BOTNIA a 10 años: las 5 caras del conflicto

Diez años atrás, en noviembre de 2007, comenzaba a funcionar la planta industrial de Botnia, ahora UPM. El hecho marcó un hito dentro de un conflicto que dividió a dos países, Argentina y Uruguay, e involucró a cuatro (Finlandia y España fueron parte), así como a representantes de los principales poderes económico del mundo (empresas multinacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros).

En 2009, la periodista local Verónica Toller publicó su libro “Daños colaterales – Papeleras, contaminación y resistencia en el Río Uruguay”, representativo de la situación social, política, científica, económica y judicial que envolvió a la región y que sigue vigente aún hoy.  A continuación, publicamos el primer capítulo de dicho texto, clave para entender de qué se trató y trata este conflicto único.

 

“Daños colaterales – papeleras, contaminación y resistencia en el Río Uruguay” – Verónica Toller – Editorial Marea, 2009.   

(El libro forma parte hoy del catálogo de la biblioteca central de la Universidad de Harvard, fue entregado por el Ministerio de Educación de la Nación a 5 mil bibliotecas populares y escolares de nuestro país, y es tomado como texto de estudio por el Ejército Argentino en sus cursos sobre conflictos exteriores).

CAPITULO 1 – EL CONFLICTO

Hemos aprendido a volar como los pájaros y a
nadar como los peces, pero no hemos aprendido
el arte de vivir como hermanos.
Martin Luther King

Algo huele mal en la comarca. Dos pueblos vecinos, Gualeguaychú y Fray Bentos, unidos en sus raíces, su geografía, sus costumbres, sus tangos y su río (porque el Uruguay, antes del conflicto pastero, servía para crear lazos) están ahora heridos de desconfianza, de dolor por los daños mutuos. Con su fraternidad desgarrada. Separados por una chimenea gigante, donde el corte de la ruta internacional y la Asamblea Ambiental son emergentes del conflicto: las causas hay que buscarlas más lejos y más profundo.
El cuadro presenta aristas complejas. Uruguay implantó la política de los hechos consumados y Argentina actuó con tibieza y lentitud. Hasta que fue tarde. “Bielsa nos hizo hacer la plancha un año y medio”, suele oírse en Gualeguaychú, en referencia al ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. La frase no está lejos de la verdad: el Gobierno argentino no creyó que el tema pasaría a mayores y confió en que el discurso del entonces candidato presidencial Tabaré Vázquez en Minas de Corrales, departamento Rivera (5 de junio de 2004) sería más que un libreto de campaña:
“Lo otro que produce la destrucción del medio ambiente es la destrucción de fábricas, o la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que producen destrucción del medio ambiente y entonces, para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de los países más pobres con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente, que es nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente”.
Después de todo, era Tabaré quien lo decía, el amigo, el político de izquierda, el que traía aires nuevos a Uruguay, el oncólogo que no tuvo una vida regalada sino de esfuerzos y había llegado al poder con las simpatías y el apoyo concreto del Gobierno argentino encarnado en Néstor Kirchner.
Era el Frente Amplio, simplemente.
“2004 fue un año casi perdido para nosotros. Porque todos confiábamos en que, una vez en el poder, Tabaré iba a cambiar las cosas. No iba a permitir el avasallamiento. Tuvimos que despertarnos y reaccionar”, sostiene Javier Villanueva, asambleísta, músico, ex director del programa Río Vida y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú entre 1999 y 2007.
El desencuentro creció a medida que avanzaban los intereses económicos y políticos. No se puede, en esta controversia, hablar de un conflicto; existen los conflictos. Hay uno social y otro ambiental, ambos en primer lugar de importancia; otro político, otro económico, otro legal.
Paralelamente, en el accionar de la Asamblea Ambiental, se lee como propuesta no escrita la construcción de una nueva forma de intervención de la sociedad civil en los problemas que le incumben.
Cada uno de los conflictos se esbozan en este capítulo y se amplían en los siguientes.

El conflicto ambiental

Ence, la empresa nacional española de celulosa, se aprestaba a instalarse en Fray Bentos. La firma pastera había sido condenada poco antes, en 2002, por delito ecológico, es decir, daño al medio ambiente durante más de cuarenta años. En 2003, la empresa se proponía abrir nuevas plantas. Pero no en España: en el Sur. En Uruguay. A 8 kilómetros de Fray Bentos y 27 de Gualeguaychú. Junto a un río cuya soberanía es compartida por dos países.
Para agravar la situación, antes de que ese año terminara, se conoció la noticia de que una nueva pastera, Botnia, había iniciado gestiones ante el Gobierno uruguayo para radicarse en el país vecino. Al lado de Ence. El resultado sería un volumen enorme de producción conjunta: un millón seiscientas mil toneladas de pasta de celulosa al año. Más que toda la producción argentina sumada (el total anual que procesa este país es de 750.000 toneladas, en plantas mecánicas, semiquímicas y químicas).
Semejante volumen de producción se planificaba junto a dos ciudades, con unos 110.000 habitantes entre ambas, y un impacto regional extendido que llegaría a 300.000 personas en total (los informes técnicos argentinos hablan de un radio de incidencia de 100 kilómetros para efluentes líquidos o particulado emitido al aire; la Dirección Nacional de Medio Ambiente –DINAMA– de Uruguay acepta un radio de incidencia de 60 km).
Así, el punto de inflexión para los argentinos estuvo desde el principio en la localización de las plantas y en el volumen de producción, con su consecuente emisión de efluentes al aire, agua y tierra. Fraybentinos y gualeguaychuenses que se opusieron a la radicación de las fábricas sobre la orilla del río Uruguay temían lo mismo: un daño ambiental importante para su región. Lo que implica decir: un daño para sus habitantes, su producción pecuaria, sus cultivos y ríos, su aire, su riqueza pesquera, los humedales cercanos, el turismo, la biodiversidad del lugar.
Los únicos estudios de impactos ambientales que Ence y Botnia presentaron estaban elaborados por consultoras contratadas por ambas empresas. No había estudios independientes, tampoco del Gobierno uruguayo. De hecho, Soluziona, la consultora de Ence que emitió el informe ambiental favorable, resultó pertenecer al mismo holding empresario.
Cinco universidades (una uruguaya, tres argentinas y una italiana) así como la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) produjeron informes alertando sobre los riesgos de contaminación de las plantas pasteras y los impactos acumulados de las mismas.
Fue la propia Ence la que les dio la razón cuando el 22 de junio de 2006 anunció que paralizaba el proyecto en M’Bopicuá a causa de la cercanía con la planta de Botnia.
A favor, alegando que sus impactos no serán dañinos al ambiente, se pronunciaron las consultoras Ecometrix y la japonesa Pacific Consultant, contratadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial (BM) para que analizaran los proyectos presentados por las pasteras antes de otorgarles los créditos que éstas solicitaban. En cuanto a Pacific, su consultor, el chileno Guillermo Madariaga, declaró de antemano que solamente analizaría los impactos en Uruguay y no en Argentina. El informe de Ecometrix fue criticado por científicos de la Universidad de La Sapienza, de Roma, y de la Funam. El 16 de febrero de 2006 hubo en Buenos Aires una audiencia convocada por la CFI para que especialistas disertaran y fundamentaran sus posiciones respecto de las pasteras. El doctor Raúl Montenegro, presidente de Funam, se pronunció en contra. Solicitó que no se construyan las papeleras en la costa del río Uruguay. Biólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y premio Nobel Alternativo 2004, aseveró que las obras “son ilegales, y expuso once puntos por los cuales las evaluaciones de impacto ambiental “son incompletas y con vacíos inaceptables”.
Sostuvo que las empresas “desconocieron las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, donde los vientos del Nordeste al Sudeste, que podrían traer los contaminantes de las plantas de celulosa, representaron en Gualeguaychú el 33,8% de todos los vientos para el período 2001-2005. Haber ignorado estos datos es sospechoso, pero además invalida las conclusiones a las que llegaron Botnia y Ence”.
Los informes de impactos, dijo, “mostraron un curioso desconocimiento sobre los cócteles de contaminantes. Las empresas analizaron listas incompletas de contaminantes del aire, suelo y agua, pero además olvidaron considerar que actúan conjuntamente sobre las personas y el ambiente. No se estimaron las descargas de dioxinas, furanos y cloraminas, pese a que muchas de estas sustancias tienen en común, por ejemplo, la capacidad de alterar el sistema hormonal de las personas”.
En enero de 2006 finalizaron las doce reuniones del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) argentino-uruguayo, convocado por los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para analizar los proyectos celulósicos y sus posibles impactos en la región. No hubo acuerdo para el dictamen final. Las conclusiones argentinas pusieron el acento en que “las empresas que proponen los proyectos” no tuvieron en cuenta los efectos transfronterizos; sus estudios de impacto ambiental “carecen de un análisis de alternativas y de la correspondiente justificación del sitio elegido para la instalación de los proyectos; el proceso kraft propuesto en los proyectos es intrínsecamente contaminante, por lo que requiere la adopción de medidas para prevenir el impacto ambiental que pueden producir los efluentes líquidos, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos”.
En el punto 5, estas conclusiones del GTAN fueron rotundas: “Considerando dicha contaminación más la magnitud y concentración geográfica de los emprendimientos que se consideran, su proximidad con centros urbanos y zonas de producción agrícola ganadera, las características del cuerpo hídrico receptor, que es en general limpio pero contiene cantidades críticas de fósforo […], la Delegación Argentina con todo fundamento concluye que las propuestas para las plantas Orión (Botnia) y M’Bopicuá (Ence) no permitirán alcanzar el objetivo de preservar el medio ambiente en el ecosistema del Río Uruguay al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo”.

El conflicto social

Tiene dos caras: gualeguaychuenses por un lado, y gualeguaychuenses frente a fraybentinos por otro.
Hay en muchos habitantes de la ciudad del sur entrerriano sensación de orfandad e intemperie. Cinco años de rabia, dudas, frustración; enojo profundo hacia los gobiernos uruguayo y finlandés, y hacia empresarios y empresas multinacionales; reclamos insistentes hacia el gobierno argentino por su tardanza y desinterés.
Es cierto: algunos gualeguaychuenses se oponen a la Asamblea y otros son indiferentes. Pero no es la actitud predominante. Hay nerviosismo en abuelos que miran con temor el futuro de sus nietos; hay una extraña mezcla de expectación y desazón en jóvenes y adultos. Los agricultores y fabricantes de productos alimenticios temen perder mercados, mientras proyectos de inversiones fueron abortados por temor a las consecuencias de las pasteras. Oprime el corazón la pregunta de muchos niños: “Ahora que Botnia funciona, ¿nos vamos a tener que ir?”. No faltan quienes, por su cuenta y por fuera de la Asamblea Ambiental, proponen soluciones drásticas. Otros hablan de una resistencia que llevará cuarenta años si es necesario (el tiempo previsto por Botnia para trabajar en el Uruguay).
Esta perspectiva de Gualeguaychú aparece explicitada en el punto 15 de la demanda argentina contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Versión Final del 3 de mayo de 2006:
“La situación creada por el comportamiento uruguayo suscitó serias preocupaciones por parte de la población de la margen derecha del río Uruguay, particularmente en los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú y de sus alrededores. El emplazamiento elegido por las plantas se encuentra exactamente enfrente de la ciudad de Gualeguaychú y del balneario Ñandubaysal […] La inquietud de las poblaciones ribereñas se centra en los importantes riesgos de contaminación del río, en el deterioro de la biodiversidad, en los efectos nocivos sobre la salud y en los perjuicios a los recursos pesqueros, así como a las extremadamente graves repercusiones sobre el turismo y sobre otros intereses económicos afectados por la construcción de dos plantas de pasta de celulosa en las circunstancias descriptas”.
La perseverancia de muchos asambleístas en la lucha les produjo un cambio en sus tiempos, urgencias, en la dedicación a sus profesiones, en el tiempo de vida familiar de sus integrantes.
Más del 95% de sus miembros no tenía experiencia militante. La Asamblea fue un curso acelerado de lucha, resistencia, micrófonos, defensa del ambiente, elaboración de estrategias, sigilo. De conocer el poder político y el poder empresarial. Aprender a estar en el ojo de la tormenta y –muchos de ellos– en el ojo de los servicios de inteligencia, y vivir con esa presión las 24 horas del día. Un desgaste con el que resulta difícil convivir, y al que apuestan los poderes mencionados.
Entre gualeguaychuenses y fraybentinos, la relación es hoy la de dos hermanos que perdieron de vista su origen común y la herencia del mismo hogar que los cobijó.
Es verdad que los primeros no apuntaron al pueblo oriental con sus duras medidas de protesta sino al Gobierno uruguayo y a las empresas extranjeras. Pero la realidad es que, de todos modos, los cortes causaron perjuicios y creció un abismo entre ambos. Los orientales acusan a los gualeguaychuenses por los daños económicos presentes; los gualeguaychuenses acusan a los de enfrente por los daños ambientales y humanos futuros, y por entregarse sin resistencia a las multinacionales.
Justo es decir que muchos asambleístas reclaman desde mediados de 2007 que se levante el corte de la ruta internacional 136, y también que el mantenimiento de esta medida salió votada por mayoría en noviembre de 2006. Luego, fue ratificada el 21 de mayo de 2008: “El corte no se toca” votó en el Teatro Gualeguaychú una asamblea especialmente convocada para tratar el punto. “Sostenemos esta postura, hoy más que nunca como moneda de cambio, hasta que Botnia se retire definitivamente de la Cuenca del Río Uruguay”, decía el comunicado que se emitió tras el debate. Volvió a discutirse el tema en agosto de ese año.
“Creo que un quiebre importante se dio en la Navidad de 2006, cuando un grupo impidió la tregua humanitaria que proponíamos otros para permitir el encuentro de amigos y familias en las fiestas. Fue como volver el corte contra el pueblo; hasta ese momento, lo llevábamos contra el Gobierno uruguayo”, recuerda Villanueva.
Muchos sostienen que la resistencia a la instalación de las pasteras tendrá posibilidades de éxito recién cuando uruguayos y argentinos trabajen juntos por el mismo objetivo.
Un intento de lograr esto aparece con la creación de la Asamblea Regional el 7 de octubre de 2007, con uruguayos y argentinos unidos en contra de la misma amenaza de las industrias sucias.
“Pueblos que compartieron historia, cultura, raza, intereses económicos, formas de producción parecidas, y ahora ven al otro como extranjero, mirándolo con desconfianza, tratándolo con hostilidad”, estima la socióloga gualeguaychuense Silvia Garciarena de Fandrich. “Economía y ecología comienzan a reflejar valores opuestos. Para los uruguayos, la economía (de la casa chica: Uruguay) es prioritaria: grandes inversiones, abundante contratación de mano de obra. Para los argentinos –o gualeguaychuenses– la ecología (de la casa grande: la naturaleza) parece lo más importante”.

El conflicto jurídico

No atañe sólo al litigio planteado por el Gobierno argentino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Hay mucho más.
• En 2005, la Cancillería argentina, la Asamblea Ambiental y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), dirigido por Romina Picolotti, denunciaron ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Bilbao Vizcaya y el grupo holandés ING Group que los proyectos que solventarían estos con créditos tendrían impacto ambiental en la región.
• El gobierno de la provincia de Entre Ríos con apoyo de la Asamblea Ambiental y grupos ecologistas presentó una denuncia similar ante la Ombudsman de la CFI.
• En septiembre de 2005 se radicó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los severos impactos ambientales de la producción de celulosa a alta escala, que amenazan los derechos humanos de los residentes de regiones afectadas.
• En Montevideo, el fiscal Enrique Viana presentó una demanda de juicio contra el medio ambiente, contra el Estado, Poder Ejecutivo y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, como responsables de omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente.
• El ex gobernador Jorge Busti y el vice Guillermo Guastavino presentaron ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay una denuncia penal contra directivos de Ence y Botnia por la “posible comisión del delito” de contaminación con residuos peligrosos en grado de tentativa.
• El 4 de mayo de 2006 Argentina presentó ante la CIJ de La Haya una demanda contra Uruguay por haber violado reiteradas veces el acuerdo firmado con Argentina sobre administración del río Uruguay.
• Argentina presentó ante el mismo tribunal una medida cautelar. Pidió suspensión de la autorización de construcción y de los trabajos ya iniciados de las plantas pasteras, para impedir que se cause un perjuicio irreparable a los derechos que le confiere el Estatuto del Río Uruguay de 1975.
• Uruguay se presentó ante dos tribunales a reclamar contra los cortes de ruta en la frontera entrerriana: el Tribunal Arbitral del Mercosur y la CIJ de La Haya.
• A noviembre de 2008, se tramitaban demandas de ciudadanos argentinos en tribunales uruguayos.
• También, demandas de residentes uruguayos en Gualeguaychú ante tribunales del vecino país –en Fray Bentos– por posibles daños ocasionados por las pasteras.
• Los gualeguaychuenses con nacionalidad europea se aprestan a litigar en cortes de derechos humanos de la Unión Europea (UE) por daños causados por dos empresas europeas.
• Hubo denuncias ante el Ombudsman del Parlamento de Finlandia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la situación de la libertad de expresión en Uruguay.
• La empresa turística Ñandubaysal y el establecimiento agropecuario Las Victorias iniciaron juicios contra Botnia.
• En noviembre de 2007 obreros de la construcción de Uruguay denunciaron por responsabilidad civil a Botnia por daños y perjuicios provocados a trabajadores intoxicados el 14 de agosto en la planta con un derrame de sulfuro de sodio.
• En Entre Ríos, la Legislatura aprobó una Ley de la madera, una Ley de provincia libre de celulosas, una Ley de protección de especies nativas (algarrobo) y tiene media sanción (Senadores) otra que impediría el uso en oficinas gubernamentales de papel blanco producido con tecnología kraft.
• En agosto de 2008, una jueza federal falló a favor del ciudadano argentino Salvador Rossetti para pasar con su automóvil y su familia por el corte de ruta de Gualeguaychú. En octubre siguiente, la Asamblea presentó en su contra una denuncia penal por amenazas, incitación a la violencia y otros cargos.
• El defensor de Menores del Superior Tribunal de Justicia entrerriano y el juez de Menores Héctor Vasallo ordenaron medidas de protección de la infancia ante la posible contaminación.
• Se debe incluir también el debate de la ciudadanía por la ilegalidad del corte de las rutas internacionales 135 (Colón) y 136 (Gualeguaychú), violatorios del derecho de tránsito y penados por el artículo 194 del Código Penal. Los asambleístas sostienen por un lado el derecho de protesta, y por otro, la tesis de la ausencia de conflictos de derechos, en una interpretación orgánica del sistema jurídico: el derecho a la defensa de la vida y el medio ambiente no se oponen sino que superan al derecho de tránsito.

El conflicto económico

Uruguay aceptó las inversiones por razones económicas. Promesa de ocupación laboral en un país, y especialmente una ciudad, con mano de obra ociosa. Se anunciaron ocho mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. Estrellitas rutilantes alrededor de la cifra de inversión de cada planta: 600 millones de dólares Ence, 1.200 Botnia. La frase se repitió hasta el cansancio: “La mayor inversión de la historia económica del país”. A febrero de 2008, FOSA (la compañía forestal de Botnia) se ubicó entre los primeros en la nómina de exportadoras uruguayas.
Junto a ello, la contracara. Los puestos definitivos en Botnia son, a noviembre de 2008, solo para 500 trabajadores, y hay pérdidas de fuentes laborales en Fray Bentos por la irrupción de la pastera (en turismo y en el puerto de la ciudad).
Creció el índice de desocupación: “Hoy Río Negro, uno de los departamentos más forestados del país con eucaliptos para celulosa y el único que cuenta con una moderna y enorme fábrica de celulosa, es el departamento con mayor nivel de desempleo del país. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (setiembre-diciembre 2007), la cifra de desempleo asciende en Río Negro al 14%, siendo casi dos puntos más alta que las que le siguen”.
En el punto 9 de las conclusiones del equipo argentino ante el GTAN se lee (enero de 2006): “La eventual operación de las plantas proyectadas impactará negativamente en el territorio de la provincia de Entre Ríos, afectando las condiciones de productividad, las actividades industriales y comerciales, particularmente con respecto al turismo, los valores de los inmuebles urbanos y rurales, y la salud de los habitantes, los animales y los vegetales de la zona”.
En 2005, el gobierno entrerriano encargó al especialista en economía ambiental Héctor Sejenovich que estudie cuál sería el impacto monetario en la banda occidental del Uruguay (Entre Ríos) del funcionamiento de las pasteras. Calculó el economista las pérdidas en distintos rubros (la Asamblea Ambiental hizo lo propio en 2007). Planteó que el impacto de las papeleras será grave y permanente, y que el daño ambiental emergente así como el lucro cesante superarán el monto de la inversión de las fábricas.
Entre las pérdidas, enumeró calidad del aire, del clima y del agua –la región recibirá una descarga de casi 144 millones de kilogramos al año de sustancias químicas–; abordó los riesgos para la salud que conlleva la actividad de las celulosas, la disminución del valor de las propiedades privadas (un 40 %), el deterioro de la infraestructura por el aumento de tránsito pesado (edificios, rutas, puentes, equipamiento), los efectos en el suelo. El informe estimó que habría un aumento de 29 casos de cáncer por cada año de funcionamiento de las plantas (que trabajarán, como mínimo, de cuarenta a cincuenta años).
El estudio solo abarcó una proyección de veinte años. En dos décadas, los gastos en tratamientos de salud más los días laborales perdidos llegarían a 70 millones de dólares, sostuvo Sejenovich. También evaluó, por ejemplo, otros daños no oncológicos a la salud, pérdidas de mercado de producciones agropecuarias por la cercanía a las plantas, disminución del turismo, merma de la producción regional y la consiguiente baja en la recaudación fiscal.
También deben considerarse las pérdidas en comercio bilateral y daños al turismo por el bloqueo de la ruta 136 (estimados por Uruguay en millones de dólares), cierre de comercios de frontera, retracción de inversiones turísticas en Gualeguaychú, depreciación del valor inmobiliario, costo de los contratos de abogados internacionales por parte de la Cancillería argentina, gastos de mantenimiento del corte de ruta, etc.

El conflicto político

Cuatro gobiernos atraviesan transversalmente este choque de intereses: de Uruguay, Argentina, España y Finlandia. Los dos primeros, sin dudas y sin ocultamientos. El tercero, con intentos de pacificación y oficios de buena voluntad. El cuarto, sin reconocer jamás que es parte del conflicto (ver capítulo 9).
Para el ex presidente Néstor Kirchner, la hostilidad con Uruguay se centraba claramente en dos frentes: Botnia y Tabaré, el avasallamiento empresario y la decepción causada por las decisiones políticas de un antiguo amigo y aliado, un protegido casi. Fue Kirchner quien declaró “causa nacional” a la defensa del río Uruguay y su medio ambiente, y lo reafirmó flanqueado por sus ministros y los gobernadores de casi todas las provincias del país el 5 de mayo de 2006 en el corsódromo de Gualeguaychú. Esta “causa nacional” se mantuvo por dos años, hasta el recambio presidencial.
El enfrentamiento requirió de un facilitador extranjero y los buenos oficios de un Rey. Ambos, integrantes del Gobierno del Estado español, propietario de parte del paquete accionario de Ence durante muchos años.
“Le diste una puñalada por la espalda al pueblo argentino”, recriminó el mandatario argentino al uruguayo en Chile el 9 de noviembre de 2007, día en que Botnia comenzó a funcionar. En tanto, Tabaré Vázquez denunció a Argentina por los cortes de ruta ante el Tribunal Arbitral del Mercosur.
Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el frente de conflicto cambió. No lo encarnan Botnia y Tabaré sino el corte y la Asamblea Ambiental. No hay eje en la contaminación sino en la violación del Tratado del Río Uruguay, y cuando la CIJ falle al respecto, se habrá terminado la controversia. En su discurso de asunción como Presidenta, dirigió estas palabras a su par uruguayo:
“[…] más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar las pasteras. Este y no otro es el conflicto”.
La Presidenta ha dejado la resolución del conflicto en manos de la CIJ de La Haya; lo que ésta resuelva estará bien para terminar con el entredicho y con la “causa nacional”. Es más: hay indicios de que Argentina no cree tenerlas todas consigo, cuando funcionarios declaran “fuimos a La Haya porque Gualeguaychú lo pidió” o “los asambleístas deberán acatar el fallo, aunque sea adverso, y levantar el corte de ruta”.
Pero el conflicto es más profundo que desencantos entre presidentes o dolores de cabeza por un corte de ruta hecho por ciudadanos. El Gobierno uruguayo hizo su propio corte al militarizar y cerrar la frontera en noviembre y diciembre de 2007; servicios de inteligencia e información del vecino país espían movimientos y comunicaciones de los asambleístas (“delante de mí, con obviedad, abrieron la carpeta con mi nombre en la Aduana cuando pasamos a protestar contra Botnia el 1º de octubre de 2007; la hojearon y corroboraron datos”, afirma el asambleísta Gustavo Rivollier); los argentinos monitorean por su parte la navegación de barcos uruguayos, argentinos y de otras nacionalidades que puedan tener relación con la fábrica pastera; a su vez, tienen prohibido por decreto manifestarse en Fray Bentos, e incluso, se les llegó a vedar el ingreso (1º de marzo de 2008); la Prefectura uruguaya secuestró tres lanchas argentinas.
Hubo incluso vendettas presidenciales. En octubre de 2006, el Presidente de Brasil consulta al gobierno argentino su voto para que el Mercosur nombre a Uruguay miembro latinoamericano del Consejo de Seguridad de la ONU. Había acuerdo en el resto de los países para esta nominación. Pero fue Panamá quien ocupó el puesto. Argentina le puso bolilla negra a Uruguay.
La venganza es un plato que se come frío, dicen. En octubre de 2008, pese a las promesas de Cristina Kirchner al Gobierno uruguayo de promover el levantamiento del corte de la ruta 136, Uruguay vetó la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia del Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas), con gran disgusto al matrimonio presidencial argentino.
La Asamblea reclamó desde el principio del conflicto medidas más enérgicas de parte del Gobierno argentino, entre ellas, la sanción de una Ley nacional de la madera y la aplicación del Código Aduanero con restricciones al paso de productos relacionados con las pasteras.

Este pentaedro es apenas un atisbo a una realidad para la cual no hay, hasta el momento, un camino de solución. Se parece a un cuadro de Escher, donde cada parte se imbrica, queda encastrada en la otra a la par que evoluciona, y donde las escaleras que suben y bajan nos desorientan, porque lo que es alto también es bajo y lo que está afuera es parte del adentro.
A lo largo de este libro se abordarán muchos de los puntos mencionados. Historias, actitudes, fechas, intereses.
Un conflicto que afecta a dos regiones hermanas, dos países vecinos, y tiene repercusiones más allá de ambas fronteras.

……………………

 

 

Comentarios

About the author  ⁄ Infoner