Contratos truchos: se conocieron los fundamentos de la resolución que revocó la prisión preventiva de cuatro imputados

Se conocieron los fundamentos de la resolución por la cual los miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio resolvieron de forma unánime la semana pasada la revocación de la prisión preventiva de cuatro imputados en la causa.

Se trata de Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, que estaban alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, y de Flavia Beckman que cumplía la medida bajo la modalidad domiciliaria. La resolución se adoptó a raíz de un recurso de queja interpuestos por los abogados defensores de los imputados. En el texto completo de la resolución, al que accedió ANÁLISIS DIGITAL, Carubia consideró que las decisiones precedentes en el caso constituyeron “una arbitrariedad carente de fundamentos” y señaló que “configuran un supuesto de indebido e ilegítimo anticipo del cumplimiento de la pena”. A su voto, con agregados, adhirieron Mizawak y Giorgio.

En la introducción de su voto, Carubia repasó los argumentos de los abogados Humberto Franchi y José Velázquez -representantes de Beckman, Mena y Scialocomo- y de Damián Petenatti e Iván Vernengo, defensores de Bilbao. Más adelante, reseñó y la postura de la Cámara de Casación Penal que denegó la concesión de las impugnaciones el 27 de diciembre del año pasado.

Luego, consideró que la resolución adoptada por la Cámara de Casación “exhibe manifiesta ambigüedad”, dado que, si bien se pronuncia declarando inadmisibles los recursos concedidos, argumentando el incumplimiento de recaudos firmales, “igual a indebidamente se introduce en la consideración de la cuestión de fondo expresando, sin profundizar en el asunto, una oficiosa ratificación del acierto de las decisiones precedentes sobre la prisión preventiva de los imputados por quienes se recurre”.

Para el vocal, la cámara debería previamente haber puesto el legajo a disposición de las partes y fijado audiencia para oírlas, de manera tal de que pudieran ampliar sus fundamentos, tal como indica la normativa vigente. Si bien admitió que a esta altura destacar este aspecto es irrelevante para el proceso, optó por destacarlo en su pronunciamiento “al solo fin del señalamiento del error con miras a evitar su reiteración en el futuro”.

Más adelante, Carubia calificó a la decisión de Casación respecto de la inadmisibilidad como “confusa y autocontradictoria” y señala que “desconoce inexplicablemente la naturaleza fundamental del derecho a la libertad que, después de la vida, puede ser considerado como el derecho más valioso del ser humano”. A la vez, marca que la resolución “desatiende la expresa indicación que emana” de un informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que previamente fue citado en la argumentación.

Para el vocal, la resolución “hace caso omiso de la doctrina judicial que emerge, desde muchos años a la fecha, de múltiples pronunciamientos sobre el particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta misma sala del STJ de Entre Ríos admitiendo la apertura de las instancias, incluso extraordinarias, de impugnación cuando se encuentra en juego el derecho a la libertad individual, aun cuando el acto motivante carezca de carácter definitivo, porque sus efectos lo hacen equiparable por la irreparabilidad del agravio causado”.

Tras citar pronunciamientos propios de vieja data en tal sentido, Carubia reprodujo doctrina al respecto y expuso: “Las precedentes consideraciones me llevan inexorablemente a propiciar el acogimiento de las impugnaciones extraordinarias bajo examen y la consecuente nulificación de la atacada resolución de la Cámara de Casación”.

Imponer la restricción al derecho de mantener la libertad durante el proceso en virtud de la magnitud de la pena prevista para el delito de que se trate, de la eventual proclividad del imputado a cometer delitos, la sospecha de que continuará la actividad criminal y el peligro de fuga, más “la presunción en abstracto sin referencia alguna a la concreta y acreditada existencia de un verdadero peligro de daño jurídico”, constituye, para el vocal, “lisa y llanamente una arbitrariedad carente de fundamentos y configura un supuesto de indebido e ilegítimo anticipo del cumplimiento de la pena que ‘posiblemente’ será aplicada en caso de arribarse, luego del debido proceso, a una sentencia condenatoria”.

“No se argumenta sobre los hechos y las puntuales circunstancias realmente demostrativas de la existencia de peligro cierto y constatable de ‘daño jurídico’, sino sólo de modo meramente dogmático y aparente, lo cual, al impedirle de esa manera al encartado llegar al juicio en libertad -sin que concurran en el caso expresamente señaladas las condiciones para su restricción por vía de la legítima coerción procesal-, resulta indiscutible que se le está aplicando una verdadera pena anticipada a quien es todavía considerado inocente”, remarcó Carubia.

Más adelante, el vocal señaló que las “maniobras iniciales” de Mena, Beckman y Bilbao a las que el Ministerio Público Fiscal (MPF) adjudicó “intencionalidad obstructiva de la investigación” -contacto con un testigo, ocultamiento de pruebas, alteración de registros informáticos, mudanza de la oficina de Bilbao-, aunque pudieron justificar inicialmente el dictado de la prisión preventiva, una vez secuestrados todos los elementos de interés, puestos a resguardo del MPF y sometidos a las pericias pertinentes, más la realización de entrevistas a testigos, “en modo alguno brindan explicación realmente justificante del plazo de 120 días de prisión preventiva establecido en las decisiones del Juzgado de Garantías y del tribunal de apelación”.

“Carece de razonabilidad la extensión del plazo de prisión preventiva de estos imputados que sólo se intenta fundamentar en la gravedad del hecho, la magnitud de la operación, el rol protagónico que cada imputado tenía en ella, la cuantía económica del delito investigado, que son cuestiones por completo extrañas e irrelevantes a los fines de demostrar que exista riesgo de obstaculización de la investigación”, remarcó luego.

“Queda claramente evidenciada la intención de aplicar esta medida más allá de sus propios fines procesales, otorgándole, en cambio, una finalidad sustantiva propia de la pena, haciéndola jugar en el proceso como un indebido anticipo de ella”, expuso el vocal, antes de señalar que “la existencia de una fundamentación meramente aparente del resolutorio adoptado, basado en consideraciones genéricas sobre la exuberante naturaleza y gravedad del hecho, más bien dirigida a la convicción de la opinión pública antes que a otorgar el razonable e imprescindible sustento técnico jurídico”.

Respecto de Scialocomo, señaló que “no se le atribuye ninguna actividad seriamente verificable de eventual intencionalidad obstructiva de la investigación ni ocultamiento de pruebas, razón por la cual, en su caso, la privación provisional de su libertad no encuentra ninguna justificación ni fundamento mínimamente atendible, destacándose solamente su vinculación con el coimputado Bilbao, pero sin señalar ningún acto suyo de verificable obstrucción de la investigación”.

En la conclusión de su voto, Carubia indicó que no se demostró que exista riesgo verificable y real de obstrucción de la investigación por parte de los imputados y opinó que las prisiones preventivas “aún cuando pudieren haber encontrado inicial justificación, devienen a la fecha por entero carentes de todo fundamento y corresponde, en consecuencia, acoger las impugnaciones articuladas, disponiendo el cese de las mismas y la inmediata libertad de los mencionados”.

Las medidas de coerción impuestas a los imputados son fijar domicilio en Paraná y la prohibición de vincularse con testigos de la causa y de realizar actos perturbadores hacia ellos. Tampoco pueden ausentarse de la ciudad sin autorización y deben concurrir semanalmente a la Fiscalía

Por último, en un apartado, Carubia señaló “a modo de reflexión” que la Sala Penal tuvo intervención en este caso “al filo del vencimiento del extenso plazo de prisión preventiva de 120 días”, que vencían el 19 de febrero. Marcó que en la mayoría de los casos se fijan plazos inferiores que se van prorrogando, lo que no permite su revisión en todas las instancias impugnativas y hace imposible para los agraviados recorrer todas las vías impugnativas.

“Tratándose la libertad de uno de los más importantes y valiosos derechos individuales previstos en la Constitución, los reclamos por su eventual vulneración deberían reconocer -como en los casos de amparo, habeas corpus y habeas data- un especial y diferenciado procedimiento para su más urgente restauración en supuestos en los que corresponda, pudiendo el sujeto agraviado obtener, tempestivamente y con la celeridad que la cuestión requiere, pronunciamiento definitivo del último tribunal provincial competente y, para ello, deberían contemplarse plazos mucho más breves que los normales establecidos en la ley para los recursos contra las sentencias definitivas”, planteó Carubia.

 

El voto de Mizawak

Mizawak manifestó su adhesión “total y esencial” a lo expuesto por su par, aunque añadió algunas consideraciones. “Soy de opinión de que el encarcelamiento preventivo es una especie de ‘custodio’ de los fines del proceso penal y solo es legítima su imposición cuando están en peligro dichos fines, es decir, cuando la libertad del imputado ponga en riesgo la colección de pruebas o cuando hay peligro de fuga. Por ende, la prisión preventiva, como medida cautelar que es, no debe tener finalidades punitivas o ser un método de ablandamiento, presión o amenaza, ya que eso atentaría con el estado de inocencia del que goza el imputado”.

Luego indicó que concuerda con Carubia en que las medidas cautelares dictadas en el legajo “no resultan ajustadas a los principios reseñados y no pueden ser convalidadas”.

“Las resoluciones judiciales cuestionadas fundaron la privación cautelar de la libertad en la gravedad de los delitos investigados y la verosimilitud de la imputación, cuestiones netamente sustanciales, que se relacionan con el mérito de la acusación y que no revisten la trascendencia asignada para justificar un encarcelamiento preventivo”, marcó.

“Las decisiones impugnadas por las defensas no exponen argumentos válidos –más allá de una genérica referencia al plazo máximo en abstracto fijado en el código procesal y la supuesta complejidad de la investigación- que justifiquen tan alongado plazo de privación de la libertad, que no tiene precedentes en la provincia de Entre Ríos desde la instauración del nuevo sistema procesal penal”, añadió la vocal.

“Es dable advertir en que a poco de cumplirse cinco meses de encierro cautelar, los representantes de la Fiscalía continúan invocando los mismos eventos de manipulación de la prueba por parte de Beckman, Mena y Bilbao –nada refieren con relación a Scialocomo- suscitados en los comienzos de la investigación, sin reparar en el valioso dato -aportado por las encomiables defensas de los imputados en la audiencia informativa- relativo a que en el lapso en el cual los imputados cumplieron la detención domiciliaria no se denunció acto alguno de entorpecimiento de la investigación en curso”, acotó.

“En definitiva, las resoluciones judiciales que decretaron las medidas coercitivas no exponen motivos serios, atendibles, objetivos que permitan acreditar el riesgo de obstaculización de la investigación que aparejaría la libertad de los acusados, ni motivan suficientemente la excesiva y desproprocional duración de la prisión preventiva dispuesta, que pierde su naturaleza cautelar procesal y pasa a ser un inconstitucional anticipo de pena”, completó, antes de calificar como “discrecionales, basadas en meras conjeturas de futuro y desprovistas de apoyo fáctico válido” a las prisiones preventivas de los imputados.

Mizawak también compartió con Carubia la observación sobre “la ausencia de normas procesales específicas que contemplen la necesaria celeridad que debería imprimirse a los recursos en los que se discute la imposición de una privación cautelar de la libertad”.

 

La postura de Giorgio

El vocal Giorgio también adhirió a la postura de Carubia y agregó: “Si bien interpreto que en su momento existieron motivos razonables para el despacho de la medida cautelar que ha sido objeto de cuestionamiento, de acuerdo a la provisoriedad que caracteriza dicha medida, su tiempo evidentemente se agotó al perder actualidad los riesgos procesales que fueran oportunamente invocados para disponer así su imposición”.

“En el caso en examen y de acuerdo a los argumentos vertidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal, aún cuando en su momento los encartados podrían haber llevado a cabo determinadas actividades tendientes al ocultamiento de evidencias, todo ello fue debidamente desarticulado con las medidas de allanamiento y secuestro practicados meses atrás, sin que se encuentren pendientes de producción otras diligencias investigativas de ese tenor, por lo que el mantenimiento del encarcelamiento preventivo sin otra finalidad concreta y específica se traduce mayormente en una suerte de reproche o sanción anticipada de conductas que deberán ser evaluadas en la etapa de un juicio al que todavía no se ha arribado”, acotó.

 

fuente: ANÁLISIS DIGITAL

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