Causa de la vaca: la audiencia de elevación a juicio está prevista para este viernes

La instancia está agendada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), casi cinco meses después de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) hiciera el requerimiento formal para concretar el debate. De este modo, el legajo se transforma en el primero que llegaría a juicio oral e involucra al ex gobernador Sergio Urribarri por corrupción política. 

Sergio Urribarri y Pedro Báez están imputados como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Para los fiscales, ambos “sustrajeron fondos públicos de manera constante, habitual y reiterada, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del gobierno”.

“Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada -concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada -quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados”, sostuvieron Yedro y Cánepa, para quienes esta mecánica fue utilizada entre 2010 y 2015 con numerosas campañas publicitarias del gobierno.

“A raíz de estos contratos, los mencionados percibieron periódicamente sumas de dinero abonadas por el Estado Provincial, para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, indicaron los funcionarios judiciales y aludieron a una pericia fotográfica practicada sobre los expedientes involucrados que, según señalan, fueron firmados algunos por Báez y otros por Báez y Gustavo Tamay, empleado de la cartera también imputado en la causa en razón de su rol de responsable de las certificaciones en la vía pública.

Es conocida como “la causa de la vaca”, porque en la rendición de supuestas gigantografías colocadas a la vera de las rutas en la provincia, aparece la misma vaca. En rigor, a través de una pericia los fiscales pudieron establecer que, para acreditar el cumplimiento de contratos en distintos periodos de tiempo, se presentó siempre la misma foto. Lo saliente es que la imagen del cartel publicitario que probaría el cumplimiento de distintos contratos con la imprenta, tiene la misma vaca pastando en todos los casos.

Ese ejemplo resultó más que elocuente en noviembre de 2016, cuando los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro tuvieron que explicar en una audiencia pública, ante el juez de Garantías Humberto Franchi, por qué se negaban a un pedido de la defensa de Pedro Báez. Lo concreto que pedían los fiscales era que peritos corroboraran, a través de un análisis visual, si se utilizaron las mismas fotografías para acreditar el cumplimiento de distintas órdenes de publicidad emitidas. Pero la defensa de Báez reclamaba que los peritos, en el marco del mismo análisis, establezcan si esas fotografías se correspondían o no con el efectivo cumplimiento, en terreno, del contrato de publicidad. Eran dos cosas distintas y en ese momento, a criterio del juez, el planteo de la defensa no tenía cabida por lo cual se rechazó. Luego la pericia terminó probando que efectivamente se había utilizado la misma fotografía para acreditar el cumplimiento de distintos contratos publicitarios.

La causa lleva el N° 31.253, caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.

El abreviado

En el marco de este mismo legajo, el empresario Jesús Bustamante decidió firmar un acuerdo de juicio abreviado por el que aceptó una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional. En el trato que hizo Bustamante con el Ministerio Público Fiscal, el empresario reconoció un “sistema de retorno” del dinero que recibía del Estado provincial -contratación directa mediante-, a la empresa de Aguilera. Un sistema en el cual la contadora Carina Cargniel fue señalada con un rol clave.

La fecha para la instancia de elevación a juicio que finalmente se daría mañana, fue postergada ya que en una primera instancia sería el 1 de junio, pero los defensores del ex gobernador recusaron al juez Eduardo Ruhl. De igual modo, lo denunciaron por mal desempeño en el Superior Tribunal de Justicia. Ninguno de esos planteos encontró acogida en instancias superiores.

El pedido de elevación a juicio

Cuando se concrete la audiencia frente a un juez de Garantías -donde se podrá explicar las acusaciones en la causa y se controlará la prueba-, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro darán cuenta de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y contarán por qué consideran que está concluida.

La remisión de la causa a juicio se solicitó el 1 de febrero, y en el texto se cuenta que los delitos investigados “consistieron en el direccionamiento durante 2010 a 2015, de un monto total de 24 millones 204 mil 918,69 por parte de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez, en contrataciones de campaña publicitaria en la vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador”.

“Las empresas TEP SRL y NEXT SRL absorbieron casi la totalidad de la publicidad en la vía pública del estado provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción. También, que otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas, como ‘J.M. Bustamante Publicidad’ y ‘Montañana Publicidad’, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaban en sus manos”, precisa el requerimiento de elevación.

Los fiscales consideraron probado además que “existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

En virtud de las evidencias, los fiscales calificaron los hechos en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Consideraron a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como “autores” de los hechos y calificaron a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana, y Gustavo Rubén Tamay como “partícipes primarios”; y a Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y Maximiliano Romeo Sena como “partícipes secundarios”.

“En función de la gravedad y reiteración de los hechos, se estimó provisoriamente como monto de pena a requerir en juicio para Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Corina Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Gustavo Tamay 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y Maximiliano Rmeo Sena, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo”, se detalló.

Por último, se requirió al juez de Garantías que “solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de los diputados Urribarri y Báez, para permitir su juzgamiento conforme a lo previsto en el Artículo 115 de la Constitución Provincial”.

 

Fuente de texto y fotografìa: Anàlisis Digital. 

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