¿Celda para quien mate y quien se niegue a matar?

Cuesta creer que en nuestra Argentina haya políticos que, en función legislativa, propicien hoy cómo diseñar la redacción definitiva de una ley que deje a todos los sostenedores del aborto felices y satisfechos, soslayando que no se trata de una simple cuestión de mayorías o minorías por el sí o el no, cuando lo que se debe debatir es preeminencia de Carta Magna sí o desprecio por la Carta Magna. No se trata de una mera disyuntiva a resolver en una votación en el Congreso y una posterior promulgación del Poder Ejecutivo. Es que no sólo se estaría violando graciosamente nada menos que el basamento jurídico-institucional de la república, sino que se crearía sin pudor alguno un precedente cargado de irracionalidad para seguir vulnerando cualquier precepto a simple mano alzada.

 

Médicas mendocinas a favor de las dos vidas. Foto: Diario del Oeste

 

Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

 

No debe descartarse la postura de legisladores que aunque en su fuero íntimo estén de acuerdo con la mal llamada “interrupción voluntaria del embarazo” (cuando se trata sin rodeos de la muerte de un ser indefenso que ya vive desde la concepción), aceptan la absoluta prohibición de aprobar proyectos que atenten contra la vida humana, en un choque estrepitoso contra el orden constitucional. Aquí no está en juego el libre pensamiento sino que prevalece el derecho del niño por nacer.

Ese derecho a la opción tiene condicionantes, porque están limitados por frenos morales y jurídicos, se trate de mandamientos religiosos y ya en lo puramente social y terrenal, de pactos y leyes escritas, reglamentos y ordenanzas que las sociedades maduras se dan para convivir en paz y distanciarse del desorden y la arbitrariedad. La ley y el derecho desandan el mismo camino.

Una grave falla desde el vamos fue asimilar en el parlamento con virtual rango de proyecto, lo que se deslizó como un simple comentario barnizado con inocencia pero con larvada intencionalidad, desde la Casa Rosada. Más grave aún si se recuerda que quien lo lanzó y con incomprensible velocidad se apresuró a anticipar que en el caso de transformarse en ley no la vetaría, fue nada menos que Mauricio Macri. ¿Sus asesores no le advirtieron que la eventual norma colisionaría flagrantemente con la Carta Magna por la que él juró al asumir la primera magistratura? ¿Los ocupantes de las bancas tampoco se dieron cuenta?

Este mismo temperamento podría llevar al mandatario a instalar en las cámaras, haciendo la salvedad de que no habría veto alguno, nuevas iniciativas vedadas por la Constitución. Por ejemplo, derogar del artículo 14 bis el “salario mínimo vital móvil” o la “estabilidad del empleado publico”. El nefasto precedente que anda trotando por los pasillos del Congreso le pavimentaría el camino.

Este análisis lleva a la conclusión de que cualquier imputación por violentamiento del gran estatuto que nos rige desde 1853, se podría aplicar a dos de los poderes republicanos y encendería las alarmas en el Poder Judicial, expuesto finalmente a poner las cosas en su lugar.

Hagamos jugar la imaginación pero sobre bases cuyo realismo exhiba su peso. ¿Cuántas personas que demanden aborto gratuito –significa que lo terminaría pagando el erario público, o sea el contribuyente- no vacilarían en acudir ante un veterinario sin mirar cuan cara puede resultar la intervención profesional, para salvarle la vida a su perro o su gato? ¿Resultaría más traumático enfrentar el riesgo de perder una mascota y no conmovería propiciar la muerte violenta de un niño por nacer? ¿La sobrevida de un animal valdría más que la de un niño nonato? Parecería una locura pero el aborto legal no lo es? Es terrible concebir tanta crueldad pero…
Cuando se advirtió que el aciago proyecto bautizado con el pueril eufemismo de “interrupción voluntaria del embarazo” prevé la prohibición de esgrimir la “objeción de conciencia” frente a aun simple pedido de aborto (bajo la advertencia de aplicar penalidades a los médicos que se nieguen a realizarlo), numerosos establecimientos de salud pusieron el grito en el cielo rechazando tan execrable pretensión. Para poner las cosas en su justo sitio, abogan por “una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corras el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo con su propia conciencia e ideario”.

Se daría el enorme contrasentido de que no se castigaría al médico que mate un niño por nacer sino a aquel que se niegue a hacerlo. Y podría suceder que compartan un mismo penal aquel que mató a su esposa en un claro acto de femicidio y quien fue sentenciado por negarse a cometer un claro acto de homicidio. Cobrar por dar muerte a un ser humano´y además indefenso ¿no sería el modo más condenable de pisotear el juramento hipocrático?

Cuesta entender que en nuestro país se esté discutiendo la naturalización del aborto, en lugar de encarar definitivamente la eliminación del hambre que instala la desnutrición y desemboca en la muerte de miles de inocentes.

El pediatra Abel Albino, incansable luchador contra la desnutrición infantil de gran predicamento en el mundo, ha reflexionado que “si alimentamos bien a los niños, en veinte años seremos potencia”. Si autorizamos a que se los mate antes de nacer, no seremos absolutamente nada.

 

 

El Doc. Fernando Iudica director del hospital Austral de Pilar con su equipo de neonatologia Foto: Rafael Mario Quinteros

 

Fotos: Clarín.com

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