Inercia ciudadana cómplice de la corrupción

Millones de argentinos habitualmente desentendidos de la realidad política, se van quedando sin argumentos ni atenuantes para no reaccionar ante la corrupción enquistada en el poder. Peor aún, se ha consentido recurrentemente que personajes que se llenaron de dinero con cifras super millonarias a costa del erario público, continúen dentro de la política y se cobijen en esa suerte de aguantadero de malandras en que se van convirtiendo las cámaras legislativas, donde los pares de los imputados poseen la potestad de aceptar o rechazar según les parezca, el desafuero de los delincuentes seriales.

 

Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

Pero debe advertirse que esta prebenda no nació en el Templo de las Leyes sino en un mandato constitucional que -no ponemos en tela de juicio sus intenciones- erraron feamente el rumbo para terminar otorgando protección especial, por la mera condición de legislador, a quienes deben ser citados por la justicia como cualquier ciudadano, si ello procediese frente al Código Penal.

Los procedimientos derivados de una corrupción inédita, que un magistrado y un fiscal ordenaron días pasados, involucrando a ex funcionarios K, empresarios (especialmente de la construcción), laderos necesarios y hasta la dos veces presidente de la nación y actual senadora nacional Cristina Fernández como eventual jefa de una verdadera banda, no hicieron otra cosa que confirmar lo que todo el mundo viene sabiendo y que sólo por la sospechosa parsimonia judicial se venía estancando.

Al margen de las revelaciones que superan toda capacidad de asombro del colectivo social y el estupor generado por las cifras que se manejan y las metodologías urdidas con precisión quirúrjica y exactitud de relojería –que irán motivando nuevas detenciones y allanamientos en busca de bolsones con dólares saqueados al Estado (al pueblo)- merece abordarse un tema que deberá ser revisado con propósitos de verdadera restauración moral.

Es que al honesto y luchador ciudadano sumido en sus problemas y quehaceres cotidianos, no le entra en la cabeza que ladrones crónicos no sólo se escabullan de los tribunales, sino que encima le hagan Pito Catalán a los magistrados instalándose en las bancas.

Por ello es menester recordar el origen y finalidad de los llamados “fueros”. El artículo 68 de nuestra Ley Suprema manda que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opciones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. ¿Pero tampoco por malas andanzas ilícitas ajenas a su arribo a un escaño?

Y el 69 reza que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Nos llama fuertemente la atención que los convencionales de 1994 hayan olvidado que la pena de muerte fue abolida en nuestro país en julio de 1922 (reforma del Código Penal), seis años después de la ejecución de Francisco Salvato y Giovanni Lauro. De allí que resulta extraño que no se haya advertido ello al revisar el texto a reformar. Nunca se supo porqué se dejó intacto el art. 69º y tampoco se tuvo en cuenta que mal puede refugiarse un legislador en sus fueros para eludir cargos vinculados con actividades anteriores sin vinculación alguna con la labor en las bancas.

Además debe recodarse que en esta reforma de hace casi cuarto siglo, se insertaron en su art. 75º, inciso 22º, con jerarquía superior a las leyes, tratados internacionales suscriptos por Argentina y que incluyen la derogación de la pena de muerte donde existiese. Cristina Fernández de Kirchner no puede continuar gambeteando la ley y, eventualmente, también le cabe a su hijo diputado nacional, que aparecería en medio de las maniobras más vergonzantes ejecutadas al amparo del poder político

Un proyecto de 1917 destinado a eliminar tan grave condena, argumentaba “la falta de de derecho de matar al semejante, irreparabilidad del mal y la necesidad de que el condenado viva para reparar el perjuicio causado a la víctima y a la familia”.

No nos vamos por las ramas si nos remitimos al prestigioso jurista Juan Carlos Vega cuando sostiene que “la justicia argentina no goza de la confianza de la ciudadanía, porque nunca logra condenar los delitos del poder político (…) o llega tarde o si llega, los fueros amparan a los delincuentes”. Remarca que “es la política criminal del Estado la que debe cambiar. Y una política criminal de cambio debe redefinir la dirección del paso de la protección permisiva del Estado. Buscar que haya castigo eficaz y en plazo razonable para los delitos del poder”.

Por ahora hay que resignarse y aceptar las reglas actuales que en un proceso judicial y aún ameritando una condena, lo que no puede disponerse es una medida privativa de la libertad estando el procesado en pleno ejercicio de su función legislativa. Esto supone que delitos como el peculado o lisa y llanamente la coima cometidos en ocasión de ocupar cargos en el Poder Ejecutivo (como ocurre hoy), no molesten a personajes enriquecidos ilícitamente.
¿Cuál sería el ardid? Que como dicho fuero rige apenas electo y hasta culminar el mandato en la banca, podría valerse de una reelección salvadora y sin límites de tiempo. La actitud corporativa de sus pares bajo el añejo dicho “hoy por tí y mañana por mi”, siempre será útil y oportuna.

Movimientos y concentraciones diarias, a veces con violencia descontrolada, por cuestiones claramente sectoriales –que no les quita por ello legitimidad- mueve a preguntarse: ¿Porqué no una demanda de toda la sociedad bajo la única y sagrada consigna de Justicia Ya?

En setiembre de 2015, el entonces candidato a presidente por Cambiemos, Mauricio Macri, en diálogo con la postulante al Parlasur, Mariana Zuvic, le decía: “¿Porqué los políticos tienen que tener privilegios? ¿No deberíamos ser todos iguales ante la ley? Por eso decimos chau fueros”.

La amnesia ataca a cualquier mortal, incluyendo un primer mandatario. Pero no debería afectar a los magistrados. Esto ocurre en el ámbito de la justicia nacional y también en Entre Ríos.

La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida en agosto de 2016 tras duros debates a partir del Impeachment (juicio político), aunque si bien los cargos incluían supuestos sobornos en Petrobras y un presunto desvío de dinero desde la petrolera estatal para su campaña reeleccionista, la principal acusación fue el haber violado normas fiscales maquillando el déficit del presupuesto.

El ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, purga hoy una larga condena por corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias y haber recibido sobornos entre 2006 y 2012 por 3,7 millones de reales,
¿Cuántos países habrá en el mundo que soporten tanta corrupción organizada amparada por la pereza judicial y con culpables que se refugian en fueros a esta altura ya indecentes?

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 7 años de prisión a Carlos Menem, por la causa vinculada con la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Pero siguió libre argumentando que apelaría ante la Corte y, mientras tanto, despunta el vicio sentado en una banca de senador. ¿Será distinto el proceder final de nuestros fiscales y jueces ante el “cuadernogate”?

Mientras cerrábamos esta columna, el ex vicepresidente Amado Boudou era condenado a 5 años y 10 meses de prisión por graves delitos y trasladado a una cárcel. Hay corrupción en todos los países pero en Argentina la diferencia la ha venido marcando la impunidad. ¿Será el principio del fin? ¿Se viene el desfile final de los “chorros” K? ¿Tiene que ser sólo el periodismo el que destape ollas malolientes?

Durante los 12 años que el kirchnerismo gobernó el país, ninguna de sus principales figuras prometió la lucha contra la corrupción y el imperio de la transparencia. Hoy no debe quedar ningún argentino que no comprenda la razón.

 

Foto: Cfin

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