Justicia mediática y crisis judicial

Cuando se observa detenidamente el desempeño de la justicia federal y de ciertas provincias, no hay más remedio que lamentarse fuertemente. El poder al que la Carta Magna le asigna la enorme responsabilidad de garantizar los derechos de cada ciudadano y el control de juridicidad de las acciones de los otros dos poderes republicanos, hace tiempo que va perdiendo su majestad y generando comprensible recelo en la sociedad.

 

Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

 

Tres años después de haber cambiado el poder político nacional, altos funcionarios del gobierno saliente no han sido llevados al banquillo a pesar de haberse dedicado al saqueo de los fondos públicos, con dos expresidentes a la cabeza. En Entre Ríos el letargo no es menor. Quienes se proclaman inocentes no cesan en gambetear al Poder Judicial y se cubren con fueros para evitar el peso de la ley.

Fallos discutibles, demoras insoportables y prácticas mañosas con forma de chicana que ni siquiera se busca camuflar porque algunos ya no exhiben fidelidad a la dama de la espada y la balanza. Parece que ciertos jueces desvían su mirada de los pasos y términos procesales. Otros incurren en prevaricato, sin descartar los dardos con camufladas señales políticas sin pudor alguno, porque los enjuagues no requieren maquillaje cuando se convierten en moneda corriente. Así las cosas, los magistrados, camaristas y fiscales comprometidos fielmente con su misión, ven caerse sus esfuerzos en pos de una justicia ejemplar.

Las doctrinas “zaffaronianas” sitúan al delincuente en condición de víctima y a la sociedad en un rol de responsable de su apartamiento de la ley. Poco falta para que el damnificado se vea obligado a pedirle disculpas al autor del delito.

Pero además existe una justicia “mediática”, sensacionalista, con veleidades de subrogante y obsesionada por el rating, poblada de seudo sapientes que utilizan códigos propios, juzgan, condenan o absuelven, en una especie de judicatura paralela, muchas veces favorecida porque también reina una lamentable incuria tribunalicia no siempre justificada.

Estos comentarios tienen como disparadora una información periodística reciente, donde se consigna que una persona estuvo en la cárcel durante tres años con prisión preventiva, por un delito de femicidio que nunca cometió, pese al aporte de elementos absolutorios desde su defensa. No se acreditaron pruebas ni pericias que certifiquen la autoría del procesado y finalmente se lo terminó liberando.

El ciudadano Osvaldo Villasboa fue acusado de rociar con alcohol y prenderle fuego a su pareja, que finalmente falleció tras cinco días de agonía. El imputado siempre habló de suicidio y la justicia tardó casi 1.100 días en dictar su absolución. El Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 4 de Quilmes le terminó devolviendo la libertad que jamás debió perder. La mujer se había suicidado tras varias amenazas de hacerlo. Todos los relatos del acusado terminaron siendo convincentes.

La “condena mediática” no había demorado en arremeter contra el supuesto femicida, dando estado de certeza a un hecho sin detalles conocidos e ignorando la garantía de presunción de inocencia. Quien esto escribe ha visitado muchas veces una cárcel por pedido de reos que lo pasaban muy mal, en busca de algún auxilio. El escaso tiempo permitido parecía un siglo. ¿Se imagina el lector cuánto significan semanas, meses y años privados de la libertad? ¿Cuánto más si se trata de un presidiario que es inocente? ¿Cómo se repara esto? Esta historia no es aislada ni novedosa. Similares casos seguirán ocurriendo Y nos da pie para revisar la situación judicial y los elementos que en el último tiempo lo convierten en un poder desprestigiado, blanco de críticas que, hágase la salvedad, no deben generalizarse.

 

 

Causas por hechos graves resueltas transcurridos 6, 8, 12 y hasta 15 años, son un triste ejemplo. Sobran delitos cometidos en perjuicio del Estado, producto del señoreo de los corruptos de turno afectos al cohecho y al ya familiar peculado que el poder político posibilita y cuyos expedientes suelen dormitar en los archivos de la desidia.

Se añaden la utilización obscena de apelaciones en busca de dilaciones, aún a sabiendas de su destino de rechazo; la prescripción de causas por pasividad manifiesta en beneficio de los imputados o condenas condicionales que no envían a la cárcel y se terminan resolviendo con probation y tareas solidarias.

 

El acceso a una banca legislativa de personajes que no generan confianza ni buscan servir a la sociedad, sino refugiarse en el privilegio de los fueros, son una virtual cachetada en el rostro de la ciudadanía.

 

Es imperativo aclarar que afortunadamente hay jueces que no se muestran proclives a deshonrar su función, procediendo conforme a las leyes, con responsabilidad, ponderación y apego hacia el orden jurídico. Muy distintos a aquellos que hurgan en la jurisprudencia buscando el modo de salvar a los responsables de los peores desvíos. A los buenos magistrados hay que protegerlos y rechazar con energía los embates vergonzosos de quienes no se ponen colorados cuando les endilgan el papel de “operadores judiciales” (insólito rol consentido que no le mueve a nadie un músculo facial por ser cultores de la inmoralidad todo terreno). Una auténtica atrocidad que revela el quiebre de la autonomía judicial.

Sabio adagio el que señala que “Cuando la política entra por las puertas de los tribunales, la justicia se escapa por sus ventanas”. En nuestra provincia parece brotar un renovado espíritu emanado del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. No son pocos los jueces, fiscales y camaristas que cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de insuflarle aires renovadores a tan alto cometido. Es en otros estamentos donde se falla. Cada cual sabrá si le cabe el sayo.

Las crisis institucionales siempre dejan huellas: en la cúpula judicial se denunciaron situaciones non santas con fondos reservados, se produjo la destitución de un miembro del alto cuerpo, se descubrió una vergonzosa operación con armas secuestradas que fueron reintegradas al circuíto delictivo, sin olvidar la ilícita medida de autoexcluírse del aporte obligatorio al Iosper. Esto sucedió en la justicia entrerriana, no en Venezuela.

Desde la cabeza del Poder Judicial se ha manifestado –y es muy alentador- la decisión de modificar todo lo modificable y darle un salto de mayor excelencia a la cotidiana labor. Debe remarcarse que una promoción de jóvenes fiscales bien preparados y comprometidos con su función, van ingresando al Poder Judicial de Entre Ríos, acercando aires reparatorios para encaminar tan trascendente cometido.

Nos aferramos al sentido de justicia que imperó en la antigüedad a la hora de juzgar. “Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra”, se lee en el Deuteronomio 16.20. “Con justicia juzgarás a tus semejantes” (Levítico 19.15).

En la Torá (texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, base y fundamento del judaísmo), se exige al juez “esforzarse en investigar y ser muy cauto a fin de llegar a la verdad”. Sigue expresando que “si el juez juzga según las pruebas y lo que entiende de acuerdo a las leyes, nadie podría hacer reclamo alguno”. Se entendía que justicia no significa arreglo equitativo sino verdad.

En el documento final de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunido en Puebla de los Angeles (Méjico) en enero de 1979, se inserta “la igualdad de todos los ciudadanos con el derecho de participar en el destino de la sociedad, con las mismas oportunidades, contribuyendo a las cargas equitativamente distribuídas y obedeciendo las leyes legítimamente establecidas”. Incluye “el ejercicio de sus libertades, amparadas en instituciones fundamentales que aseguren el bien común”.

Lo dijo el gran pacifista Mahatma Gandhi: “No habrá jamás igualdad mientras que alguien se sienta inferior o superior a los demás. Entre iguales no debe existir la condescendencia”.

Uno no puede ser justo si no es humano. Sin embargo existen jueces venales que se maquillan como humanos pero en sus fallos practican el prevaricato con toda impudicia. Por acción o por omisión, cercenar la libertad de un inocente o ser blando con el culpable, es digno de execración. A la sociedad le repugna y confía en los vientos renovadores que tarde o temprano refrescarán el imperio del derecho, ingresando por la puesta grande de los tribunales.

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