Policiales

La Fiscalía Anticorrupción abrirá una causa contra el intendente Sergio Varisco

La Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial abrirá  una causa por peculado o fraude a la administración pública contra el intendente Sergio Varisco, después de recibir oficialmente la resolución de 130 páginas firmada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, que contiene el informe que la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina elaboró en base al análisis de copiosa documentación y que revela la presunta existencia de graves irregularidades en el manejo de recursos municipales.

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22 allanamientos y 13 detenido por narcotráfico en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay

Personal de Toxicología de las Jefaturas policiales de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en forma conjunta desarrollaron durante más de un año, un proceso investigativo por narcotráfico, donde comprobaron que un grupo de personas cometían conductas tipificadas en la Ley Nacional Nº 23.737 de estupefacientes, ante lo cual el Juzgado Federal de La Histórica, autorizó realizar operativos policiales en las ciudades de Urdinarrain y Basavilbaso, con el apoyo de grupos de élite de la Policía entrerriana para garantizar el éxito de los procedimientos, concretando en forma precisa y simultánea veintidós allanamientos y requisas domiciliarias en diferentes inmuebles de las localidades indicadas.

Según el informe oficial, los procedimientos para desarticular la organización narco-criminal, permitieron obtener finalmente resultados altamente satisfactorios.

Los procedimientos policiales para desarticular la organización narco-criminal, permitió obtener finalmente los siguientes resultados:

*TRECE personas DETENIDAS (varones y mujeres, mayores de edad)

*SETENTA y NUEVE personas IDENTIFICADAS (varones y mujeres), en relación al proceso investigativo.

Asimismo se procedió al SECUESTRO de:

*Cocaína y marihuana en diversas cantidades para comercialización y venta.

*Elevadas sumas de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera.

*Tres vehículos automotores de diferentes marcas y modelos.

*Dos motocicletas.

*Armas de fuego y cartuchería.

*Aparatos de telefonía celular; equipos informáticos, elementos de corte y estiramiento de sustancias estupefacientes, entre otros objetos que fueron puestos a disposición de la justicia federal.

9 ALLANAMIENTOS MÁS EN BASAVILBASO Y 4 EN URDINARRASIN

En Basavilbaso (Departamento Uruguay), la policía realizó nueve allanamientos, además de otros cuatro en Urdinarrain.

“Todos los procedimientos están relacionados a la misma causa, de una investigación que la llevó a cabo la División Toxicología de la Departamental Uruguay que fue trabajada con el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del doctor Pablo Seró, Secretaría Nº 2 del doctor Lucas Claret”, precisó el subdirector de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, comisario inspector Alexis Rotundo.

La investigación -aclaró el funcionario- por la supuesta comisión de delitos infligiendo la Ley N° 23.737, apunta a desbaratar una organización delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes, consignó FM Riel de Basavilbaso.

“Hace un año que se está investigando… hay personas (entre las detenidas) que tenían antecedentes, incluso una de ellas con arresto domiciliario (Roxana “Rochi” Flores,); otras personas habían sido investigadas en otras causas, a las que hemos allanado en otras oportunidades”, expresó el subdirector de Toxicología.

El comisario inspector Rotundo aclaró que en la “Ciudad del riel” son siete las personas que fueron detenidas, seis de Basavilbaso y una oriunda de Urdinarrain, y que sin dudas se trata de una “banda” que operaba en ambas localidades y más aún que los proveedores de los estupefacientes eran de la localidad del Departamento Gualeguaychú.

CONCORDIA – 50 DOSIS DE COCAÍNA

De forma paralela, en Concordia, la División Toxicología de la Policía de la Provincia realizó dos allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de más de 50 envoltorios conteniendo cocaína, así como la detección de gran cantidad de elementos.

Como consecuencia del procedimiento, tres personas fueron detenidas tras los operativos.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Ituzaingó y las Vías, donde se secuestraron 30 envoltorios de cocaína con un peso de cuatro gramos y un envoltorio de la misma sustancia con un peso de 4,8 gramos.

En la residencia, la Policía identificó a un hombre mayor, de 34 años, que fue detenido, y a dos menores de 15 y 17 años.

Mientras, en calle Castelli al 400, se allanó otra finca donde se secuestraron 25 “cebollines” de cocaína. Quedaron detenidos un joven de 22 años y una mujer de 38 años.

Por otro lado, durante la tarde del sábado, personal de la Comisaría Segunda de Concordia detectó en la zona de los baños públicos del Parque Ferré (ubicado frente a la sede policial), la actitud sospechosa de tres personas.

Los agentes procedieron a identificarlos y, durante el palpado de ropas, localizaron en uno de ellos ocho envoltorios de nylon que contenían una sustancia que podría ser marihuana y uno más que presuntamente contendría cocaína.

El fiscal en turno, Fabio Zabaleta, inició la apertura de una causa por narcomenudeo.

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Rescataron a cuatro mujeres que eran víctimas de explotación sexual

El hombre que quedó detenido “ejercía la custodia y `administración` de las actividades de las personas en situación de vulnerabilidad”, informaron desde Gendarmería. Las mujeres eran trasladadas desde Santa Fe a la zona de Paraná.Son cuatro las víctimas de explotación sexual que fueros rescatadas por Gendarmería Nacional.

Efectivos de la Unidad de Procedimiento Judiciales Paraná, del Escuadrón Núcleo Entre Ríos y del Centro de Reunión de Información Entre Ríos, tras efectuar tareas de investigación durante dos meses, lograron obtener medios de prueba necesarios sobre un delito tipificado en la Ley 26.364 Trata de Personas.

De este modo, los gendarmes pudieron determinar que un hombre explotaba sexualmente a cuatro mujeres oriundas de la provincia de Santa Fe, trasladándolas desde la ciudad homónima hasta la Ruta Nacional N° 12, donde “ejercía la custodia, seguridad y administración de las actividades referidas a la explotación sexual de las mujeres”.

Inmediatamente, personal de la Fuerza rescató a las cuatro víctimas del delito de “Trata de Personas” y las puso al resguardo de miembros del Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, para que reciban el apoyo y contención correspondiente.

Fuente: Prensa Gendarmería Nacional
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Convocan a marchas en el Obelisco por el caso del bebé que vivió luego del aborto

Elías Badalassi es abogado UBA, además de escritor e integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida y fue quien convocó a una marcha en el Obelisco luego de que se diera a conocer el hecho de un aborto practicado a una joven de 13 años que denunció una violación en Concordia. Tal como dio a conocer El Entre Ríos, el bebé, de 5 meses de gestación, nació con vida. Su cuerpecito quedó apoyado sobre la “chata” sin que nadie se atreviera a poner fin a su existencia, suponiendo que su presunta “inviabilidad” haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran. Pero ello no ocurrió.

“Nos vemos hoy a las 18 para hablar de este acto inhumano de dejar morir a un bebé post aborto que nació con vida.. aberrante hecho en un hospital de Entre Ríos, un bebé agonizó 10hs arriba de una bandeja antes de morir producto de un aborto que ordenó la jueza de familia, la doctora Belén Estévez!”, explica en el mensaje publicado en su página oficial de facebook.

Obispo de Concordia pide que Entre Ríos elimine el protocolo de aborto

A través de un comunicado, monseñor Luis Armando Collazuol, obispo de la diócesis de Concordia, manifestó “profundo dolor ante el caso acontecido en un hospital público de Concordia y que tomó estado público por una nota periodística”, empieza.

Hizo referencia concreta a lo que resume así el líder pastoral de la Iglesia Católica en Concordia: “un aborto practicado a una menor en el quinto mes de su embarazo, por orden judicial. El bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

El planteo de fondo es que el Gobierno de Entre Ríos, encabezado por el contador Gustavo BOrdet, deje sin efecto la aplicación del denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado” (ILE). “Entendemos que la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje sin efecto la anterior”, requiere Collazuol.

Remarcó, en primera instancia, que “ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender” y, en ese sentido, afirmó que “no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas”.

Ante ello expresamos:

Ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender. Cuando una mujer está embarazada, no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental.

Ningún “protocolo” de actuación puede alterar el contenido de la Constitución Nacional en cuanto protege a la persona humana desde la concepción, ni su correspondiente derecho a la vida garantizado palmariamente por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna, con jerarquía constitucional.

Nos referimos a la Resolución 2.883 del 29 de agosto de 2017 del Ministerio de Salud de la Provincia, por la cual el Gobierno provincial adoptó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión anterior, y no removido por el actual gobierno.

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos en su art. 16 establece que: “La Provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”. Este derecho fundamental no puede ser alterado por una reglamentación de orden inferior.

Por ello entendemos que la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje sin efecto la anterior.

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco, quien nos invita a mirar a todos desde los más pequeños: “La defensa del inocente que no ha nacido… debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo” (Gaudete et Exsultate, 101).

Concordia, 07 de diciembre de 2018
Luis Armando Collazuol
Obispo de la diócesis de Concordia

Fuente: El Entre Ríos.
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Casó bebé de Concordia: Diputada pide que la legislatura derogue “urgente” el Protocolo de aborto no punible

La presidenta del bloque de diputados de Cambiemos, María Alejandra Viola, presentó un proyecto para exigir al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud de la provincia la “urgente derogación” del Protocolo que regula el procedimiento para que una mujer violada o cuya vida corra peligro pueda interrumpir su embarazo.

La presidenta del bloque de diputados de Cambiemos, María Alejandra Viola, férrea militante contra la legalización del aborto, presentó este martes un proyecto de declaración exigiendo al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud de la provincia la “urgente derogación” del Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El protocolo que Viola pide derogar con urgencia fue implementado por el ministerio de Salud provincial mediante las resoluciones 2383 y 3616 del año 2017 que adhirieron al protocolo nacional que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.

Según expresa la diputada radical en la iniciativa ingresada a la cámara baja -Expediente Nº 23365- el Protocolo viola “las Constituciones Nacional y Provincial, al Derecho Positivo vigente, jurisprudencia y doctrina en la materia”.

Sostiene que el protocolo de aborto no punible dictado por la cartera sanitaria provincial “carece de fuerza jurídica” y al disponer los medios necesarios para llevar adelante la interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre, representa “una amenaza actual contra la vida de todas las personas concebidas” en tales circunstancias.

Tras recordar que “ambas vidas gozan de la misma protección jurídica de rango constitucional”, Viola afirma que el protocolo provincial “coloca a las personas por nacer cuya vida resulta amenazada en un total estado de indefensión”.

La presidenta de la bancada de Cambiemos cuestiona también que no sea obligatoria la denuncia de las mujeres víctimas de una violación: “Respecto de los casos de violación, el Protocolo no condiciona su aplicación a la previa denuncia al violador y prohíbe expresamente todo intento de “judicializar” los casos que aborda, lo cual permite válidamente asumir que muchos de esos casos se mantendrán en la más absoluta confidencialidad, eliminando así toda chance de que se pueda actuar en protección del derecho a la vida del niño por nacer y deja a un delincuente impune y libre con amenaza cierta de continuar con su conducta delictual de violar otras personas”.

Según la iniciativa, el protocolo “obliga a los miembros del sistema de salud de todo el país a facilitar, sin mayores recaudos, la práctica del aborto ante el menor indicio de que ha  mediado un caso de violación o de que se presenta algún riesgo para la salud o vida de la madre, sin ponderar siquiera otras alternativas disponibles para salvar las dos vidas en juego, lo que significa restar todo valor al niño por nacer”.

“Propicia apelar al aborto ‘medicamentoso’ como método para proceder a la interrupción de embarazos que pudieren conllevar cualquier tipo de riesgo para la salud de la madre, sin siquiera proponer la conveniencia de ponderar previamente otras alternativas que contemplen salvar las vidas de la madre y el niño”, agrega.

El Protocolo “es de una postura abierta y flagrante contra el respeto y la preservación de la vida de las personas por nacer y de una violación lisa y llana contra el ordenamiento jurídico vigente”, añade.

Para Viola, el Ministerio de Salud “arbitrariamente interpreta el art. 86 del Código Penal y le otorga un alcance contra legem, pues la decisión recae solo en el consentimiento de la madre”.

También critica que “viola el régimen de mayoría de edad, pues otorga el derecho a las adolescentes mayores de 14 años” para que “puedan dar por sí mismas su consentimiento informado para abortar,  y a las niñas de 13 años y menos a prestar consentimiento junto con sus padres, y en caso de negativa injustificada de ellos, se nombrará a un curador, sin mencionar que debe necesariamente ante tal circunstancia dar intervención al órgano judicial”.

En otro párrafo, el proyecto se refiere a la objeción de conciencia. “El Protocolo no respeta el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Establece restricciones y condicionamientos absolutamente irrazonables como exigir a los profesionales notificar anticipadamente y por escrito a las autoridades del centro de salud en el cual cumplen tareas, su voluntad de oponer objeción de conciencia”, expresa.

Cuestiona que “los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad de abstenerse, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo”, y derivarla de inmediato a un profesional no objetor para que continúe la atención. Es decir que de no existir otro profesional que practique el aborto, debe proceder a quitar la vida al niño, no podrá invocar su objeción para eludir el deber de practicar el aborto cuando se presente la circunstancia señalada, lo cual implica violentar los dictados de su conciencia, en tanto exigen a quien oponga su objeción prestar su colaboración para que no se frustre aquello que comporta un homicidio”.

Finalmente, el Protocolo “excluye la objeción de conciencia institucional” que pueden plantear las instituciones privadas de carácter confesional que brinden servicios de salud, dice.

Fuente: noticiauno.com.ar

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Bebé sobrevivió varias horas a un aborto y conmovió al personal del hospital: ahora, hay más objetores de conciencia

Por Osvaldo Bodeán – Concordia

Especial para INFONER

 

Siete médicos del Hospital Masvernat de Concordia se inscribieron como objetores.

Apuraron a formalizar por escrito su objeción de conciencia para la práctica de abortos, luego de que fueran testigos de un hecho que los perturbó.

En los medios de comunicación sólo se conocieron algunos datos aislados sobre lo sucedido. Por ejemplo, que en el nosocomio se había practicado un aborto a una menor de edad que cursaba el quinto mes de embarazo y que presuntamente había sido violada. También trascendió que en un primer momento el personal médico se habría resistido, pero la intervención de la flamante jueza de familia, la Doctora Belén Esteves, posibilitó que se diera cumplimiento al protocolo para abortos en casos de violación, sin que llegara a judicializarse el caso.

Pero ese fue apenas un momento de una secuencia de hechos más complejos y traumáticos que dispararon un torbellino de emociones y de planteos éticos y legales, tanto en partícipes como en testigos presenciales y autoridades del hospital.

Por empezar, el bebé nació con vida. Su cuerpo quedó apoyado sobre la “chata” sin que nadie se atreviera a poner fin a su existencia, suponiendo que su presunta “inviabilidad” haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran. Pero ello no ocurrió.

“Permaneció con vida varias horas”, confirmó uno de los profesionales. Otro calculó que fueron “aproximadamente diez horas”. Una tercera fuente consultada resaltó la indignación que embargó a algunas enfermeras, testigos impotentes de lo que algunos califican como “abandono de persona”.

El estupor también alcanzó al servicio de Neonatología, al que no le dieron intervención para asistir a la criatura en su evidente esfuerzo por sobrevivir.

El caso provocó además incertidumbres en el plano jurídico. Según la ley 24540/95, todo nacimiento con vida, aunque dure sólo instantes, debe ser anotado en el libro de nacimientos del Registro Civil, mientras que el deceso debe ser volcado al libro de defunciones, adjuntando el certificado firmado por el médico que acredite la causa de la muerte.

“En Neonatología se resisten a firmar el certificado de defunción. ¿Qué causa de muerte van a poner, si ellos no lo vieron ni lo atendieron?”, explicó uno de los siete profesionales que notificaron mediante carta a la Dirección del Hospital Masvernat su objeción de conciencia, de manera tal de que no contribuirán a practicar abortos.

La inviabilidad, un concepto médico pero no jurídico

El derecho argentino, lo mismo que el de muchas naciones del mundo, no subordina la existencia de la persona humana a su presunta “viabilidad”. Dicho en otras palabras, se es persona humana por el sólo hecho de estar viva, sin que importe en lo más mínimo cuánto tiempo se crea que pueda durar esa vida, si apenas unos segundos más, semanas, meses o años.

No es un capricho este enfoque. Si la falta de “viabilidad” implicara la pérdida de los derechos humanos, alguien desahuciado por una enfermedad terminal no sería considerado persona y sería válido abandonarlo a su suerte o directamente eliminarlo.

El Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, explicó desde el punto de vista médico la “inviabilidad” del feto que no supera las 22 semanas, a la par que admitió que la ley argentina no la contempla.

– El protocolo para abortos por violación, ¿qué prevé para casos como el de esta criatura que nace viva y su existencia se prolonga durante varias horas?

– Como la interrupción del embarazo se hace en el período que se considera aborto, los recién nacidos no tienen viabilidad.

– La ley argentina no contempla la viabilidad. Hay persona donde hay vida humana, con independencia de cuán viable se crea que es esa vida.

– Efectivamente, la ley no la contempla.

– ¿Entonces, cómo hacen para decidir en base a la viabilidad si no cuentan con el aval jurídico para ello?

– Justamente eso es lo que nos planteamos como médicos y lo que se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, que tuvo lugar el martes último. Un aborto se considera tal hasta las 22 semanas o 500 gramos, más / menos 50 gramos. Por ejemplo, un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de los órganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no es viable. Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuando haya viabilidad, ¿qué se hace? Porque cuando hay viabilidad, nosotros como médicos deberíamos tener la conducta de asistirlo, por ejemplo con un chico de 24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia.

Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habría viabilidad. Por más que se tome cualquier medida, va a terminar en el fallecimiento sí o sí del feto. De todos modos, hay baches en la ley.

– ¿No debe ser fácil, más allá de la presunta inviabilidad de un bebé de 20 semanas -como aproximadamente habría tenido el reciente caso-, viendo que su corazón late por varias horas, no hacer nada?

– No es fácil y es una situación que impresiona. Se puede dar una atención mínima y ver su evolución. Pero en casos de 20 semanas ni acá ni en ningún lado, al menos por ahora, se ha logrado la viabilidad.

– Después de este caso, ¿ha recibido notas de médicos que le plantean la objeción de conciencia para la práctica de abortos?

– Sí, sí, sí, he recibido.

– ¿Cuántos?

– Hasta ahora son siete los que me presentaron.

– La ley obliga a anotar en el libro de nacimientos del Registro Civil a toda criatura que nazca con vida sin importar cuántos meses tenga ni el tiempo que transcurra vivo.

– Bueno, ahí está la duda porque…

– También exige anotar el deceso en el libro de defunciones.

– Normalmente, todo lo que sea aborto hasta las 22 semanas y 500 gramos, más / menos 50, no se lo anota porque se lo considera un aborto, porque no es viable. A partir de ahí sí. Es lo que habitualmente se hace. Si no, tendríamos que estar anotando los abortos espontáneos, que es un porcentaje muy alto.

Tenemos 2900 partos por año y los abortos espontáneos, por causas naturales, no provocados, son un alto porcentaje; tendría que anotarse a todos los fetos de 16, 17, 18 semanas. Nunca se hizo porque se lo considera aborto.

– ¿O sea que no hay registro ni en el libro de nacimiento ni el de defunciones?

– No. Son abortos. Hay muchos grises y es necesario aclarar y poner en la normativa cosas bien precisas. Deberían consensuar y decir que con tanta cantidad de meses actualmente no hay viabilidad y no se lo considera. Deberían trabajar en la parte legislativa en ese tema, para aclarar y que no haya dudas. Aparte de la objeción de conciencia de muchos y la situación ya es difícil de por sí, las cosas no están claras.

El martes se trató el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, porque desde hace uno o dos meses se considera que toda persona menor que denuncia abuso pasa a ser cuestión de acción pública y por tanto es obligatoria la denuncia. Entonces, cuando estamos ante un aborto a una menor por presunta violación, en ese caso los médicos tendríamos que hacer la denuncia.

– ¿Hasta ahora, con el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, a los profesionales no se les exigía hacer denuncia alguna? Por ejemplo, llegaba una menor de 14 años, decía que la habían violado, y ustedes debían practicar el aborto sin dar cuenta a la Justicia sobre la presunta violación.

– Exactamente. Pero de ahora en más, como pasa a ser acción pública, sí vamos a hacer la denuncia. De eso hablamos en la reunión con gente de la Justicia y el Copnaf. Ante el cambio de paradigma, que pasa a ser de acción pública, se tendría que modificar el protocolo de aborto y que incluya la denuncia correspondiente, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil.

– ¿Aunque a futuro las reglas sean claras y precisas, igualmente todo esto debe ser difícil de sobrellevar para los médicos?

– Sí, es muy complicado y difícil y realmente nos deja mal a todos. Acá, en la diaria, nosotros estamos peleando por la vida. Y respecto del embarazo no deseado, lo ideal es el trabajo en prevención.

La confusión inicial sobre la violación

Uno de los médicos del Hospital Masvernat consultados por El Entre Ríos aseguró que en un primer momento ellos desconocían que la menor embarazada hubiera sido violada. Por el contrario, la información inicial con la que contaron daba a entender que el papá del bebé sería un adolescente, apenas dos años mayor que la chica, con quien ella estaba vinculada. Recién cuando intervinieron los padres de la menor y el abogado que los representó quedó expuesto que el bebé sería fruto de una violación.

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