucrado a menores de ese rango -entre 14 y 15 años- son mucho menos”, desarrolló el magistrado.

La Justicia y las penas llegan después del delito, no han servido nunca en la historia las soluciones punitivas de manera preventiva. Las soluciones deben atacar a las causas de una problemática y no al problema que emerge como consecuencias de la misma. Es decir, el Estado debería atender en qué condiciones crecen un montón de adolescentes humildes en nuestro país, en un escenario de absoluta y constante violencia. “Cuando hablo de un problema de abordaje complejo me refiero a atacar las causas por las cuales un menor comete un delito y comprender sus motivaciones”, explicó el juez en diálogo con el programa El Tiempo No Para – Radio UNER Paraná.

“Desgraciadamente, la violencia tiene mayor difusión cuando matan a alguien clase media, pero debemos dejar de lado esa hipocresía, porque estos pibes se enfrentan a esa violencia de manera diaria y muchas veces mueren sin que nadie diga nada. El Estado es responsable por esa situación y de aprobarse esta iniciativa, el Estado estaría dando una respuesta estigmatizante”, lamentó Barbirotto.

“Es necesario abordar este problema desde la interdisciplina, no se puede hacer algo tan importante a la ligera. Para mí esto debería discutirse como se hizo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con foros en todo el país donde podamos participar desde distintas instituciones y enfoques que podamos abordar esta situación”, explicó el magistrado especialista.

Sin embargo, el gobierno nacional avanza en bajar la edad de imputabilidad sin sustento en números que avalen semejante iniciativa. Criminalizar a la juventud pobre parece ser una respuesta más bien ideológica que una política concreta que busque dar solución sobre una problemática. La ideología dominante interpreta la problemática de manera sesgada: desde su lógica el problema es problema sólo cuando ese menor pobre se violenta de manera evidente. No importa, desde la lógica que gobierna, la historia de vida que atravesó ese menor para determinar salir a robar para conseguir dos mangos y poder consumir drogas o poder llevar el pan a su casa. No importan las responsabilidades del Estado a la hora de generar esa situación. Importa encerrar a los menores y punto.

Pero de aprobarse esta iniciativa trae consigo otro problema más: el presupuestario. El sistema penitenciario nacional es un colapso y la provincia no es la excepción. Cárceles abarrotadas, sin condiciones mínimas de dignidad para los presos, escenarios inmersos en violencia institucional y de bandas que siguen con sus negocios dentro de las unidades penales. Lejos está -como siempre- de cumplir con ese presunto mandato de reinserción social.

Un menor no puede, según los acuerdos internacionales que defienden los derechos del niño a los cuales Argentina suscribió, compartir contextos de encierro con mayores de edad. En caso de estar encerrado un menor, ese lugar debe contar con una serie de garantías constitucionales que se alejan mucho de la realidad de los penales de mayores. Escuela, acceso a la salud pública y gratuita, contención psicológica y resguardo a los menores son tan sólo alguna de las características que se imponen a la hora de alojar a menores. Esto no existe en la provincia y debería levantarse en cada distrito unidades penales de estas características.

“¿Quién se va a hacer cargo presupuestariamente de esto?”, se preguntó Barbirotto en este contexto de un “sistema penitenciario colapsado”. Sin embargo, el juez aseguró que en caso de aprobarse esta ley, la construcción de estas unidades penales sería en vano: “Estarían vacías, ocupadas por dos o tres menores no más”, explicó una vez más el magistrado, centrándose en que no hay números concretos que avalen que se baje la edad de imputabilidad a 14 años.

Un proceso que no estigmatice

Ante la pregunta sobre cuáles eran los caminos que debería tomar el Estado para abordar la situación de un menor que delinque, Barbirotto volvió a expresar su postura que es parte de la realidad entrerriana: “En la mayoría de las provincias las causas que involucran a menores se archivan y esto no aporta a soluciones”, explicó el magistrado.

“Nosotros llevamos adelante un proceso, donde las partes se pueden ver las caras. Donde la víctima o familiares de ella pueden tener acceso a la verdad, que en gran parte es sanadora. Donde el victimario puede defenderse, brindar su testimonio sobre el hecho y puede comprender la magnitud de sus actos. Está claro que las condenas no pueden ser nunca similares a la de los mayores, pero mediante este proceso podemos garantizar un espacio de comprensión de lo que pasó”, finalizó Barbirotto.

 

Análisis.

Comentarios