El Tribunal de Cuentas define si la organización de la Cumbre del Mercosur causó un perjuicio al Estado entrerriano

A casi tres años de la realización en Paraná de la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) sigue sin saberse cuánto dinero destinó el gobierno entrerriano para su concreción. Y la incógnita recién se despejará cuando el Tribunal de Cuentas concluya el análisis de la documentación brindada por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM).

Si bien el trabajo de los auditores ya terminó, todavía resta examinar si hubo perjuicio. El expediente se encuentra para esa instancia a consideración de la Secretaría Letrada del Tribunal de Cuentas. Si detecta anomalías pedirá a Fiscalía de Estado que denuncie penalmente y se inicie una demanda por resarcimiento.Si tras el examen se concluye que no hubo perjuicio, corresponderá convalidar las actuaciones y sugerir que la rendición sea aprobada sin más trámite por la conducción del Tribunal de Cuentas. De lo contrario se elaborará un dictamen proponiendo el inicio de una demanda por resarcimiento.

El procedimiento que se puso en marcha está estipulado en el artículo 49 de la Ley 5.796, que fijó la orgánica del ente de control. Según esa norma, que alude a la responsabilidad penal, “el Tribunal de Cuentas examinará los supuestos en que tal responsabilidad pudiera tener lugar y remitirá sus conclusiones y antecedentes al Fiscal de Estado para que proceda a promover ante el juez competente la demanda por resarcimiento de los perjuicios irrogados”.

La ley también establece que el fiscal de Estado “podrá, a tales fines, deducir la correspondiente acción civil y/o asumir el rol de querellante autónomo con las mismas atribuciones que los integrantes del Ministerio Público Fiscal”.
Lo que se hizo

La Ley 10.327 no sólo permitió la creación de la UOCM, sino que le otorgó además amplias facultades para contratar bienes, servicios y obras en forma directa, sorteando los procedimientos habituales previstos por la Ley de Contabilidad. Por esa razón, y a los fines de controlar las erogaciones efectuadas con motivo de la Cumbre del Mercosur, el Tribunal de Cuentas emitió la Acordada Renditiva 272/2014.

El contralor de la UOCM quedó bajo competencia de la Vocalía de Cuentas Nº 1, con intervención del conjunto de las Fiscalías de Cuentas. Según lo dispuesto por la acordada, el ente a cargo de Hugo Céspedes debió efectuar rendiciones mensuales, lo que generó legajos con los movimientos de ingresos y egresos para su verificación in situ.

A partir de esa directiva los auditores efectuaron su trabajo en dos etapas. La primera incluyó un análisis de las rendiciones de cuentas en sus aspectos formales, legales y numéricos, la verificación de las autorizaciones presupuestarias y de los comprobantes respaldatorios de las erogaciones realizadas.

Respecto de ese último punto, el interés de los auditores se centró en la certificación de la recepción de las obras y servicios brindados, valiéndose para eso de informes técnicos o actas que pudieran justificar la razonabilidad de los precios pagados. Y también tuvieron en cuenta verificar, en los casos que resultaron pertinentes, la actuación previa de la Contaduría General de la provincia.

En la segunda etapa, efectuada de manera selectiva, los auditores controlaron que hayan ingresado a los organismos competentes aquellos bienes, obras o servicios adquiridos con motivo de la Cumbre pero que tenían como destino alguna repartición estatal.

Números parciales

Si bien la Ley 10.327 le impuso como obligación rendir cuentas ante la Legislatura, Céspedes apenas brindó un informe parcial el 12 de marzo de 2015. Lo hizo mediante seis folios que adjuntó a una nota, con la que además le pidió al entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, una prórroga de 30 días para brindar el informe definitivo.

En su descargo Céspedes señaló que todavía quedaban pendientes algunos pagos y diversos trámites administrativos. Su rendición parcial tomó estado parlamentario el 13 de marzo y cuatro días después, sin más trámite, la mayoría oficialista aprobó el expediente 1.684.916 y dispuso su envío al archivo.

Ese expediente fue secuestrado poco después por orden del fiscal Santiago Brugo, uno de los representantes del Ministerio Público que interviene en las dos causas penales en las que se investigan presuntas irregularidades cometidas durante la organización de la Cumbre del Mercosur.

Pero lo cierto es que tampoco la Justicia accedió a la rendición definitiva de la UOCM. Lo que pudo saber fue lo que Céspedes informó aquella vez a la Cámara de Diputados: que entre el 3 de noviembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015 emitió 251 órdenes de pago por 84,5 millones de pesos.

Las planillas tienen en el ángulo inferior derecho un sello con la inscripción “Unidad Operativa Cumbre Mercosur”, pero Céspedes no las firmó ni les agregó copias de facturas o certificaciones de pago. Y si bien la Justicia reclamó la rendición definitiva, la Cámara de Diputados no se la entregó porque jamás la recibió. . . aunque tampoco la reclamó.

 

Análisis.

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