Contratos truchos: se determinó que el desvío de fondos públicos supera los 2.000 millones de pesos y se complica la situación de Urribarri

En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década, ya se determinó que los recursos desviados mediante las maniobras superan los 2.000 millones de pesos. 

La justicia avanza en silencio en la causa por los contratos legislativos truchos. Si bien inicialmente se había señalado que la defraudación al Estado entrerriano llegaba a 1.230 millones de pesos entre 2008 y 2018, la cifra, casi dos semanas después, ya trepó a más de 2.000 millones y demuestra la gravedad de lo sucedido en un desvío de fondos públicos sistemático e impune.

Algo de esos números se puede observar en cuadernos y papeles secuestrados en la casa de los actuales detenidos, que fueron exhibidos en la última audiencia en la que se ratificó la continuidad de las prisiones preventivas de imputados. Allí aparecen números, detalles de repartos e iniciales de legisladores y de beneficiados que permiten avanzar en desentrañar el mecanismo que se extendió por una década y que benefició a unos pocos con millones de pesos del Estado.

Ya son más de 60 los contratados que declararon ante los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Arramberri. Cada uno de ellos siguió por el mismo sendero: cobraban un cinco por ciento del contrato y todos debían reportar a Hugo Mena, Flavia Marcela Beckman, Alfredo Bilbao y Ángel Scialocomo. Es decir, los actuales detenidos de esta historia, en cuyos domicilios se secuestró documentación que resultó determinante para llegar hasta esta etapa de la investigación.

Lo que va surgiendo es que cada vez se complica más la situación del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri. Sucede que a quienes llevan adelante la investigación les quedó claro quién es uno de los individuos que subía el dinero recaudado hacia el poder político.

Se trata del ex policía Alejandro Almada, quien recibía el dinero de Alfredo Bilbao, tras la recolección de pagos por cheques y tarjetas de débito que hacían Hugo Mena y Flavia Beckman.

Almada -además de ser hijo del comisario retirado Héctor “Pitín” Almada, quien fuera detenido por tenencia de armas de guerra y ya había sido condenado por una causa similar en la provincia de Misiones en la década del ’90- es socio y cuñado de Juan Pablo Aguilera quien, a su vez, es cuñado del ex gobernador Urribarri. Cabe preguntarse hacia quién subía el dinero recaudado de los contratos.

No es la primera vez que Almada aparece en la escena judicial. Ya está imputado por fraude a la administración pública, en la causa en la que están también acusados Urribarri, Aguilera y el diputado Pedro Báez, entre otros, por irregularidades en la contratación publicitaria con el Estado entrerriano.

En esa misma causa también están imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Belén Almada, hermana de Alejandro Almada y actual pareja de Aguilera. Todos son socios en la empresa Formato Urbano SRL (cuya razón social es TEP SRL), principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el ex gobernador Urribarri y su ex ministro Báez. Es decir, el mismo círculo en el desvío de dinero o manejos irregulares.

A Almada le secuestraron, en enero de este año, 371.400 pesos, cuando un operativo de la Policía Federal en la ruta 12 interceptó el vehículo en el que se trasladaba y encontró esa alta cifra de dinero en el baúl. “Son ahorros personales”, dijo el ex agente de Policía, actualmente cumpliendo funciones en la Cámara de Diputados de la provincia, tras acotar que esa mañana había salido a buscar una futura vivienda en la zona, para analizar una inversión y concretarla in situ, sin mayores intermediarios.

El auto Ford Focus 2017 de Almada estaba a su nombre y su cuñado Aguilera tenía disponible una tarjeta azul para libre circulación. Como para que quede claro que se mueven casi en simultáneo con los negocios con el Estado. Almada y Aguilera -que también aparece mencionado en los cuadernos secuestrados a los detenidos- son Urribarri.

Los investigadores judiciales tienen claro que si el ex gobernador no hubiera estado atrás de estas maniobras, esto nunca hubiese sucedido, tal como se concretó en estos últimos diez años. No obstante, Urribarri no deja de sorprender: pese a verse directamente involucrado, a generar cierto malestar en varios de los diputados del PJ -porque se entiende que la mayoría de los contratos truchos encontrados a nombre de legisladores, eran por un pedido especial del ex mandatario y exclusivamente para su beneficio económico-, en la última sesión presentó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora sobre las contrataciones legislativas.

No se dio cuenta de que ya es demasiado tarde y su idea suena a maniobra distractiva. Y que la justicia ya ha avanzado lo suficiente para demostrar la gravedad de un mecanismo de desvío de dineros públicos y que la opinión pública espera, de una buena vez, que se acabe la impunidad y que sus hacedores paguen por tanto daño.

Fuente de texto: Análisis Digital.

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