LA JUSTICIA MANUELITA SE DESPEREZA

¿Cómo convencer a la ciudadanía de que el voluminoso expediente empezado a leer en la apertura del juicio a Cristina Fernández y su socios en el manejo discrecional en la concesión de la obra pública, pueda ser tildado de armado con un caprichoso fin persecutorio? Al neófito quizás pueda parecerle una exageración, pero si -como reza un aforismo- “lo que no está en el expediente no está en el mundo”, la contracara indica que todo cuanto llena miles de fojas con nombres identificados y detallados testimonios, más el aporte de fulminantes cifras de dinero mal habido, podría significar para el análisis tanto del lego como del entendido un seguro camino hacia la condena. Esta primera de las más de una decena de causas en las que deberá responder la ex presidente, provienen de una investigación que arrancó en 2008, tuvo estado judicial en 2011 y, con un retraso exasperante y vergonzoso, se convirtió en juicio luego de 8 años. La justicia de Comodoro Py, una versión de la tortuga Manuelita de Pehuajó, comenzó a andar.

 

Luis María Serroels
Especial para INFONER

 

A mediados de la primera década del año 2001, alumbró en Santa Cruz una empresa denominada AUSTRAL Construcciones, destinada a hacer turbios negocios con el poder gobernante en dicha provincia. El mandatario Néstor Kirchner, que años después alcanzaría la presidencia de la nación fogoneado por el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde y luego sucedido durante dos períodos consecutivos por su esposa Cristina Fernández, diseñó una maniobra que con el tiempo le permitiría a una verdadera asociación ilícita, hacerse de millones de pesos y dólares provenientes de la corrupción serial.

El plan consistió en otorgarle a AUSTRAL, cuyo propietario era Lázaro Báez (un ex empleado bancario de Río Gallegos) junto a otras empresas laderas, el monopolio de concesiones para ejecutar la obra pública santacruceña y además proyectarse hacia otras provincias.

Fue tal la magnitud e impunidad de las operaciones, que de un muy modesto capital inicial declarado, al año siguiente sus balances indicaban un monto de 1.700 millones de pesos. Sumando los contratos adjudicados con el tiempo por Néstor Kirchner, Lázaro llegó a acumular una suma equivalente a la que hubiera permitido construir nada menos que 300 escuelas (las cifras en juego siempre fueron fijadas con groseros sobreprecios, para que muerdan varias dentaduras, debiendo citarse que entre 2004 y 2015 a la firma constructora se le concedieron 51 licitaciones públicas).

La mayor parte de la obra pública adjudicada no fue concluida aunque se canceló el costo total previsto en los expedientes. El “clan” Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (primo de Néstor) y Nelson Periotti, diseñó y puso en marcha un esquema de obras que benefició a Báez y para ello se prepararon los pliegos a su medida. Pero el rédito multimillonario inflado por sobreprecios, terminaba en poder de los Kirchner a través de un falso alquiler de todas las habitaciones de los hoteles K por parte de Báez, facturándose como si hubiesen permanecido colmados por turistas y no era así. El lavado era perfecto e insospechable.

Como dato valioso, debe decirse que cuando los vuelos nocturnos de Aerolíneas se veían impedidos de regresar a Aeroparque, la tripulación completa debía alojarse en los hoteles. Eran reservadas preventivamente centenares de habitaciones con pago adelantado, constituyendo un caso de peculado castigado por la ley.

 

De las 51 obras adjudicadas sólo una conservó el costo original, en tanto las restantes sufrieron fuertes incrementos. Según estudios de entes oficiales, tales cifras a valores de 2018, alcanzaron $ 132 millones. Sólo 2 de las 51 fueron culminadas en el plazo previsto y de las 49 restantes, 25quedaronn inconclusas. Las empresas del Grupo Báez fueron eximidas de presentar el certificado de capacidad de la adjudicación al momento de firmar los contratos.

 

Cuando la gran María Elena Walsh, considerada como “mito viviente”, creó a la tortuga Manuelita, jamás pensó en vincularla a la tarea judicial. ¿Qué argentino iba a pensar que casi culminando la primea década del siglo 21, los jueces “tortuga” serían tan lentos a la hora de darles una lección a los peores corruptos de que se tenga memoria en nuestra vida política?

 

A mero título ilustrativo de las mañas del “chavismo santacruceño”, merece recordarse que entre 2003 y 2007, el intendente de El Calafate, Néstor Méndez, vendió en forma directa eludiendo el proceso licitatorio que manda la legislación comunal, unos terrenos fiscales cuyo valor de mercado oscilaba entre los 30 y 120 pesos el m2, a sólo $ 7,50, tratándose de tierras privilegiadas cercanas al Glaciar Perito Moreno.

El abogado y dirigente radical Alvaro de Lamadrid presentó en febrero de 2008 una denuncia penal contra este negociado. En octubre de ese año una Fiscal de El Calafate fue habilitada para intervenir en esta causa en la que aparecía un claro tráfico de influencias. Entre los adquirentes a precio vil figuraban Néstor Kirchner y un centenar de funcionarios nacionales y provinciales.

La presentación de Lamadrid fue rechazada por la funcionaria por considerar que no era parte, a pesar de que se trataba de un delito de acción pública. ¿Qué tiene de particular este caso? Que dicha fiscal llamada Natalia Mercado, es hija de “Bombón” Mercado (hoy fallecido) y Alicia Kircher (hermana de Néstor y hoy gobernadora de Santa Cruz por vías fraudulentas).

Kirchner, que había comprado 2 hectáreas a un precio equivalente a U$S 50.000, luego le vendió ese terreno a la empresa chilena CENCOSUD en 2.400.000 de dicha moneda. Falta algo: según Lamadrid, la fiscal actuante también había comprado tierras. Aguante Ripley.

 

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