LA INSACIABLE ANGURRIA CENTRALISTA

En estos turbulentos tiempos electorales en que el gran protagonismo lo asume el cruce dialéctico entre adversarios tratando de arrimar agua para su molino, el ciudadano se convierte en un pasivo observador del desgaste moral que padecen las instituciones de la democracia. La falsedad de los mensajes, la pérdida de memoria a la hora de revisar las faltas propias que se recupera cuando se trata de recordarle su pasado al adversario, es pan de cada día. Un juego de falacias sobrevuela la campaña electoral y la búsqueda de consensos no escatima modos y estrategias donde la ética parece haber pedido licencia por enfermedad. Se ha dicho que una nación indestructible es la suma de provincias indestructibles, pero en nuestra patria ello no es fácil de lograr en tanto las relaciones centralismo-interior revelan más enfrentamientos que señales de constructivos acuerdos. Las malas prácticas, como un bumeran, se vuelven contra el lanzador. Si quienes saquearon dineros públicos son vistos como futuros salvadores, estamos propensos a una enorme degradación de los valores esenciales.

Luis María Serroels
Especial para INFONER

Es imposible digerir que quienes proclamaban que, de llegar al gobierno, impulsarían la eliminación del Impuesto al Valor Agregado, hoy se espantan frente a una medida de gobierno que no elimina sino que suspende la aplicación de este gravamen por unos meses y aplicado exclusivamente a 14 productos de la canasta básica. ¿Cómo no se le ocurrió antes a la gestión kirchnerista? Sí en cambio se le ocurrió incluir esta posibilidad como promesa para un eventual gobierno del Frente de Todos a partir de octubre.

La semana pasada el bloque justicialista en el Senado presentó un proyecto destinado a anular la quita del IVA y la suba del piso para pagar Ganancias dispuestos por el gobierno nacional. Pero además la oposición no excluye acudir a la Corte.

El perro del hortelano no come él ni deja comer al amo.

Resulta interesante revisar la historia de la política impositiva en los últimos 45 años y en especial el trato que a partir de ello sufrieron las provincias. Vale la pena analizar la cuestión a partir de la Ley 23.548 del 7 de enero de 1988 (gestión presidencial del radical Raúl Alfonsín) estableciendo un instrumento de Coparticipación Federal de Recursos en determinados impuestos. Ello se centraliza en cabeza del gobierno federal y luego se hace el reparto entre la nación y las provincias. Se habla de un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales y la masa de fondos a distribuir se integra con el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, consignándose diversas excepciones. En el artículo 3º se destaca que “el monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley, se distribuirá de la siguiente manera: a)- El 42,34 % en forma automática para la Nación. b)- El 54,66 % en forma automática al conjunto de las provincias adheridas. c)- El 2 % en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz”. En el final de este artículo, el punto d) reserva el 1 % con destino al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

Sólo a modo de abundamiento, debe recordarse que el Fondo Federal de la Soja, financiado por la recaudación por derechos de exportación (Decreto 206 del PEN dictado el 19 de marzo de 2009) y hoy eliminado por el actual gobierno dentro del ajuste fiscal, aplicó la distribución según el régimen vigente de la Ley 23.548, aunque se criticó que las provincias petroleras y no sojeras se adhirieron a este beneficio. Un aspecto del Fondo era que tales remesas sólo podrían destinarse a financiar obras sanitarias, educativas, hospitalarias y habitacionales (no gastos corrientes) pero el área comandada por Julio De Vido se reservó para sí la elección de las empresas constructoras.

Por obra de pactos fiscales sucesivos, el kirchnerismo en el poder se fue apropiando de recursos de las provincias por coparticipación y aquél 54,66 % de 1988 se fue diluyendo marcadamente.

A partir de allí hubo estados del interior que acudieron a la Corte Suprema reclamando por ello. Las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba y Santa Fe han logrado fallos favorables de la Corte, aunque el centralismo se escuda en la insuficiencia de recursos, motivando nuevos reclamos. La deuda con las provincias alcanza sumas impresionantes (Santa Fe, por ejemplo, reclama 100.000 millones de pesos). Una curiosidad: cuando finalizaba la gestión de CFK y frente al resultado positivo de los planteos provinciales el saliente mandatario entrerriano Sergio Urribarri, tomó valor y le encomendó al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que prepare una demanda (la que nunca se atrevió a hacer hasta entonces).

En setiembre de 2017 dicho funcionario analizó un fallo de la CSJ respecto de una demanda de la provincia de Buenos Aires por la que se reclamaba una suma sideral fuera de toda razonabilidad si se mide en función de los recursos del Tesoro Nacional pero a la vez abogaba por la recuperación de los niveles de coparticipación fijados por la Ley 23.548.

Rodríguez Signes criticó que a través de sucesivos acuerdos fiscales, el porcentaje inicial se redujo al 34 %, un cifra que les originaba serios problemas al interior (Entre Ríos resignaba $3.500 millones. “Las provincias siempre estuvieron sujetas a una negociación extorsiva que las perjudicó”, sentenció. Las demandas han alcanzado montos inimaginables derivados de que no se ha girado en tiempo y forma la coparticipación.


Volviendo al IVA es bueno recordar que fue creado a fines de 1973 por el presidente Juan Perón en su tercer mandato, mediante Ley 20.631 con vigencia a partir de enero de 1975. Fue sufriendo modificaciones en las últimas tres décadas. En 1986 el IVA era del 18 %; 1990: 13 %; 1992: 18 % y 1995 hasta hoy: 21 %. Es que dicho año el presidente Carlos Menem propuso al Congreso aumentar el IVA 3 puntos, que regiría desde abril de dicho año, medida acordada con el Fondo Monetario Internacional como condición para recibir un préstamo de U$S 2.500 millones de ingresos anuales complementarios. Tal operación provocó una fuerte sacudida en la economía, en especial a los reintegros a las exportaciones.

En Argentina existen 163 tributos diferentes pero apenas 10 de ellos concentran el 90 por ciento de la recaudación. Así no hay país que avance ni hay habitantes que progresen.

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