Informe secreto: la Armada sabía que el San Juan fue reparado con material inadecuado y que presentaba fallas

Junto a parte de su equipo, el viernes por la mañana la diputada Elisa Carrió presentó ante la Justicia una demanda donde acusa a ministros del área de Defensa de hechos de corrupción cometidos durante el gobierno kirchnerista.

No cualquier hecho: acciones y omisiones graves durante la reparación del hoy perdido submarino San Juan. Entre las pruebas que presentó la legisladora estaría un informe de inspección técnica del submarino, realizado por la propia Armada con fecha del 20 de diciembre de 2016 y calificado como “secreto”, que describe que “las deficiencias encontradas en el equipamiento del ARA San Juan dificulta su alistamiento para cumplir con los planes de rigor”.

En el mismo informe, la Marina señala que el San Juan no contaba con las herramientas básicas para socorrer a ningún posible herido en su navegación marítima y reconoce que “durante las reparaciones de media vida se utilizaron materiales no adecuados o de baja calidad en sistemas sometidos a la acción del agua de mar y presión hidroestática”.
El mismo viernes en que Carrió presentó la denuncia, pero por la noche, el almirante Marcelo Srur fue desplazado de la jefatura de la Marina. Esta decisión del ministro de Defensa, Oscar Aguad: ¿está vinculada con la presentación judicial de Carrió? Al menos en un documento, sí: uno que compromete a Srur. Es el informe de una inspección técnica del submarino, a cargo de la propia Armada, y con fecha del 20 de diciembre de 2016. Un año atrás. El documento al que accedió Clarín estaba en conocimiento de Srur. Pero en el gobierno lo detectaron hace poco. Otros informes de la Armada contradicen a esta auditoría anterior. Esta situación fue una de las razones por las que Aguad decidió desplazar al Almirante Srur como jefe de la fuerza. Todos esos informes serán parte de la investigación interna impulsada por el ministro que investiga qué pasó con el submarino.

El informe lleva la calificación de “Secreto” pero integraría el conjunto de pruebas sobre posibles desmanejos en la Marina que aportó Carrió a la Justicia. Hace 31 días que el San Juan no aparece. Perdió contacto con tierra después de que su comandante avisara que la nave había sufrido una avería. Llevaba a bordo a 44 tripulantes. En su informe de diciembre de 2016, la Marina describe así el estado de ese buque de sumersión de guerra: “Las deficiencias encontradas en el equipamiento del ARA San Juan dificulta su alistamiento para cumplir con los planes de rigor”. En el mismo informe, la Marina señala que el San Juan no contaba con las herramientas básicas para socorrer a ningún posible herido en su navegación marítima. La Justicia deberá determinar si esos elementos se incorporaron durante 2017 al submarino. O no.

Fuentes gubernamentales aseguran que es muy probable que algunas de las deficiencias de material básico que no tenía el San Juan pudo ser comprado durante el último año. Pero los problemas de fondo, como el material inadecuado con el que fue sospechosamente reparado, se intentaron ocultar a la Casa Rosada.

A lo anterior se suman otros datos impactantes, si se atiende lo que le había pasado al San Juan de acuerdo al último reporte que pudo mandar su comandante. Hace un año, el documento oficial “secreto” detallaba que el submarino presenta “limitación en la vida útil de las baterías”. Fueron esos reservorios de energía los que, según el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, al mando del submarino, fallaron. Las baterías podrían haber iniciado una explosión u algún otro tipo de falla masiva.

El documento “secreto” de la Armada navega sobre otras variables del submarino. Una de ellas, central para la denuncia de la diputada Carrió: ¿Cómo fue la reparación del San Juan durante los años 2008 y 2014? La propia Armada se sincera en su informe: el tiempo de los arreglos se alargó y los arreglos terminaron mal hechos. “Durante las reparaciones de media vida se utilizaron materiales no adecuados o de baja calidad en sistemas sometidos a la acción del agua de mar y presión hidroestática”, describe.

A través de sus subordinados, las autoridades navales siempre estuvieron informadas de que aquellos “arreglos” -que en verdad no fueron tales – generaron al San Juan “averías y situaciones de emergencia para la unidad” durante el último año.

En la denuncia judicial presentada por Carrió, se pide que se investigue el proceso de “reparación de media vida” del San Juan. Los principales acusados son quienes estuvieron al frente del ministerio de Defensa durante aquellos años K cuando el submarino hoy siniestrado fue arreglado no sin un defasaje de varios años de acuerdo a lo estipulado por el Estado y sus contratistas. La denuncia pide investigar a la ministra Nilda Garré, a su jefe de Gabinete en el Ministerio de Defensa (que también era su hermano, Raúl Garré) y a quien reemplazó a Garré en el cargo, Arturo Puricelli. También pide la denuncia de Carrió que se investigue al sucesor de Puricelli y último ministro de Defensa K, Agustín Rossi, hoy jefe del bloque de diputados K.

No son ni escasos ni aislados los delitos por los que la diputada Carrió y su equipo pidieron a la Justicia que se investigue a los antiguos funcionarios K. Son los de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho (coimas), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia terminó, por sorteo, en el juzgado de Sergio Torres, y en la fiscalía de Andrea Mangano. La presentación judicial del equipo que lidera Carrió también añade un pedido de pesquisa judicial para los responsables de los organismos que se encargaron de realizar los “arreglos” de “media vida” del submarino. Según indican las leyes, esos trabajos debían hacerse cumpliendo las normas de transparencia en el uso de fondos públicos. Y en tiempo y forma.

Según la información incluida en la denuncia de Carrió, quedaría a la luz que ninguna de esas tres variables fue atendida por el Estado K. Así lo habría confirmado un año atrás la Armada en su “inspección” al San Juan.

La denuncia también solicita que se investigue a “las autoridades de la Armada Argentina” que participaron de esa trama. En el escrito que ahora analizará al juez Torres, Carrió y el resto de los denunciantes incluyeron un párrafo que dice que “más allá de las especulaciones que puedan hacerse” sobre la desaparición del San Juan, “ha comenzado a trascender información respecto al aparente mal estado en el que se podría encontrar” esa nave. El arreglo de “media vida” del San Juan se extendió mucho más de lo pactado con las empresas que lo realizaron: desde el 2008 al 2014.

El que será el documento clave en la investigación, el informe secreto de la Armada de diciembre de 2016, advierte sobre varias deficiencias específicas que en aquel entonces presentaba el submarino. Por ejemplo, que existía “una entrada de agua por el interior de los cables Loop en el cuarto de la radio”. O que ni siquiera contaba a bordo con las “señales pirotécnicas” de pueden usar los submarinos si entran en emergencia. Sí contaba con dos balizas, pero “obsoletas”, y “cuya frecuencia de emisión no es compatible con el actual sistema de comunicaciones”.

En el “documento secreto” de la Armada se consignaba por qué el submarino seguía funcionando, pese a todas las fallas marcadas en aquel momento: “Se pudo constatar que el Comando de Fuerza de Submarinos está realizando lo humanamente posible con los recursos asignados”.

La denuncia de Carrió incluye también un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), firmado en mayo de 2016, donde la actual administración llegó a la conclusión de que los arreglos del San Juan hechos en los talleres de Tandanor “no habían sido del todo eficientes dadas las demoras ocurridas que insumieron cinco años cuando la previsión inicial era solo de dos”. También ponía la SIGEN de manifiesto que hay “un significativo defasaje financiero entre el monto inicial proyectado para la obra y el real incurrido por todas las tareas adicionales que fueron agregadas…”. Por sobre todo, se explica que los tres años de retrasos en el “arreglo” del San Juan “afectaron los plazos de garantías sobre los trabajos realizados por otros contratistas…”.

Una de las empresas contratadas para, supuestamente, solucionar los desperfectos del submarino San Juan se llama Ferroestaal. En un juzgado de Munich, Alemania, directivos de esa empresa admitieron ante la Justicia de su país que habían pagado sobornos para ganar contratos con el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina.

Cuando la nave terminó de repararse tras las demoras antes mencionadas, la entonces Presidenta Cristina Kirchner encabezó un acto para anunciar que el buque de guerra volvería al mar. Fue en 2011. Informó que el submarino tendría una “sobrevida de 30 años”. Y comunicó que pronto lo que llamó “pato al agua”, estaría “funcionado”.

 

Análisis.

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