Sociedad

RIESGO DE SELECTIVIDAD EN LOS DERECHOS HUMANOS

Presentamos con esta columna de opinión al nuevo colaborador de INFONER, el reconocido periodista entrerriano Luis María Serroels. Celebramos y aplaudimos su llegada a nuestro medio. Serroels, destacado colega de radio y prensa escrita, es una de las plumas más vigorosas y respetadas tanto de la prensa actual como desde hace más de 5 décadas. Uno de los fundadores de Análisis Digital junto con su director, el periodista Daniel Enz. Fue corresponsal de diario Clarín durante muchos años, trabajó en El Diario de Paraná, en LT14, en varias radios de FM de la capital provincial y ha colaborado con medios de toda la provincia. Serroels se destaca por su verba inclaudicable en defensa de los derechos del ciudadano, de los valores del hombre y la mujer argentinos y del cuidado por las instituciones. Un cuidado que significa, para él, justicia, educación, defensa de la familia. Ganador del Premio Santa Clara por su periodismo de calidad y de solidaridad, Serroels es además compositor (se destacan sus obras para piano y sus cantatas), es intérprete (canto, piano y guitarra) y formó parte de grupos folklóricos (entre ellos, “Los Leñeros”). Padre y ya abuelo, sigue cultivando su periodismo fundado en la investigación y la palabra libre. Hoy presentamos su primera columna para INFONER.

Por Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

Los derechos humanos y su defensa a ultranza están garantizados por tratados y constituciones que los consagran como valores inviolables para las relaciones entre los países y las sociedades entre sí. En la Carta Fundacional de las Naciones Unidas está plasmada la promoción y protección de dichos derechos como objetivos fundamentales y principios rectores de dicha organización, figurando siete veces en dicho documento. Este año se celebran 7 décadas de aquella declaración en el terreno del derecho internacional y es bueno recordarlo para advertir también cómo se malversan y manejan al ritmo de la mala política.

Nuestro país ha sido protagonista de largas luchas para consagrar la paz, las libertades públicas y la sólida convivencia entre naciones. La interminable noche que significó para los argentinos la dictadura militar, metió en bolsa los derechos humanos, conculcando todas las libertades y, en especial, el amparo de la vida. Ese gobierno de facto se adueñó de las leyes esenciales, pisoteó la Carta Magna, despreció la dignidad torturando, asesinando y haciendo desaparecer a miles de personas de todas las edades, apoderándose de bienes ajenos e instalando el terrorismo de Estado como sistema admitido.

Enancado en garantías irrenunciables, el denominado Frente para la Victoria diseñó un esquema que, como un imán, atrajo a dirigentes de entidades y organizaciones que se habían formado esforzadamente, cooptándolas y moldeando el espíritu de muchos dirigentes que terminaron elevando al rango de semidioses a personas que durante esa triste noche se habían enriquecido gracias a legislaciones nefastas.

Una especie de fascinación acrecentada por el aporte de millones de pesos del Tesoro nacional, generaron una adhesión ciega y lograron que muchos dirigentes pasen a integrar el Comité de Aplauso y Pleitesía del establishment gobernante cuantas veces se lo requiriera.

El kirchnerismo consiguió reclutar instituciones señeras que pronto entraron en contradicciones que derivaron en una diáspora. Pero en el fondo, lo que se percibía era que la defensa de los derechos humanos pareció convertirse en selectiva. Hubo asesinatos de dos lados, pero sólo de uno se ocupaban los aliados del poder.

La desaparición forzada de personas –fenómeno cotidiano entre 1976 y 1983-, se creyó desterrada al retornar la democracia. Hubo juicios y condenas históricas para los genocidas y sus aliados y hasta hoy subsisten causas sin resolver, incluso en la justicia federal de la capital entrerriana. Las chicanas leguleyas no han perdido su poder de patear hacia adelante el final de juicios que hace mucho tiempo deberían haber culminado en severas condenas.
Así las cosas, este extenso prefacio pretende ligar aquella política de maquillado amor por el derecho y la justicia, con realidades actuales.

Un caso emblemático fue la desaparición forzada de Julio Jorge López (hasta hoy sin noticias), a poco de testimoniar contra un genocida como el comisario Etchecolatz (condenado a prisión perpetua). Su secuestro y desaparición no fue una venganza por lo que le dijo a los camaristas, sino una advertencia para resguardar a otros asesinos de nuevos y aniquiladores testimonios.

¿Qué entidad se pronunció con dureza y continuidad deplorando la ausencia forzada de López? Ponderaron sus declaraciones pero dejaron diluir su pérdida demasiado pronto.

No es ocioso recordar la pasividad de ciertas voces a la hora de condenar a los responsables de la tragedia de Cromañón o la posterior del Ferrocarril Sarmiento en Estación Once. No fueron meros accidentes e incluso el poder político se desentendió frente al dolor inenarrable de los familiares. Más acá en el tiempo, ¿no los amparan los derechos humanos a los humildes jujeños que soñaron con su vivienda propia y lo siguen haciendo, porque una organización corrupta en manos de una militante K se robó los fondos descaradamente y ahora su principal dirigente se victimiza bajo el rótulo de perseguida política? ¿Y el derecho humano a la seguridad de millones de futuros usuarios de obras públicas sensibles que hoy ven que sus recursos aportados al Estado se desviaron a las cuentas personales de ladronzuelos, mientras los trabajos se abandonaban no obstante haberse cancelado su costo?
En los últimos años hubo desapariciones forzadas de personas a las que parece habérselas tragado la tierra. En Paraná se sigue soñando con el hallazgo de Fernanda Aguirre, secuestrada el 25 de julio de 2004 por un degenerado y asesino serial (luego “suicidado” en su celda). Diez años antes desaparecieron en esta capital los menores Héctor Gómez y Martín Basualdo mientras transitaban a la luz del día una calle paranaense y en febrero de 2002, fue secuestrado Elías Gorosito. En ambos hechos se acusó a policías pero la Justicia lo confirmó únicamente en el segundo, siendo sus autores procesados y condenados. No obstante el cuerpo jamás fue hallado. Las marchas en reclamo de sus apariciones y resolución judicial fueron muy nutridas pero prácticamente no trascendieron los límites de esta ciudad.

Cercano en el tiempo, ¿forma acaso parte de la prédica de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto en su calidad de activista por los derechos humanos, el caso de César Miño y Sergio Quintana, quienes el 20 de setiembre de 2017 partieron desde Concordia hacia Paraguay sin saberse qué fue de ellos? ¿O el empresario gualeyo Omar Bevenuto, “chupado” en una ruta entrerriana el 24 de noviembre pasado? ¿No encuadran estos casos en el delito de “desaparición forzada” o están fuera de tal interpretación a la hora del repudio? No se trata de una simple cuestión semántica

Y como la frutilla rancia de un postre amojosado, recordemos que el 13 de enero de 2002 (acaban de cumplirse 16 años) se esfumaron sin dejar rastro alguno todos los miembros de una familia residente en la Estancia La Candelaria (de Crucesitas 7ma. Dpto. Nogoyá). Rubén Gill, su esposa y sus cuatro hijos de corta edad (dos varones y dos mujeres), jamás aparecieron a pesar de ímprobas investigaciones. Se anuncia que a mediados de febrero se harán excavaciones en un lugar preciso y desde luego que ello reaviva el interés y la esperanza. El dueño del campo y patrón de Gil, Alfonso Goette, falleció, hace un par de años en un accidente de tránsito el 17 de junio de 2016 y no son pocos quienes sostienen que se habría llevado a la tumba importantes datos sobre un suceso de los que la historia recoge muy pocos.

¿Qué comprometidos organismos de derechos humanos condenaron estos episodios? ¿Qué dirigentes sumisos ante el gobierno K reaccionaron reclamando la aparición de estas personas? ¿O solamente corresponde hacer ruído cuando se trata de desapariciones ocurridas antes de 1983?

¿Qué elementos llevaron a ser tan duros y persistentes sobre el caso de Santiago Maldonado, incluso a pesar de los contundentes resultados de las pericias realizadas por 55 especialistas insospechables de parcialidad y con un firme rigor técnico y científico?

En la Argentina parecen existir desapariciones forzadas VIP y desapariciones forzadas de segunda clase a la hora de la condena. La señora Carlotto, no obstante los elementos disponibles, alienta a los familiares de Maldonado y allegados a no cesar en el reclamo hasta que se les de un informe a su gusto, aunque es imposible que se adapte a lo que ellos pretenden porque, como dijo Serrat, “la verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio”.

La peor mentira es aquella que promete acompañar todo el camino y a mitad de él se vuelve contra el mentiroso.
Volvamos al inicio: los derechos humanos son para todos, sin excepción. Como dice Ramsey Clark: “El derecho no es algo que alguien nos da, sino algo que nadie nos puede quitar”.

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Cómo defendernos de las #fakenews y la posverdad

Por Verónica Toller (*)

“Encontraron el submarino desaparecido”. Y hasta la Red O’Globo de Brasil lo repitió. Era falso. En medio de la dura búsqueda del submarino desaparecido, la supuesta primicia de su hallazgo “confirmada” por el International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) causó revuelo y esperanza. #FakeNews. Horas después, MDZ online pidió disculpas por equivocarse al publicar sin chequear. Otros medios no lo hicieron nunca. Más ejemplos: “Una perita de la CIDH dictaminó que Santiago Maldonado murió por ahogamiento intencional”. #FakeNews. “Nelson Castro durísimo contra Macri, se va de TN”. Falso. Sin embargo, logró más de 35 mil interacciones en Facebook, según dio a conocer chequeado.com. “Docentes casi matan a una persona que fue a dar clases en día de paro”. Falso.

#FakeNews. Circulación deliberada de mentiras, respondiendo a un interés no declarado. ¿Podemos los ciudadanos comunes y de a pie defendernos ante este tipo de operaciones? ¿Debe el Estado controlar la circulación de contenidos en las redes? Para el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la respuesta es clara: “No podemos rebajar un estándar de protección de la libertad de expresión para combatir un fenómeno. Necesitamos proteger las discusiones y la libertad de expresión en el ámbito del discurso político, del control social, de los temas de interés público o los temas de derechos humanos. Gobiernos y ciudadanos deberemos seguir lidiando con las falsedades, en tanto medios y periodistas deberán chequear más a fondo antes de publicar”, sostiene.

Pero atenti: desde el otro lado del espejo, la bandera de las “noticias falsas” puede ser esgrimida también por interés propio de determinados gobiernos ante denuncias certeras de la prensa. “Deberíamos tener un concurso para determinar cuál de las grandes cadenas es más deshonesta, corrupta y/o distorsionada en su cobertura política de vuestro presidente favorito (yo)”, escribió Donald Trump en su Twitter días atrás. “El ganador recibirá el trofeo de noticias falsas”, se mofó. Sin concurso de por medio, desde hace más de una década, el Sur también existe para esta clase de estrategias de negación.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (OEA)

“Sería como eliminar 200 años de democracia”

“Penalizar la discusión de noticias falsas sería eliminar 200 años de democracia”, afirma el relator, que es además abogado y periodista.

Las #FakeNews trabajan de la mano de la posverdad, un fenómeno que copó procesos sociales como la discusión del Brexit o la última campaña presidencial estadounidense, y que relega la verdad a segundo o tercer plano: lo que realmente importa son las sensaciones, es la opinión por sobre la evidencia. Una “corrupción de la integridad intelectual”, según lo definió ante la BBC el filósofo y humanista británico A.C. Grayling.

La difusión de noticias falsas con intencionalidad política siempre existió. “Sin embargo, ahora, hay dos novedades: las redes sociales han vuelto masivo este fenómeno. Y se crean medios falsos para difundir información falsa –dice Lanza-. Combinado ello con las nuevas tecnologías, el perfilamiento a la población y el bombardeo informativo, tenemos un fenómeno importante y complicado”.

¿Cómo impedir sin censurar?

Como Relator, Lanza atiende cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, violencia e impunidad, protesta social, medidas cautelares en defensa de personas o medios, acceso a la información, desafíos hemisféricos en la materia, concentración de medios, censura y ejercicio de los derechos humanos relacionados. “En un sistema de libertades, no se puede exigir un acondicionamiento previo de veracidad para emitir una información o una opinión”, sostiene.

La solución tampoco pasa por encomendar a las redes sociales o a las plataformas la obligación de eliminar lo que ellas consideran noticias falsas. Sería censura previa, “y daríamos a las plataformas el rol de decidir qué podemos leer o elegir y qué no, lo cual, me parece, es todavía un peligro mayor frente a grandes corporaciones que tienen un grado de concentración importante en la circulación de información”, afirma.

Los intentos de control judicial no han sido buenos, “ya que pueden derivar en mecanismos de censura y tener un efecto inhibitorio similar al de las figuras penales de desacato, alerta. “Los medios deben tener políticas para chequear y brindar información rigurosa, avisar, permitir que los ciudadanos también alerten sobre la existencia de notas falsas”.

“Internet es una tecnología disruptiva que ha potenciado la libertad de expresión. Es de importancia fundamental que los jueces y operadores judiciales tengan esto en cuenta cuando toman cualquier decisión sobre la red”, sostiene.

Medidas desproporcionadas

Como contraejemplo, expone lo ocurrido recientemente en Paraguay y Brasil, donde proyectos legislativos pretendieron habilitar que los funcionarios puedan exigir a las plataformas que bajen informaciones ofensivas o falsas. “Siempre tiene que haber un test de necesidad y proporcionalidad sobre cualquier restricción a la libertad de expresión, y respetarse el principio de neutralidad ante la red”, afirma el relator.

Lo mismo, con los intentos de bajar aplicaciones. Cita el caso de Uber en Argentina y el fallo judicial que ordenó bloquear la aplicación en todo el país. “A mi juicio, es desproporcionado que un juez municipal quiera censurar una aplicación como en el caso de Uber. ¿Por qué? Porque si hay un problema que tiene que ver con el mercado del transporte, será una cuestión de política de transporte, pero no es un problema de Internet. ¿Cuál es el sentido de bajar una aplicación de transporte si no es ilegal el contenido que transmite? Lo mismo sucede con las aplicaciones de pizza, por ejemplo. O Netflix y todas las aplicaciones que ofrecen un contenido o servicio. Si ese servicio no es pornografía infantil o no contiene apología del odio o de la guerra, ordenar bajarlo sería una solución desproporcionada. Si hoy bajamos una aplicación –argumenta-, mañana podemos bajar otras. Y rompemos el principio de no censura y de proporcionalidad”.

Cláusula de conciencia

Este principio de proporcionalidad se aplica también a posibles cláusulas de conciencia. Esa misma libertad de expresión defendida a ultranza tiene que marcar el ejercicio de un periodismo con libertad de conciencia. “Necesitamos una cláusula por la cual, ningún medio pueda obligar al periodista a sostener algo, y pueda resistir intentos de censura o manipulación de su información por parte de editores, o su derecho a no firmar una nota. También, mecanismos de indemnización principal, que reconozcan por ejemplo que el periodista fue despedido por resistirse, en un intento de censurarlo en un tema de interés público”.
La cuestión es compleja, ya que “también es cierto que los medios tienen independencia editorial y hay un derecho a la libertad de expresión de la prensa, de los medios de comunicación”. Por lo tanto, en cualquier medio de comunicación hay una selección interna de información que deciden los editores y directores y eso no conlleva un acto de censura, sino que puede ser parte de su independencia editorial. “La cláusula de conciencia no puede obligar al medio a publicar o no publicar informaciones. La tolerancia y la discusión en un ambiente adecuado son el camino para la democracia y para la expresión”.

(*) El presente artículo fue publicado originalmente en diario Perfil. La ilustración principal corresponde a dicha publicación.

 

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Los Reyes Magos llegaron a los barrios del norte

Con motivo de la celebración del “Día de Reyes”, desde “Merendero Estrellitas del Norte” se realizó una jornada destinada a los niños del barrio. De a caballo, los “reyes magos” entregaron a más de 50 niños de la zona los regalos que fueron donados por diversas instituciones y vecinos de la ciudad.

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