CASO RIVAS. ¿Por qué se cerró la investigación con 12 denuncias?

El fiscal coordinador, Lisandro Beherán, dijo que a un año de haberse iniciado la causa y con doce denuncias presentadas, «consideramos prudencial darle un cierre a la investigación y solicitar la elevación a juicio. Consideramos cerrada y agotada la etapa investigativa, aunque si se presentan a posteriori nuevos denunciantes, se iniciaran investigaciones en relación a ellos».

 

 

«Cualquier persona que se considere damnificada involucrada por hechos de estas características puede presentar su denucnia o testimonio y sera considerado como todos los otros«, aclaró en diálogo con Canal 9, el fiscal Lisandro Beherán, a pocos días de que la fiscal encargada de llevar a cabo la investigación, Martina Cedrés, solicitara por escrito al juez de Garantías, Tobías Podestá, el pedido de elevación a juicio de la causa que investiga a Gustavo Rivas por los presuntos delitos de promoción de la prostitución y corrupción de menores.

Behéran detalló que «una vez presentada la solicitud se le da traslado para que hagan su labor correspondiente los querellantes particulares, quienes tienen tres días hábiles cada uno; luego se le da traslado a al defensa, que tiene cinco días según dice el código, y luego el juez de Garantías habilita un audiencia oral en la cual se definirá si se está en condiciones de llevar a cabo el juicio oral».

 

Beherán y Cedrés

Prescripción

Al ser consultado sobre la posibilidad de que, dado el tiempo trascurrido, los hechos denunciados hayan prescripto, el fiscal Lisandro Beherán, explicó que «La ley nacional estima 12 años a partir de la comisión de un hecho y que pasados esos 12 años, los hechos prescribirían, es decir, estaría extinguida la acción penal: la facultad que tiene el Estado de investigar un determinado hecho», pero aclaró que «si uno se fija exclusivamente en la ley penal nacional, muchos de esos hechos podrían encontrarse prescriptos, ahora bien, no nos podemos olvidar que estos hechos denunciados han sido llevados a cabo a personas que al momento de cometerse, eran niños. La Convención Internacional de los Derechos del Niño no pone un plazo de investigación sino que obliga al Estado a  investigar. De modo que si tomamos al ordenamiento jurídico en su conjunto,  a esto se agrega la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por argentina en 1984 y que forma parte del bloque constitucional del 94, el término prescripción es más amplio que los 12 años que establece el Código».

 

 

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