El Senado sancionó por unanimidad los cambios al proyecto que pena a las empresas corruptas

“Estamos creando una figura nueva para nuestro sistema penal. Esto merecía un profundo y cauteloso estudio para buscar la mejor ley posible”, explicó Pedro G. Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante en el debate de la Cámara Alta, que sancionó la ley que establece un régimen para penar a las empresas que cometan delitos de corrupción.
“Logramos un texto que permite que la legislación argentina se alinee con las legislaciones internacionales que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción”, explicó el senador.
A lo largo de las 5 jornadas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales convocó y escuchó a los 39 expositores que propusieron los Senadores, entre los cuales hubo jueces, fiscales, funcionarios, expertos y representantes de cámaras empresarias.
Todas las partes tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista y de hacer su aporte a esta ley, que tuvo su origen en el Poder Ejecutivo -en cumplimiento de lo requerido desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)- y fue luego debatida en la Cámara de Diputados.
Si bien el Poder Ejecutivo plasmó la mayor cantidad de requerimientos posibles en el texto original presentado, esto no fue suficiente para la OCDE, que dejó constancia de sus observaciones al proyecto original en un informe denominado REPORTE FASE 3BIS.
Según este reporte efectuado en marzo de este año, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo brindaba respuesta a varias de las recomendaciones, pero no a todas. “por eso es que en el Senado debíamos trabajar con calma y responsabilidad para lograr un texto que nos permitiera cumplir con la convención”.
Guastavino explicó que “teníamos la tarea de mejorar el texto que venía de diputados. El objetivo era adaptar el sistema penal argentino en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y el soborno transnacional a los estándares internacionales a los cuales la República Argentina se obligó al adherir a la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales”.
Luego de un profundo debate, el proyecto de ley CD 16/17 y 17/17, recibió diversas modificaciones que permitieron consensuar el texto definitivo.
“Parte de la tarea supuso también eliminar vaguedades e imprecisiones en la tipificación de las figuras. Ha sido un arduo trabajo. El objetivo es siempre mejorar nuestro sistema penal y esto hoy fue reconocido en el recinto”, concluyó Guastavino.
Este es el detalle de los cambios que se introdujeron:
Delitos que abarca la ley: a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto por el artículo 265 del Código Penal; c) Concusión, previsto por el artículo 268 del Código Penal; d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previstos por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal; e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Sistema de Imputación: Se acordó que el mejor modelo para nuestro sistema penal era el modelo objetivo (también llamado “Vicarial”), que a su vez está contemplado en el artículo 304 del Código Penal.

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción: Este aspecto fue eliminado del texto ya que fue objetado por todos los juristas y jueces que participaron del debate.

Multas: se tomó como parámetro una pena de multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener.

PYMES: Del debate se concluyó que no existe ningún motivo para que una PYME que cometió un delito de los contemplados en la ley no sea sancionada por su actuar ilícito.

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