Código Penal: reforma expuesta a cuestionamientos

Días pasados, el diario La Nación un publicó aspectos vinculados con la labor de la Comisión de Expertos encargada de elaborar y presentar un proyecto de ley destinado a reformar y actualizar el Código Penal de la Nación. Un paso altamente sensible que apunta a un imprescindible aggiornamento en una materia de gran trascendencia para el cometido de la justicia y sus órganos componentes.

 

Por Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

 

Este paso desde luego que será bienvenido y que vendría a saldar viejas asignaturas pendientes. Empero aparece entre los puntos en debate, la propuesta de que los asesinos de docentes, médicos, jueces y fiscales deben recibir la pena de prisión perpetua. En buen romance, se considerarían estas profesiones como agravante, generando un fuerte estado de disenso que no resulta sencillo atemperar y menos conciliar con preceptos constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley.

En realidad, esta iniciativa no perseguiría tanto una extra jerarquización de determinadas funciones y/o profesiones, sino más bien apuntaría a dotar a estos ciudadanos de un plus de seguridad y tranquilidad (que hoy escasea) e instalar ello como herramienta disuasiva. Ese fuerte y traumático adicional en la pérdida de libertad derivado no ya de las características del homicidio sino de la profesión de la víctima, es lo que debilitaría la racionalidad y viabilidad de la reforma.

 

¿Asesinos que son más asesinos?

Entre nuestra observación de simple lego y los especialistas del derecho, debería terciar alguien que abra un debate claro sobre el tema, porque no se piensa instalar una escala de valoración de personas sino de profesiones. Aunque resulte una verdad de Perogrullo, esta idea no sólo conculcaría un derecho que nos viene desde la sabia Constitución de mediados del siglo 19, sino que los asesinos de personas que no ostenten las profesiones incluidas en la iniciativa, podrían beneficiarse con penas menos severas.
¿Deberían acaso actuar con extrema premeditación y alevosía para equiparar el grado de gravedad que supondría incurrir en los casos incluidos en la anunciada reforma? Dicho con más claridad: no sería el grado de crueldad del acto criminal sino la profesión de las víctimas lo que marcaría el castigo. Es imperioso que se aclare pronta y prolijamente este proyecto que originará un arduo debate y hasta podría escandalizar a no pocos juristas. Alguien se animó a afirmar que existirían muertos de primera y de segunda, aunque la muerte no establece diferencias al momento de la partida al otro mundo. El tránsito a la gloria es otra cosa.
De consagrarse la inclusión de jueces y fiscales dentro de esta extraña propuesta, el dilema se trasladaría al ámbito tribunalicio en tanto no podrían ser jueces y fiscales ordinarios quienes participen de los procesos, sino conjueces habilitados por las vías previstas por las normas vigentes.

 

Profesiones de primera y de segunda

La publicación periodística atribuye al presidente de la referida comisión y juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borisnski, la explicación de que “lo que se resguarda es la investidura, ya sea juez, fiscal, médico o maestro por el rol trascendente que desempeñan en la sociedad”, lo cual estaría relegando a todas las demás profesiones a una segunda categoría y subestimando su valor dentro de la sociedad.
No obstante, el magistrado se apresuró a aclarar que “es un tema que estamos estudiando con prudencia porque alguien puede decir que un bombero o una persona con otra profesión también son trascendentales para la comunidad”. En realidad, la solución sería eliminar de cuajo esta parte del proyecto para evitar controversias innecesarias.
¿Qué dirían sus mentores si el Congreso sancionara una ley disponiendo que los jueces que incurran en una demora no debidamente justificada serán pasibles de suspensiones e incluso de cesantía? Existen plazos más que razonables razonables pero también “archivos” sepultados por la negligencia y la desidia judicial.

 

El agravante de las demoras

Al cumplirse tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su ex esposa y actual Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sostuvo que “el Código Penal no contempla como agravante de homicidio el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición (…) con el magnicidio de Nisman, se trazó una raya”.
Pocos episodios tan dolorosos e impactantes ha sufrido la sociedad argentina como el asesinato del fiscal Alberto Nisman, pero es necesario advertir que cuando detrás de semejante magnicidio está la mano negra de organismos del propio Estado hábilmente adiestrados y poseedores de la necesaria logística y sobre todo impunidad, se deben potenciar todos los instrumentos de seguridad y protección, que fue lo que falló en esta circunstancia. El propio Poder Judicial tendría que haberse ocupado de preservar a un fiscal corajudo que pondría en jaque al poder y –duele admitirlo- la víctima quizás cometió exceso de confianza a la hora de proteger su vida y con ella la sensible documentación que poseía.
La presentación del proyecto del nuevo Código Penal estaría prevista para marzo próximo. Seguramente el debate será encarnizado. Entre los especialistas convocados hay figuras muy esclarecidas pero todos pertenecen al ámbito judicial, excepto un docente de la UBA y un alto funcionario nacional vinculado con Política Criminal y Legislación Penal. No se observan representantes de los colegios de abogados. Se ignora qué legislación comparada se ha tenido en cuenta al momento de discutir esta iniciativa, pero seguramente durante la larga discusión que viene se podrá conocer en detalle.

De todos modos no soslayemos que la labor de la Comisión creada por el presidente Mauricio Macri es largamente más vasta y compleja en cuanto se persigue sistematizar y ordenar toda la normativa penal, hacer las modificaciones necesarias y consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y garantías individuales.

Nuevas pautas para calificar los homicidios, la despenalización de la tenencia de sustancias de escaso poder psicoactivo para consumo personal que no trasciendan el ámbito privado, duras penas para delitos vinculados con el narcotráfico, un ítem que permita terminar con la famosa “puerta giratoria” y el seguimiento estricto de condenas por agresión sexual, son apenas un tramo de la agenda. Habrá que aguardar el resultado final.
Días pasados se anunció que la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el período K de 2006 a 2008, Romina Picolotti, acusada de utilizar fondos del INTA para gastos personales, irá a juicio durante el primer trimestre de este año, es decir, una década después. Los encargados de proponer reformas al Código Penal ¿tomaron nota de lo que significa la justicia en carreta?

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