El show moralizante de la política judicializada

El dólar a más de $30, la inflación acuciante, la caída de la capacidad adquisitivo del salario de la clase trabajadora, el retorno al FMI, la reaparición del “riesgo país”, la ola de ajustes en el sector público que va desde despidos a recortes en las jubilaciones; todo ello es parte del panorama económico de la Argentina gobernada por la alianza Cambiemos. También las operaciones judiciales – mediáticas sobre casos de corrupción no comprobados que involucran a los principales líderes de la oposición e, incluso, a la propia institucionalidad del Partido Justicialista Nacional.

 

Por Agustina Díaz (*)

No se trata de desacreditar la legitimidad que tiene el Estado, a través de la justicia, de buscar el esclarecimiento de hechos que pueden haber constituido una ilegalidad o un delito. Se trata de que el poder judicial se comporta como apéndice del partido gobernante, actuando a través de procesos plagados de irregularidades, mostrando una fuerte tendenciosidad y no respetando las garantías de la imparcialidad ni el debido proceso.

Esto no es nuevo bajo el sol continental que ya ha sido testigo de la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva en Brasil, el asedio al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, y las persecuciones al primer mandatario boliviano Evo Morales.

 

Así es como, cada vez de manera más burda y clara, ante cada nuevo resquebrajamiento de la estabilidad económica, aparecen llamados a declaración, allanamientos cinematográficos y la cobertura “en vivo”, al mejor estilo reality show, de toda la escena.

 

Sin embargo, los casos de corrupción que rondan al gobierno y sus funcionarios, pasan sin pena ni gloria por algún espacio mediático para luego quedar sepultados. El escándalo internacional de los Panamá Papers, el bochorno de los aportantes truchos y toda la red de estafa que eso significa, el narco-municipio de Paraná donde la repartija de bolsas de cocaína era parte de la estrategia de campaña, por mencionar sólo algunos casos, nos hablan de un blindaje y justificación mediática.

Por supuesto que la corrupción hiere en lo más hondo al corazón honesto de un pueblo trabajador que ve abofeteada su dignidad y pisoteada su confianza. Por eso los actos de corrupción deben ser investigados, sancionados y castigados. Porque a la desconfianza y la decepción le continúa el “son todos iguales”, el descreimiento de la política y el abandono de la participación.

El “clivaje moral” en la cultura política argentina no es nuevo ni menor. La propia Unión Cívica Radical surgiría como partido político moderno al oponer “la causa” (republicana) frente al “régimen” (de corrupción) de los conservadores. No había allí crítica alguna a la forma de producción y distribución de la riqueza ni a las bases del sistema agro-exportador, por el contrario, serían años de bonanza y profundización de la “Argentina como granero del mundo” y las decisiones políticas girarían en torno a ello. El inmenso saldo de muertos de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde reflejarían que conservadores y radicales asumían la fuerza del Estado para garantizar y exigir relaciones sociales de producción que no fueran interrumpidas por ningún reclamo obrero.

Casi un siglo después, la fuerza política llamada “Alianza” no pondría en su plataforma de campaña ningún punto referente a transformar el modelo económico liberal y de endeudamiento que había llevado el menemismo durante la década del 90’. Por el contrario, su mayor punto de diferenciación era distinguirse de la corrupción del gobierno anterior y proponer transparencia y ética pública. La rápida salida del vicepresidente Chacho Álvarez por la escandalosa causa de sobornos en la votación de la ley de flexibilización laboral daría por tierras las pretensiones moralizantes de la Alianza y la debacle económica ya hacía estragos en la mesa de los hogares argentinos.

Del mismo modo, Macri en su campaña prometió no hacer todo lo que está haciendo ahora: abrir importaciones, achicar al sector público, volver al FMI, devaluar, llevar al dólar a precios elevadísimos, aumentar las tarifas, bajar las jubilaciones, terminar con las paritarias libres, etc. Su eje era la transparencia frente a la corrupción.

 

Es el único recurso mediático que hoy sigue teniendo para distraer a la opinión pública frente a la dificultosa coyuntura económica de las clases medias y los sectores populares.

 

Buscar la paja en el ojo ajeno mientras se tiene una viga en el propio, andar con el dedo acusador por delante apropiándose de lo “moral” y llevando a lo “inmoral” a todos los demás es un recurso poco novedoso a esta altura de nuestra historia política.

No faltan los dirigentes de las propias fuerzas políticas de la oposición, preocupados por las encuestas de opinión (que fluctúan al ritmo de quienes las pagan), que buscan desprenderse rápidamente de cualquier asociación a los “acusados” con tal de salir personalmente airosos. Los y las políticas, funcionarios y dirigentes tienen el deber ético de contribuir a la lucha por la verdad y a obrar según la ley. También tienen la responsabilidad histórica de jugársela por la fuerza política en la que se suponen que creen y la cual constituye la oposición a un modelo de país que contradice sus principios doctrinarios.

El pueblo valora tanto la honestidad como la coherencia. Y cada vez que en la góndola de un supermercado ve remarcada la leche que tiene que darle a sus hijos, comienza a sospechar que mientras los políticos hacen sus juegos, la calidad de su vida se sostiene a duras penas.

Forjaron nuestro país, nuestra provincia y nuestros pueblos, hombres y mujeres de trabajo y honestos que no se dejan embaucar si les quieren vender gato por liebre. Así, en muchos países hermanos de América Latina, los pueblos se ven desprotegidos ante gobiernos que recortan derechos y poderes judiciales que juegan un propio juego corporativo.

Honestidad y coherencia es lo que, naturalmente, reclaman los votantes y vecinos de a pié, que hartos de las especulaciones políticas y shows mediáticos quiere poder llevar una vida de trabajo, de disfrute y de derechos en paz, donde su esfuerzo personal y familiar valga la pena en el marco de un país que le garantiza condiciones de vida y progreso.

 

(*) Licenciada en Ciencia Política egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Docente Universitaria. Miembro de la Fundación para la Integración Federal y de la organización de Patria Justa Gualeguaychú

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