CHEQUES EN FUGA HACIA LA IMPUNIDAD

La política tiene cosas que a simple vista sorprenden por lo burdas y hasta groseras, que no responden a falta de tacto sino que son producto de la impunidad previamente garantizada. Cuando oficialmente se retacearon datos sobre los niveles de corrupción que se había enquistado durante los dos periodos anteriores, se privó a la ciudadanía de conocer lo que la prensa no le ocultó. De ello dan cuenta las imputaciones judiciales que involucran a Sergio Urribarri, parientes y colaboradores directos, quedando la sensación de que enfrentar al ex mandatario y revelar sus picardías sería políticamente riesgoso. Los costos morales no importaron. Hay groserías que no son nada inocentes porque se sostienen en la siempre a mano impunidad. La mayor muestra fue tranzar con quien dejaba el sillón y a través suya con la jefa de la mayor asociación ilícita de que se tenga memoria para saquear al Estado. Hoy, en paralelo, en el ámbito legislativo se investigan contratos truchos que le sustrajeron al Tesoro más de 2.000 millones de pesos. La muy burda y sospechosa sustracción de más de 1.200 cheques que eran traslados sin la menor seguridad, certifica la existencia de una banda bien aceitada que respondería a alguien muy bien encubierto.

Luis María Serroels
Especial para INFONER

¿Cómo debería interpretarse que semejante documentación probatoria en un caso de extrema gravedad, sea transportada sin el debido protocolo de resguardo? ¿Acaso es la novedosa forma de proteger elementos tan sensibles para dilucidar hechos que tiñen desdorosamente al Poder Legislativo? Este suceso se suma a las diversas chicanas que se están esgrimiendo durante la investigación de empeñosos fiscales.

Según un pormenorizado informe del sitio ANALISIS Digital y el programa televisivo Cuestión de Fondo, el material de marras provenía de Rafaela (Santa Fe) donde está ubicado el archivo tercerizado del Banco de Entre Ríos (AZ Administración de Archivos S.A.), requerido por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri para cotejar dicha documentación. Ahora se deberá determinar si realmente se trató de un robo circunstancial (cosa que no debería suceder si estuviesen fuera de la vista de eventuales “chorros” que actúan “al boleo”) o si quienes lo trasladaban ya lo habían dejado en un lugar determinado antes de arribar a destino.

Es que según ANALISIS, AZ depositó el 18 de julio en la sede de la contratista Adel Mar, 11 cajas cerradas, que arribaron a su planta de Colonia Avellaneda. Una de dichas cajas –que contenía 1.227 cheques emitidos por la Legislatura- debía ser derivada a la entidad bancaria al día siguiente para ser analizadas. Fue justamente esa caja la que desapareció. ¡Oh casualidad!

Recién el 23 de julio un representante de AZ se apersonó ante un fiscal de turno pero al parecer nadie de la justicia se percató de que se trataba del material requerido por la causa. “Aunque usted no lo crea”, diría Ripley. Pero el episodio que relataron los repartidores de 11 paquetes al día siguiente es una auténtica burla al entendimiento de los investigadores y de la ciudadanía en general.

Dijeron haber parado en una zapatería de calle Provincias Unidas para dejar una encomienda, descendiendo los dos empleados y ¡oh desagracia!, al retornar al vehículo, de los 10 bultos restantes justo había desaparecido el que contenía los cheques.

Se supone que una empresa que transporta material tan sensible como documentación financiera, debería extremar las medidas de seguridad y, cuanto menos, exigir que una persona permanezca dentro del rodado.

Esto, aquí y en la China significa mafia pura.

La versión de que advertidos ambos empleados del delito ante el aviso de una ocasional testigo del robo y huida de los autores, terminaron hallando en un baldío la caja (pero vacía). Reiteramos: ¡mafia pura!

La falta de denuncia en Paraná del delegado de AZ en Colonia Avellaneda –los fiscales lo supieron por información del banco-, acrecienta las sospechas. Y además robustece la hipótesis inicial de una organización delictiva muy bien orquestada que se instaló en la Legislatura. No menos vergonzoso es que algunos legisladores que contrataban personas para diferentes tareas, se quedaban con una porción del dinero percibido.

Quienes hacían los trabajos terminaban compartiendo el producto con varios que con sus sentaderas han venido deslustrando las butacas de los sagrados recintos. Además, hubo presta nombres que con total impunidad se asociaban a la gran maniobra que, como hemos citado, significó para los autores una suma superior a los 2 mil millones e pesos.

Lo cierto es que fueron sustraídos con sorprendente puntualidad, precisión y escape, valiosos medios de prueba cuya desaparición resulta altamente beneficiosa para vulgares estafadores al Estado (ergo, a los ciudadanos). El artículo 255º del Código Procesal Penal fija claramente las penas que recaen sobre quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente…”.

Comprende especialmente a registros o documentos confiados a un funcionario público u otra persona en el interés del servicio público. Hasta el momento de despachar esta columna, ninguna novedad se conocía. Claro que este asunto comparado con la corrupción del urribarrismo (protegida bajo los fueros), en perjuicio del Estado entrerriano durante 8 años, parecería una bagatela. Pero está lejos de serlo.

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