Policiales

Causa ATER: procesaron a 128 personas que tendrán tiempo de notificarse hasta el 9 de febrero

Procesaron a 128 personas en el marco de la causa ATER. Todos tendrán tiempo hasta el 9 de febrero para notificarse en la OGA y en caso de no presentarse se ordenará “su compulsa y traslado mediante la fuerza pública”. Entre los imputados que deberán presentarse está María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión. Ambos ex empleados del ente recaudador provincial habían hecho una apelación jerárquica contra el sumario administrativo que se les inició en 2015, tras la denuncia y por lo que fueron separados de sus cargos. Pero el gobierno provincial ratificó en noviembre pasado esos sumarios administrativos, con una publicación en el Boletín Oficial.

La causa ATER es una de las investigaciones judiciales más importantes para la historia penal entrerriana por su volumen, complejidad y la magnitud de los ilícitos que se investigan. Tiene 292 imputados, entre personas físicas y empresas, es decir contribuyentes del Estado provincial que en miles de operatorias impositivas -a través de compensaciones simuladas-, participaron de un hurto millonario contra el Fisco. El cálculo inicial sobre la defraudación supera los 46 millones de pesos. Pero hubo compensaciones por montos menores a 15.000 pesos, sobre los cuales se decidió no avanzar la investigación judicial.

Las coimas no tienen recibo. En la defraudación millonaria al Estado entrerriano, ejecutada a través de compensaciones tributarias simuladas en la ATER, probablemente hubo más que cuatro empleados “infieles”. Probablemente hubo funcionarios y altos jerarcas de la política provincial que supieron de las maniobras ilegales y en lugar de denunciar lo que pasaba, tomaron una tajada de la torta. Pasó miles de veces en una década -período comprendido en la causa judicial-, pero nada indica que operatorias de este tipo no se hayan ejecutado desde varios años antes, por lo menos desde 2000, cuando se implementó el Sistema Administrativo Tributario (SAT), programa informático interno que permitió que se licúen las deudas a cientos de contribuyentes.

En 2014, cuando la suspicacia de una empleada rasa hizo estallar la bomba, el hilo se cortó por lo más delgado. En la picota se colocó a cuatro que se desempeñaron en lugares claves, empleados que accionaron directamente para ejecutar las maniobras ilegales. La más importante por su jerarquía, Estrella Martínez de Yankelevich -ex jefa de Despacho de la ATER-, en un principio fue exonerada del organismo y luego se jubiló. Le seguía quien entonces era jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión, señalado como responsable de consignar con su clave personal y secreta en el SAT, créditos inexistentes en favor de algunos contribuyentes y en contra del Estado.

El tercer imputado es Darío Barreto, ex director de Interior de ATER y ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador; encargado de ofrecer a contribuyentes compensaciones de duda pagando un 70 por ciento del total, si se hacía en efectivo. El cuarto, Fabrizio Dayub, ocupó el mismo cargo que Barreto cuando la ATER aún era Dirección General de Rentas (DGR).

Según lo que actualmente consta en la causa judicial, entre ellos cuatro concretaron la maniobra. Los testimonios sindican a Barreto y Dayub como quienes ofrecieron a los contribuyentes, compensarle deudas impositivas que mantenían con el Estado provincial a un 70 por ciento del total. El particular entregaba la documentación necesaria para iniciar un expediente por compensación y abonaba en efectivo el 70 por ciento de su deuda.

 

Análisis.

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La Cámara de Casación confirmó la condena por Corrupción de menores contra Broggi

La Cámara de Casación Penal compuesta por los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite, confirmó la condena contra Javier Broggi por Corrupción agravada de menores. La audiencia para que las partes intervinientes en la causa discutan la sentencia impuesta en diciembre de 2016 fue hace unos 15 días atrás, cuando la Cámara había fijado como fecha límite el 14 de febrero para comunicar la decisión. El tribunal que penó a Broggi estuvo compuesto por los jueces Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez.

El camino recorrido

La ONG Con los gurises No se conformó en 2008, cuando comenzó sus actividades para la concientización y prevención del abuso infantil. Algunos padres y vecinos de Urdinarrain, sintieron la motivación de reunirse porque estaban atravesados por el mismo dolor: sus hijos, hermanos o amigos habían sido abusados por Javier Broggi. Entonces intentaron impulsar una causa judicial, pero no lo lograron.

En 2013 ventiló el caso, luego de publicar la segunda investigación periodística sobre Corrupción de menores en la provincia. Por eso el Ministerio Fiscal de la provincia abrió de oficio la causa. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) estuvo concluida y fue elevada a juicio en 2015. En diciembre de ese año comenzó el debate en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, pero la audiencia fue clausurada a poco de iniciarse. Según los vocales Vivian, Martínez y Seró, la causa todavía no estaba en condiciones de llegar a esa instancia oral, pese a que un juez de Garantías ya había decidido lo contrario. La medida fue extraordinaria y sorprendente. El Ministerio Público Fiscal, con Jorge García a la cabeza, se fue en queja a Casación y esa Cámara -la misma que hoy decidió confirmar la sentencia-, terminó por dar la razón a los fiscales y exhortó a los jueces de Gualeguaychú a concretar el juicio oral.

Hasta que el tribunal de aquella ciudad encontró una nueva fecha en su agenda pasó otro año más. Es decir, el debate recomenzó en diciembre de 2016 y concluyó con la condena a 14 años de prisión contra Broggi. Esa pena previó que el ex funcionario municipal continúe con libertad “restringida” hasta que la decisión judicial adquiera firmeza. Mientras, los defensores Rubén Gallardo e Ignacio Fernández apelaron el fallo de Vivian, Seró y Martínez.

Casación Penal finalmente fijó fecha para discutir la condena el 11 de diciembre pasado. En principio la audiencia iba a ser el 5 de diciembre pero por cuestiones de agenda se pasó para una semana después. Las partes comenzaron a exponer sus argumentos pasadas las 10 de la mañana y estuvieron debatiendo hasta las 11.30. Los vocales Davite, Badano y Perotti no tomaron una decisión en el momento, sino que se replegaron para estudiar el caso durante los plazos previstos por el Código Procesal Penal. La fecha límite para comunicar la decisión era el 14 de febrero. Finalmente el fallo estuvo listo este mediodía.

Ejecución de la pena

La sentencia de primera instancia que estableció una condena de 14 años de prisión contra Broggi, dispone que la pena comience a ser cumplida cuando la condena adquiera firmeza.

Cuando se realizó la audiencia de Casación hace unos 15 días atrás, ninguna de las partes acusadoras hizo planteo al respecto, es decir para comenzar a hacer cumplir preventivamente la condena. Por lo tanto, el fallo publicado este mediodía aclara que no puede decidir la ejecución de la pena de oficio.

En ese sentido, Rubén Gallardo adelantó a este medio que tienen diez días hábiles para plantear un recurso extraordinario en el STJ y oportunamente en la CSJN.

Por lo pronto, Broggi continuará en libertad condicional, viviendo en Gualeguay, donde fijó residencia.

 

El Argentino

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