¿Cambiar es mejorar? Una reforma electoral en puerta

El siglo XXI y sus vertiginosas transformaciones han planteado, y seguirán planteado, desafíos al sistema democrático en todo el mundo. La soberanía popular y los gobiernos democráticos se ven cada vez más condicionados por los poderes transnacionales que se inmiscuyen en los asuntos internos. Organismos multilaterales de crédito, multinacionales, bancos, empresas ligadas a las nuevas tecnologías y grandes medios de comunicación, concentran poderes que desafían a los Estados.

Por María Agustina Díaz (*)

Especial para INFONER

 

El mundo es una arena compleja de disputa de recursos y sentidos. En esa turbulencia están, campeando el mal tiempo, las democracias, que siguen siendo el único orden social que defiende el interés general por encima del poder de las corporaciones.

Ésta es la verdadera base de su legitimidad. Pues, cuando la democracia y sus instituciones se han visto cuestionadas no ha sido por temas de “ingeniería electoral” sino por su incapacidad de resguardar el Estado de Derecho. La democracia se devalúa, fundamentalmente, cuando los ciudadanos y ciudadanas que le dan vida ven que ella no garantiza sus derechos fundamentales.

Las crisis económicas, las hambrunas, el desempleo, el cercenamiento de las libertades individuales es lo que, históricamente, han hecho crujir la legitimidad democrática. Pensemos en la experiencia europea de entreguerras y el ascenso reciente de movimientos neofascistas en oposición a la gobernanza del “establishment” en la Unión Europea. En nuestro país, aún sigue presente en nuestra memoria la Argentina del 2001, con sus calles regadas de represión y muertos como única respuesta del Estado a la demanda del “que se vayan todos”.

La creatividad popular ya había reflejado este malestar en las urnas. Recordemos la elección en la que “Clemente”, el famoso personaje de historietas, tuvo más votos que varios candidatos. El famoso voto bronca no fue una crítica al sistema electoral sino una demostración de descrédito a la dirigencia política. Los votos de Clemente eran los de una sociedad defraudada que no encontraba en sus representantes defensores de sus derechos sino actores de reparto en una crisis económica y social que se profundizaba.

 

Lamentablemente, los acontecimientos durante el debate por la reforma jubilatoria en el Congreso Nacional refrescaron en la ciudadanía esa sensación de traición y el accionar de las fuerzas de seguridad reactualizaron ese rostro represivo del Estado en nuestro país.

Este es el punto de partida desde donde debemos pensar las “reformas electorales” que cada tanto aparecen y desaparecen en la agenda pública. Hace algunos días ingresó a la legislatura provincial un proyecto de Reforma Electoral promovido por el ejecutivo entrerriano. Un proyecto ambiciosos que, en muchos de sus puntos, representa “quemar las naves” respecto a parte esencial del sistema electoral que conocemos y sobre el cual se funda nuestra cultura política.

Cierto es que para quienes están inmersos en el juego político o bien para los cientistas sociales, se trata de un tema fascinante: analizar las implicancias de tal o cual sistema electoral, ver cómo se comportarán los distintos actores, cómo influye sobre las tendencias tradicionales, etc. Pero no es menos cierto que este tema resulta ajeno y lejano, no sólo para la mayoría de los entrerrianos, sino incluso a muchos de los militantes que sostienen la praxis política en el territorio (sea el barrio, la unidad básica, el ateneo, el comité, la universidad, el sindicato, etc).

En un contexto económicamente crítico marcado por la persistente devaluación de la moneda nacional, el aumento de la tasa de interés que alimenta la voracidad financiera, tasas de desempleo que empeoran y millones de hogares que deben afrontar tarifas de servicios públicos impagables con un salario que (junto al alza del dólar y de la inflación) pierde su capacidad adquisitiva, no parece ser la reforma del sistema electoral una prioridad en la agenda de la gente.

Por el contrario, a pesar de la distancia que muchas veces percibe la ciudadanía con “la política” o “lo político”, no ha habido críticas concretas que hayan desafiado la legitimidad del modo de elección. Y lo mismo podemos decir respecto a los partidos políticos pues, desde el retorno de la democracia a la fecha, el sistema electoral (con los matices que ha adquirido en estos más de 30 años de continuidad institucional) no ha recibidos críticas que lo impugnen o deslegitimen.

Entonces ¿Por qué cambiar un sistema electoral si ello no es demandado por el conjunto de los y las ciudadanas, verdaderos soberanos de la democracia?, ¿Acaso puede pensarse que una reforma electoral se trata sólo de tecnicismos desprovistos de toda intencionalidad?, ¿Por qué pensar en reformas de sistema en un contexto social y económicamente tan complejo?, ¿cambiar implica necesariamente mejorar?

Cuestionarnos sobre lo oportuno (o no) de una transformación de las reglas de juego no implica cerrar la posibilidad de discutirlas y repensarlas sino poder tejer socialmente aquella red de confianza que sustente cualquier sistema que dirima de qué modo son elegidas las personas que ejercen el poder político. Una reforma de tal envergadura debe convocar a los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los grupos de profesionales, las universidades y las asambleas vecinales, para debatir sus implicancias. Cualquier tratamiento por fuera de este proceso necesario implicaría subestimar a la ciudadanía y ganarse la desconfianza de los verdaderos protagonistas de las jornadas electorales.

Todo aquello que contribuya a hacer de nuestro sistema político-electoral más inclusivo amerita ser atendido. Desde ese punto de vista, por ejemplo, la paridad de género en la conformación de las listas es un tema neurálgico para nuestro territorio. Entre Ríos es la provincia que tiene la peor “cuota” de participación femenina en las listas de todo el país, estableciendo la obligatoriedad de un paupérrimo 25% de mujeres en las mismas. Esta situación de injusticia y discriminación debe ser rápidamente atendida. Una realidad que, curiosamente, poco ha sido reclamada por la dirigencia política pero, sin embargo, una batalla que libran las organizaciones de mujeres desde hace tiempo.

No obstante, esas injusticias que reclaman imperiosamente ser resueltas no deben eclipsar el análisis global del proyecto de reforma electoral. Más aún cuando sus principales ejes potencialmente devalúan el peso y desdibujan la centralidad de los partidos políticos en la dinámica democrática. Otras experiencias demuestran que la “boleta única” atenta contra la organización partidaria, diluye las identidades políticas y quita a los afiliados su mayor herramienta de acercamiento con los vecinos, licúa las campañas de discusión real para transformarlas en una vidriera de caras y slogans. En otras palabras, cambiar tan tajantemente el modo eleccionario hoy parece abrir la puerta para que el marketing y las lógicas de mercado se impongan a la cultura política.

A ello se suma la posibilidad de incorporar tecnologías, un punto crítico y grave sobre el cual muchos países “de avanzada” decidieron caminar sobre sus pasos volviendo a mecanismos anteriores, ante la vulnerabilidad que representa que el voto de los ciudadanos y las ciudadanas sean custodiados y contabilizados por sistemas de informática que siempre responderán a las empresas que las han creado y sus socios.

El contexto regional y nacional en el que estamos no parece ser el más propicio para encarar este proceso de reforma. Sería de una torpeza inmensa plantear que las condiciones están dadas cuando el principal partido de oposición se encuentra intervenido en el marco de un proceso plagado de irregularidades. La intervención al Partido Justicialista Nacional no sólo es un avasallamiento de los derechos políticos de sus afiliados, es un golpe a todo el sistema de partidos.

Nuestro país y nuestra provincia tiene en su cultura política un doble canal de mediación de las demandas de la sociedad civil: el sistema político de partidos y el sistema de mediación sindical. Ambos han sido atacados cada vez que quiso debilitarse a la democracia para aplicar planes económicos que jamás contarían con la suficiente licencia social. Sabemos que la reforma laboral que circula los despachos del Congreso Nacional busca debilitar a los sindicatos, único reaseguro de los trabajadores. Esto no significa pensar que el sistema sindical argentino no deba mejorar y transparentarse pero, no seamos ingenuos, el sistema productivo e industrial argentino jamás ha estado en peligro por la acción sindical, su debilidad y golpes han sido gracias a las políticas macroeconómicas adoptadas por algunos gobiernos para favorecer el juego especulativo y los intereses de los peces gordos. De igual manera, si bien hay mucho por mejorar del sistema de partidos, ellos constituyen la mejor herramienta para organizar la identidad política del pueblo, expresarla y traducirla.

En este orden mundial tan antropófago, que se alimenta de la destrucción humana y ambiental y donde nosotros siempre somos (como continente) el patio trasero donde ajustar y de donde expoliar riqueza, vale la pena defender a la Democracia como única forma posible de garantizar los derechos de las mayorías. Por esa razón, ninguno de nosotros y nosotras podemos mantenernos ajenos a un cambio en sus reglas, en sus modos y en sus formas. Ese en nuestro desafío como sociedad y pueblo, ser sujetos de nuestro propio destino soberano.

 

(*) María Agustina Diaz:

Licenciada en Ciencia Política egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Docente Universitaria. Miembro de la Fundación para la Integración Federal y de la organización de Patria Justa Gualeguaychú

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