Salud

Pueblo General Belgrano: vecinos impidieron la instalación de una antena de Telecom

“Cuando el de abajo zapatea, el de arriba se mueve”, reza un viejo refrán popular para dar cuenta que el pueblo no debe “descansar” en la protección de las autoridades.

A pesar de que muchas empresas multinacionales, prepotentes, se creen que están por encima del Estado. A pesar que suelen atropellar con los hechos consumados como si la ley no fuera un límite también para ellas; de vez en cuando reciben lecciones de civilidad y participación democrática.

Esto es lo que ocurrió el miércoles en Pueblo General Belgrano. Un Estado Municipal que al principio no vio, no actúo ni habló; la empresa Telecom que sigue ejerciendo su prepotencia con los vecinos de la región y al margen de la ley; y vecinos de a pie movilizados en defensa de sus derechos y exigiendo que las cosas se deben hacer de acuerdo a la ley y sin afectar a la comunidad.

Lo ocurrido el miércoles pasado tiene un antecedente que es oportuno recordar para entender mejor el capítulo que la comunidad de Pueblo General Belgrano escribió ayer en su historia de participación y defensa del interés general.

Hace menos de un año, en un predio ubicado en 30 de Noviembre y Gualeguaychú (a dos cuadras de la Capilla y a una cuadra de la ruta), Telecom pretendió instalar una antena de telefonía, mucho más grande de diámetro y mucho más alta que la existente en ese lugar.

Los vecinos se movilizaron entonces y exigieron que la obra no continuara, entendiendo que se estaban violando Ordenanzas y otras normas, además de que se había negado información para construir la licencia social, indispensable para esta clase de emprendimientos… si es que se quiere actuar dentro de las leyes.

La Municipalidad de Pueblo General Belgrano en esa oportunidad, paralizó las obras de Telecom.

Todo volvió a la calma. Y fue esa calma la que este miércoles impulsó a Telecom a continuar con su iniciativa, desafiando a la comunidad y de espalda a la Municipalidad. De algún modo intentó expresar que ellos, como multinacional, tenían más derechos

que el vecino común y que un Municipio no tendría la potestad para detenerlos.

Los trabajos comenzaron aproximadamente a las 7:30, pero los vecinos se movilizaron todo el día, reclamando información precisa y especialmente por qué y bajo las órdenes de quién se había reanudado los trabajos que estaban paralizados.

El razonamiento fue tan simple como contundente: si había un problema resuelto, donde la ciudadanía se había expresado y la Municipalidad había dado respuesta favorable paralizando las obras, como mínimo requerían saber quién estaba autorizando lo que se estaba haciendo.

Ayer, el intendente Mauricio Davicco, recibió a los vecinos en horas del mediodía. En ese encuentro informó al colectivo de autoconvocados “No a las antenas sobre el pueblo” y aseguró que la obra fue clausurada.

También aclaró que la empresa Telecom había solicitado aproximadamente quince días atrás, una autorización para reinstalar la antena para reemplazar la que estaba originalmente. Pero, el Municipio no había emitido resolución. Es decir, Telecom actuaba a fuerza de los hechos consumados y sin esperar autorización alguna y al margen de las leyes.

Los vecinos le explicaron al intendente Davicco que además de clausurar esa obra, quieren que les aseguren que no se instalará ninguna antena de telefonía en el ejido urbano; y en cambio propusieron que se instalen fuera de ese límite, donde existen terrenos de sobra para esa clase de emprendimientos; además de que se relocalice la que existe en calles 30 de Noviembre y Gualeguaychú.

El intendente les explicó que desde el Municipio están analizando esa posibilidad, aunque para formular una propuesta concreta hay que esperar que la Dirección Provincial de Vialidad formalice la donación al Municipio de un predio que podría reunir las condiciones para instalar la antena. Parece ser que la multinacional Telecom necesita de donaciones de terrenos, porque sus finanzas son muy ajustadas para realizar inversiones pese al salvaje y descomunal tarifazo del que fue beneficiada. Otra burla a la elemental inteligencia y al sentido común de “los nadies”.

Mañana a las 19 los vecinos se volverán a reunir para analizar el camino a seguir. Su objetivo es claro: no alcanza con paralizar las obras, sino relocalizar la antena existente. Ya saben que no pueden descansar en la protección de las autoridades y por eso continuarán en alerta hasta que sus derechos sean reconocidos como la ley manda.

 

Fuente: El Argentino – Nahuel Maciel

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Entre Ríos: 800 denuncias de abuso de menores en lo que va del año

Acorde a lo indagado por Elonce TV de fuentes relacionadas al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (COPNAF), en lo transcurrido del año 2018 se han realizado 800 denuncias por abuso de menores. La mayoría de los casos se presentan en el ámbito intrafamiliar.

El caso de la joven de 13 años presuntamente abusada que fue sometida a un aborto no punible de 20 semanas de gestación repercutió en toda la provincia, poniendo de relieve los criterios que rigen en la aplicación del Protocolo de aborto no punible en Entre Ríos. A raíz de este hecho, varios médicos solicitaron ser objetores de conciencia para casos de aborto no punible.

Uno de los ejes del Protocolo de aborto no punible refiere de las personas con derecho a realizarse la intervención, tal es el caso de los que sufren un abuso sexual. Para estas situaciones, el Protocolo no estipula que se realice una efectiva investigación de las circunstancias que rodean al supuesto abuso. En este sentido, el Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, había indicado a ElEntreRíos que “se tendría que modificar el protocolo de aborto y que incluya la denuncia correspondiente, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil”.

Otra mirada respecto a este tema la dio uno de los médicos testigos de lo ocurrido en Concordia: consideró que pueden haber escenarios en los que se esconde el abuso a un menor en el espacio intrafamiliar pidiendo la implementación del aborto no punible sin denuncia previa, soslayando el debido proceso de investigación de los hechos.

El protocolo de abuso infantil

La mayoría de las 800 denuncias por abuso de menores en Entre Ríos suceden en el seno intrafamiliar, acorde al COPNAF. El protocolo recomienda restablecer el contexto familiar de la víctima en grupo de resguardo con otros familiares, ya sean tíos, abuelos, según cada caso. Esta recomendación puede llegar a no ser pertinente, ya que el menor continúa en la coyuntura que damnificó su integridad.

Fuente: Elonce TV y El Entre Ríos
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Marcharon pidiendo derogación inmediata del protocolo de aborto en Entre Ríos

Inmediata derogación del protocolo de aborto. Juicio político y destitución de su cargo a la jueza Belén Estévez, ya que por su intervención se ordenó perpretar el hecho. Ambas medidas fueron reclamadas hoy al Gobernador Gustavo Bordet por manifestantes ante la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Llevaban el petitorio por escrito, acompañado de 10 mil firmas. “Pero fue imposible entregarlo: extrañamente, la Casa de Entre Ríos cerró sus puertas a las 3 de la tarde”, dijeron manifestantes a Infoner.

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Caso de aborto: apoyo a la jueza de Concordia

Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos.

Comunicado de Prensa

Ante las diversas versiones existentes sobre la interrupción legal de embarazo (ILE) realizada  a una niña de 13 años en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia; en particular lo referido a que el feto expulsado en la práctica médica tuvo una sobrevida de 10 horas, este Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera que se trata de una versión no fidedigna.

Dado la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” como no lo ocurrió en este caso.

Con las reservas de la información que conciernen al secreto profesional y a los derechos a la intimidad de la niña, atendiendo al debido resguardo de todos los datos concernientes a la identidad de la persona menor de edad y su historia clínica confeccionada con elementos técnicos, objetivos y científicos, sólo se aclara que el resultado del proceso medicamentoso realizado fue con el rigor que indica el protocolo.

Cabe indicar que el registro  del historial clínico considerado por las normas deontológicas y las herramientas legales del derecho del paciente, derivado de una asistencia medica de calidad puesto que se trata de un fiel reflejo de las prestaciones realizadas al paciente,  dicho registro constituye un elemento  de prueba de responsabilidad profesional, un testimonio documental de ratificación y veracidad de declaraciones de los actos clínicos y conducta profesional, instrumento médico legal fundamental de primer orden.

En el sector salud se deben contemplar  los derechos del paciente, el secreto médico es un elemento clave, la confidencialidad, la intimidad y la historia clínica son el documento más privado que existe.

Es por ello que, ante declaraciones a la prensa de profesionales de la salud del ámbito público estatal refiriéndose a la ILE realizada a la niña de 13 años, este Ministerio de Salud está analizando las posibles ocurrencias de violación al secreto profesional, a la Ley de Paciente y a sus deberes como funcionario público.

La atención de la salud de la población entrerriana es nuestra prioridad, brindar toda la asistencia médica a cualquier persona que ingresa a los efectores, en el marco de lo que mandan las leyes en vigencia en la república argentina,  forma parte de nuestros objetivos sanitarios.

Por eso queremos llevar tranquilidad a toda la población de Entre Ríos, en particular de la ciudad de Concordia, que desde este Ministerio hemos tomado conocimiento de los hechos, se actuó con celeridad en concordancia con los otros organismos de protección de derecho y la Justicia, resguardando en todo momento los derechos de la niña por lo que se continuará de la misma manera.

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Avanza la lucha contra la prostitución infantil

A partir de nuevas diligencias investigativas realizadas por la fiscalia local en el marco de una causa de prostitución infantil, la cual incluyó allanamiento y detención, la misma estaría lista para ser elevada a juicio próximamente.

Según trascendió de fuentes judiciales, el allanamiento realizado el pasado viernes a un hospedaje ubicado en continuación de Primer Entrerriano, amén de haber arrojado un detenido, el propietario, sumó nuevos elementos a la lucha que lleva adelante la Justicia contra la prostitución infantil.

Cabe recordar que está causa se inició semanas atrás a partir de la denuncia de la Defensoría de Menores de Gualeguay, sobre el abuso sexual de una niña, la cual, en las primeras diligencias, desnudó una organización local de explotación sexual infantil con seis víctimas de entre 12 y 16 años.

A partir de las investigaciones realizadas, y concluidas las cámaras Gesell realizadas a las víctimas, se supo que ya habría elementos probatorios suficientes para llevar a juicio a quienes habrían liderado la operación, sin perjuicio de lo cual se siguen investigando, en otro expediente, facilitadores y otros partícipes del negocio, incluso nuevas víctimas menores.

Según se supo, de la investigación se desprendería que en la cadena de este negocio, que llevaría más de dos años realizándose en la zona de 5 Esquinas, participarían no solo los sujetos ya detenidos e imputados, sino otras personas, algunas de renombre por su profesión, señaladas con datos precisos, incluso con detalles sobre el auto en que eran trasladadas y las chacras a donde eran llevadas.

De este modo, la Fiscalía local avanza en la lucha contra la prostitución infantil, con un expediente listo para ser elevado a juicio y con uno nuevo con el resto de la cadena, atacando todo el negocio, desde la oferta hasta la demanda.

Fuente: Gualeguay21

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Convocan a marchas en el Obelisco por el caso del bebé que vivió luego del aborto

Elías Badalassi es abogado UBA, además de escritor e integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida y fue quien convocó a una marcha en el Obelisco luego de que se diera a conocer el hecho de un aborto practicado a una joven de 13 años que denunció una violación en Concordia. Tal como dio a conocer El Entre Ríos, el bebé, de 5 meses de gestación, nació con vida. Su cuerpecito quedó apoyado sobre la “chata” sin que nadie se atreviera a poner fin a su existencia, suponiendo que su presunta “inviabilidad” haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran. Pero ello no ocurrió.

“Nos vemos hoy a las 18 para hablar de este acto inhumano de dejar morir a un bebé post aborto que nació con vida.. aberrante hecho en un hospital de Entre Ríos, un bebé agonizó 10hs arriba de una bandeja antes de morir producto de un aborto que ordenó la jueza de familia, la doctora Belén Estévez!”, explica en el mensaje publicado en su página oficial de facebook.

Obispo de Concordia pide que Entre Ríos elimine el protocolo de aborto

A través de un comunicado, monseñor Luis Armando Collazuol, obispo de la diócesis de Concordia, manifestó “profundo dolor ante el caso acontecido en un hospital público de Concordia y que tomó estado público por una nota periodística”, empieza.

Hizo referencia concreta a lo que resume así el líder pastoral de la Iglesia Católica en Concordia: “un aborto practicado a una menor en el quinto mes de su embarazo, por orden judicial. El bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

El planteo de fondo es que el Gobierno de Entre Ríos, encabezado por el contador Gustavo BOrdet, deje sin efecto la aplicación del denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado” (ILE). “Entendemos que la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje sin efecto la anterior”, requiere Collazuol.

Remarcó, en primera instancia, que “ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender” y, en ese sentido, afirmó que “no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas”.

Ante ello expresamos:

Ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender. Cuando una mujer está embarazada, no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental.

Ningún “protocolo” de actuación puede alterar el contenido de la Constitución Nacional en cuanto protege a la persona humana desde la concepción, ni su correspondiente derecho a la vida garantizado palmariamente por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna, con jerarquía constitucional.

Nos referimos a la Resolución 2.883 del 29 de agosto de 2017 del Ministerio de Salud de la Provincia, por la cual el Gobierno provincial adoptó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión anterior, y no removido por el actual gobierno.

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos en su art. 16 establece que: “La Provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”. Este derecho fundamental no puede ser alterado por una reglamentación de orden inferior.

Por ello entendemos que la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje sin efecto la anterior.

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco, quien nos invita a mirar a todos desde los más pequeños: “La defensa del inocente que no ha nacido… debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo” (Gaudete et Exsultate, 101).

Concordia, 07 de diciembre de 2018
Luis Armando Collazuol
Obispo de la diócesis de Concordia

Fuente: El Entre Ríos.
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Casó bebé de Concordia: Diputada pide que la legislatura derogue “urgente” el Protocolo de aborto no punible

La presidenta del bloque de diputados de Cambiemos, María Alejandra Viola, presentó un proyecto para exigir al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud de la provincia la “urgente derogación” del Protocolo que regula el procedimiento para que una mujer violada o cuya vida corra peligro pueda interrumpir su embarazo.

La presidenta del bloque de diputados de Cambiemos, María Alejandra Viola, férrea militante contra la legalización del aborto, presentó este martes un proyecto de declaración exigiendo al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud de la provincia la “urgente derogación” del Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El protocolo que Viola pide derogar con urgencia fue implementado por el ministerio de Salud provincial mediante las resoluciones 2383 y 3616 del año 2017 que adhirieron al protocolo nacional que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.

Según expresa la diputada radical en la iniciativa ingresada a la cámara baja -Expediente Nº 23365- el Protocolo viola “las Constituciones Nacional y Provincial, al Derecho Positivo vigente, jurisprudencia y doctrina en la materia”.

Sostiene que el protocolo de aborto no punible dictado por la cartera sanitaria provincial “carece de fuerza jurídica” y al disponer los medios necesarios para llevar adelante la interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre, representa “una amenaza actual contra la vida de todas las personas concebidas” en tales circunstancias.

Tras recordar que “ambas vidas gozan de la misma protección jurídica de rango constitucional”, Viola afirma que el protocolo provincial “coloca a las personas por nacer cuya vida resulta amenazada en un total estado de indefensión”.

La presidenta de la bancada de Cambiemos cuestiona también que no sea obligatoria la denuncia de las mujeres víctimas de una violación: “Respecto de los casos de violación, el Protocolo no condiciona su aplicación a la previa denuncia al violador y prohíbe expresamente todo intento de “judicializar” los casos que aborda, lo cual permite válidamente asumir que muchos de esos casos se mantendrán en la más absoluta confidencialidad, eliminando así toda chance de que se pueda actuar en protección del derecho a la vida del niño por nacer y deja a un delincuente impune y libre con amenaza cierta de continuar con su conducta delictual de violar otras personas”.

Según la iniciativa, el protocolo “obliga a los miembros del sistema de salud de todo el país a facilitar, sin mayores recaudos, la práctica del aborto ante el menor indicio de que ha  mediado un caso de violación o de que se presenta algún riesgo para la salud o vida de la madre, sin ponderar siquiera otras alternativas disponibles para salvar las dos vidas en juego, lo que significa restar todo valor al niño por nacer”.

“Propicia apelar al aborto ‘medicamentoso’ como método para proceder a la interrupción de embarazos que pudieren conllevar cualquier tipo de riesgo para la salud de la madre, sin siquiera proponer la conveniencia de ponderar previamente otras alternativas que contemplen salvar las vidas de la madre y el niño”, agrega.

El Protocolo “es de una postura abierta y flagrante contra el respeto y la preservación de la vida de las personas por nacer y de una violación lisa y llana contra el ordenamiento jurídico vigente”, añade.

Para Viola, el Ministerio de Salud “arbitrariamente interpreta el art. 86 del Código Penal y le otorga un alcance contra legem, pues la decisión recae solo en el consentimiento de la madre”.

También critica que “viola el régimen de mayoría de edad, pues otorga el derecho a las adolescentes mayores de 14 años” para que “puedan dar por sí mismas su consentimiento informado para abortar,  y a las niñas de 13 años y menos a prestar consentimiento junto con sus padres, y en caso de negativa injustificada de ellos, se nombrará a un curador, sin mencionar que debe necesariamente ante tal circunstancia dar intervención al órgano judicial”.

En otro párrafo, el proyecto se refiere a la objeción de conciencia. “El Protocolo no respeta el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Establece restricciones y condicionamientos absolutamente irrazonables como exigir a los profesionales notificar anticipadamente y por escrito a las autoridades del centro de salud en el cual cumplen tareas, su voluntad de oponer objeción de conciencia”, expresa.

Cuestiona que “los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad de abstenerse, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo”, y derivarla de inmediato a un profesional no objetor para que continúe la atención. Es decir que de no existir otro profesional que practique el aborto, debe proceder a quitar la vida al niño, no podrá invocar su objeción para eludir el deber de practicar el aborto cuando se presente la circunstancia señalada, lo cual implica violentar los dictados de su conciencia, en tanto exigen a quien oponga su objeción prestar su colaboración para que no se frustre aquello que comporta un homicidio”.

Finalmente, el Protocolo “excluye la objeción de conciencia institucional” que pueden plantear las instituciones privadas de carácter confesional que brinden servicios de salud, dice.

Fuente: noticiauno.com.ar

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Bebé sobrevivió varias horas a un aborto y conmovió al personal del hospital: ahora, hay más objetores de conciencia

Por Osvaldo Bodeán – Concordia

Especial para INFONER

 

Siete médicos del Hospital Masvernat de Concordia se inscribieron como objetores.

Apuraron a formalizar por escrito su objeción de conciencia para la práctica de abortos, luego de que fueran testigos de un hecho que los perturbó.

En los medios de comunicación sólo se conocieron algunos datos aislados sobre lo sucedido. Por ejemplo, que en el nosocomio se había practicado un aborto a una menor de edad que cursaba el quinto mes de embarazo y que presuntamente había sido violada. También trascendió que en un primer momento el personal médico se habría resistido, pero la intervención de la flamante jueza de familia, la Doctora Belén Esteves, posibilitó que se diera cumplimiento al protocolo para abortos en casos de violación, sin que llegara a judicializarse el caso.

Pero ese fue apenas un momento de una secuencia de hechos más complejos y traumáticos que dispararon un torbellino de emociones y de planteos éticos y legales, tanto en partícipes como en testigos presenciales y autoridades del hospital.

Por empezar, el bebé nació con vida. Su cuerpo quedó apoyado sobre la “chata” sin que nadie se atreviera a poner fin a su existencia, suponiendo que su presunta “inviabilidad” haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran. Pero ello no ocurrió.

“Permaneció con vida varias horas”, confirmó uno de los profesionales. Otro calculó que fueron “aproximadamente diez horas”. Una tercera fuente consultada resaltó la indignación que embargó a algunas enfermeras, testigos impotentes de lo que algunos califican como “abandono de persona”.

El estupor también alcanzó al servicio de Neonatología, al que no le dieron intervención para asistir a la criatura en su evidente esfuerzo por sobrevivir.

El caso provocó además incertidumbres en el plano jurídico. Según la ley 24540/95, todo nacimiento con vida, aunque dure sólo instantes, debe ser anotado en el libro de nacimientos del Registro Civil, mientras que el deceso debe ser volcado al libro de defunciones, adjuntando el certificado firmado por el médico que acredite la causa de la muerte.

“En Neonatología se resisten a firmar el certificado de defunción. ¿Qué causa de muerte van a poner, si ellos no lo vieron ni lo atendieron?”, explicó uno de los siete profesionales que notificaron mediante carta a la Dirección del Hospital Masvernat su objeción de conciencia, de manera tal de que no contribuirán a practicar abortos.

La inviabilidad, un concepto médico pero no jurídico

El derecho argentino, lo mismo que el de muchas naciones del mundo, no subordina la existencia de la persona humana a su presunta “viabilidad”. Dicho en otras palabras, se es persona humana por el sólo hecho de estar viva, sin que importe en lo más mínimo cuánto tiempo se crea que pueda durar esa vida, si apenas unos segundos más, semanas, meses o años.

No es un capricho este enfoque. Si la falta de “viabilidad” implicara la pérdida de los derechos humanos, alguien desahuciado por una enfermedad terminal no sería considerado persona y sería válido abandonarlo a su suerte o directamente eliminarlo.

El Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, explicó desde el punto de vista médico la “inviabilidad” del feto que no supera las 22 semanas, a la par que admitió que la ley argentina no la contempla.

– El protocolo para abortos por violación, ¿qué prevé para casos como el de esta criatura que nace viva y su existencia se prolonga durante varias horas?

– Como la interrupción del embarazo se hace en el período que se considera aborto, los recién nacidos no tienen viabilidad.

– La ley argentina no contempla la viabilidad. Hay persona donde hay vida humana, con independencia de cuán viable se crea que es esa vida.

– Efectivamente, la ley no la contempla.

– ¿Entonces, cómo hacen para decidir en base a la viabilidad si no cuentan con el aval jurídico para ello?

– Justamente eso es lo que nos planteamos como médicos y lo que se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, que tuvo lugar el martes último. Un aborto se considera tal hasta las 22 semanas o 500 gramos, más / menos 50 gramos. Por ejemplo, un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de los órganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no es viable. Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuando haya viabilidad, ¿qué se hace? Porque cuando hay viabilidad, nosotros como médicos deberíamos tener la conducta de asistirlo, por ejemplo con un chico de 24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia.

Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habría viabilidad. Por más que se tome cualquier medida, va a terminar en el fallecimiento sí o sí del feto. De todos modos, hay baches en la ley.

– ¿No debe ser fácil, más allá de la presunta inviabilidad de un bebé de 20 semanas -como aproximadamente habría tenido el reciente caso-, viendo que su corazón late por varias horas, no hacer nada?

– No es fácil y es una situación que impresiona. Se puede dar una atención mínima y ver su evolución. Pero en casos de 20 semanas ni acá ni en ningún lado, al menos por ahora, se ha logrado la viabilidad.

– Después de este caso, ¿ha recibido notas de médicos que le plantean la objeción de conciencia para la práctica de abortos?

– Sí, sí, sí, he recibido.

– ¿Cuántos?

– Hasta ahora son siete los que me presentaron.

– La ley obliga a anotar en el libro de nacimientos del Registro Civil a toda criatura que nazca con vida sin importar cuántos meses tenga ni el tiempo que transcurra vivo.

– Bueno, ahí está la duda porque…

– También exige anotar el deceso en el libro de defunciones.

– Normalmente, todo lo que sea aborto hasta las 22 semanas y 500 gramos, más / menos 50, no se lo anota porque se lo considera un aborto, porque no es viable. A partir de ahí sí. Es lo que habitualmente se hace. Si no, tendríamos que estar anotando los abortos espontáneos, que es un porcentaje muy alto.

Tenemos 2900 partos por año y los abortos espontáneos, por causas naturales, no provocados, son un alto porcentaje; tendría que anotarse a todos los fetos de 16, 17, 18 semanas. Nunca se hizo porque se lo considera aborto.

– ¿O sea que no hay registro ni en el libro de nacimiento ni el de defunciones?

– No. Son abortos. Hay muchos grises y es necesario aclarar y poner en la normativa cosas bien precisas. Deberían consensuar y decir que con tanta cantidad de meses actualmente no hay viabilidad y no se lo considera. Deberían trabajar en la parte legislativa en ese tema, para aclarar y que no haya dudas. Aparte de la objeción de conciencia de muchos y la situación ya es difícil de por sí, las cosas no están claras.

El martes se trató el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, porque desde hace uno o dos meses se considera que toda persona menor que denuncia abuso pasa a ser cuestión de acción pública y por tanto es obligatoria la denuncia. Entonces, cuando estamos ante un aborto a una menor por presunta violación, en ese caso los médicos tendríamos que hacer la denuncia.

– ¿Hasta ahora, con el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, a los profesionales no se les exigía hacer denuncia alguna? Por ejemplo, llegaba una menor de 14 años, decía que la habían violado, y ustedes debían practicar el aborto sin dar cuenta a la Justicia sobre la presunta violación.

– Exactamente. Pero de ahora en más, como pasa a ser acción pública, sí vamos a hacer la denuncia. De eso hablamos en la reunión con gente de la Justicia y el Copnaf. Ante el cambio de paradigma, que pasa a ser de acción pública, se tendría que modificar el protocolo de aborto y que incluya la denuncia correspondiente, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil.

– ¿Aunque a futuro las reglas sean claras y precisas, igualmente todo esto debe ser difícil de sobrellevar para los médicos?

– Sí, es muy complicado y difícil y realmente nos deja mal a todos. Acá, en la diaria, nosotros estamos peleando por la vida. Y respecto del embarazo no deseado, lo ideal es el trabajo en prevención.

La confusión inicial sobre la violación

Uno de los médicos del Hospital Masvernat consultados por El Entre Ríos aseguró que en un primer momento ellos desconocían que la menor embarazada hubiera sido violada. Por el contrario, la información inicial con la que contaron daba a entender que el papá del bebé sería un adolescente, apenas dos años mayor que la chica, con quien ella estaba vinculada. Recién cuando intervinieron los padres de la menor y el abogado que los representó quedó expuesto que el bebé sería fruto de una violación.

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