El magnífico costo de oportunidad de la corrupción

A la luz de la actual coyuntura, una vez más y de manera clara se hace muy difícil separar los ciclos políticos de la cancha económica y sobre todo cuando buscamos medir las ingentes pérdidas causadas por la malversación de fondos públicos en los últimos años.

 

Por Marisol Gonzalo – Contadora pública nacional y Lic. en Adminsitración

 

Este sencillo análisis tiene como fin que se entienda y dimensione en su justa medida el daño real que la corrupción provoca en la sociedad, pero no solo en términos monetarios sino sociales.

Se llama costo social al costo del efecto que el acto de corrupción produce en la sociedad, ya sea en forma directa (se refleja en menos escuelas, menos hospitales, menos rutas) o indirecta (muertes de personas y/o accidentes materiales). Hay que tener en claro que, a mayor corrupción, menor inversión, mayor destrucción de empleo y, por ende, menor crecimiento y mayor pobreza.

Solamente para tener en cuenta otros conceptos que no son menos importantes y que muchas veces se nos pasan por alto: la evasión (los impuestos que se dejan de pagar) y el costo de oportunidad asociado (costo de una inversión que no se realiza, en el caso del estado, por el importe que deja de recaudar por la evasión).

La matriz de corrupción a nivel nacional tuvo como principal instrumento de financiamiento el sistema de compras y contrataciones públicas. El mecanismo es muy obvio: la corrupción es percibida como un impuesto a la inversión, lo que disminuye su volumen y, como consecuencia, la capacidad de una sociedad de modernizarse, aumentar su producción y sus salarios. Siempre en la operatoria están necesariamente involucrados los dos sectores, público y privado.

En el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, la Argentina, si bien mejoró en relación a los últimos 5 años, y, aunque hoy ocupa el lugar 85 sobre 180 países evaluados, puesto compartido con países como Benín o Kosovo, sigue siendo percibido como uno de los países más corruptos del mundo. El país menos corrupto es Nueva Zelanda, seguido por Dinamarca. Y en la región, Uruguay y Chile son percibidos como los menos corruptos, respectivamente. Si nuestro país mejorase su índice de transparencia desde el 3,9 (2017) hasta el 5,24 (1995), se ubicaría hoy en la posición 50 del ranking, cerca de Hungría, Croacia o Eslovaquia y su ratio de inversión, en relación con el PBI, podría acercarse al 22% en vez del 17% actual.

Si a esto le sumamos el mega-endeudamiento al que nos venimos sometiendo desde hace mucho tiempo en el mercado local e internacional y los sobrecostos que necesitamos para financiar un gasto público deficiente y enorme. Todo esto repercute en situarnos como un país poco atractivo para invertir. Es decir que el costo de oportunidad (inversión que no se realiza) que nos estamos perdiendo es realmente muy alto. No solo por lo que se deja de invertir a nivel nacional por la corrupción propiamente dicha sino por las potenciales inversiones que dejamos de recibir del resto de los países.

Según un trabajo realizado hace unos meses por Vicente Monteverde de la UADE, denominado “El costo de la corrupción y el beneficio indebido: dos caras ocultas del mismo espejo”, en el costo de corrupción de la obra pública, en base a la percepción de un soborno del 10%, y un sobreprecio de obra pública del 25% el costo de corrupción para el Estado Argentino es de 46,12%.

Todos, tenemos la responsabilidad moral de actuar en consecuencia, sincerarnos como sociedad y entender que el Estado no es un ente aislado que actúa por sí solo. Cuando hay un hecho de corrupción, siempre hay un privado que es cómplice del funcionario de turno.

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