La única aceitera que funciona en la Provincia, está al borde de cerrar por un conflicto gremial que lleva más de 50 días

El Sindicato de Aceiteros de Entre Ríos, tiene paralizada la planta que funciona en el Parque Industrial de Gualeguaychú desde el 7 de marzo cuando se venció el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia.

Desde diciembre del año pasado la empresa largó un programa de retiro voluntario para intentar reducir la planta laboral de 107 trabajadores, debido al cambio de las condiciones fiscales. De pasar a pagar el 5 por ciento de las retenciones por el derecho a exportación de alimento balanceado pasó a pagar el 25 por ciento a partir del mes de febrero del año pasado que elevó los costos fijos de la empresa y tuvo que despedir 14 trabajadores lo que dio inicio a un largo conflicto gremial. El presidente del complejo aceitero Martín Echeguia dijo que “si el conflicto continúa nos veremos obligado a cerrar la planta de producción de aceite” y trabajar con la nueva línea de producción de alimentos balanceado próxima a inaugurarse en la que se requiere un mínimo de personal.

La aceitera Entre Ríos Crhusing comenzó a funcionar en el Parque Industrial de Gualeguaychú en 2010, tras una inversión de 32 millones de dólares. Es la única planta aceitera de su tipo en la provincia que todos los años concentra el 33 por ciento del millón de toneladas de soja que se produce en el departamento Gualeguaychú, agregándole valor a esa materia prima. No obstante, por el conflicto gremial que instaló un campamento en la puerta de la fábrica, paralizó la producción desde el 7 de marzo, tras concretarse los 14 despidos. Desde entonces la empresa ya absorbió en el primer trimestre del año el 40 por ciento de la perdida que tuvo durante el 2016, luego de la implementación de la nueva política fiscal del gobierno nacional de elevar las retenciones del 5 al 25 por ciento para la exportación de alimento balanceado.

“En este momento estamos en una especie de cuarto intermedio en las negociaciones, nos encontramos bastante trabados por una posición muy firme del sindicato Aceitero local, y la empresa empezó un proceso desde hace tiempo, pero con algunas variantes y propuestas que hemos deslizado al Sindicato y a la Federación gremial a nivel nacional para poder destrabar este conflicto”, explicó Echeguia en el programa televisivo Fuera de Juego.

“Venimos de un proceso de readecuación del negocio de hace más de dos años y en la última etapa tuvimos cambios en el mercado y en la línea de producción en donde hicimos una inversión nueva para hacer una planta de alimentos balanceados de mayor valor. Estamos encarando un proceso de la búsqueda de adaptar nuestra estructura de costos y poder bajarla y hacer más eficiente y rentable la producción”, agregó.

“Después de todo ese proceso, en diciembre del año pasado, le planteamos al presidente de la Federación de Aceiteros, y a su cuerpo de delegados que antes de despedir, queríamos hacer un retiro voluntario abierto para todos los empleados de la firma. Aquella persona que quisiera acogerse al programa se iba con un beneficio superior al de un despido, que representaba el 20 por ciento más que una indemnización, más la extensión de la obra social a nueve meses”, sostuvo el empresario.

“Ese proceso anduvo bien; en su momento unas 30 personas averiguaron como era. Inclusive, dos delegados sindicales y el proceso caminó bien hasta que un referente gremial de bastante peso dentro de la planta, averiguó por el retiro, y por problemas personales y por diferencias internas con algún otro delegado decidió irse y acogerse al beneficio de retiro voluntario. A partir de ese día el conflicto cambió. Luego de ese episodio la Federación Aceitera se comunicó con nosotros y lo tomaron como un hecho para romper al sindicato. Lejos estamos de cualquier persecución sindical”, acotó.

Recordó que “en 2015, cuando se preveían cambios fiscales, desvinculamos ocho persona de la empresa: un gerente de compras, un jefe de laboratorio y seis empleados administrativos; ninguno de ellos estaba sindicalizado. No es que queramos romper el sindicato, al contrario. Queremos una gremial participativa, que apoyen y nos sugieran cosas”, dijo más adelante.

Echeguia remarcó que luego de que un delegado gremial se acogió al retiro voluntario, el conflicto se estancó y el Sindicato no quiere volver a negociar hasta que los 14 operarios despedidos vuelvan a sus lugares de trabajo, luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada en el mes de febrero por la Secretaría de Trabajo de la Provincia y pidieran los balances de la empresa. “Esos balances fueron auditados por una consultora externa de renombre mundial; luego llevamos los números a la Secretaría de Trabajo y a la Federación del Sindicato en Buenos Aires, pero no se logró destrabar el conflicto”, manifestó.

La empresa llegó Gualeguaychú en 2008 tras comprar los activos de una planta que estaba inconclusa en el Parque Industrial de esa ciudad. Pese a ser un año muy complicado para la economía argentina por el conflicto del campo y la estatización de las AFJP, los accionistas decidieron tomar el riesgo de invertir. “Todas estas cuestiones nos generaron problemas para conseguir financiamiento externo. Nuestra inversión total fue de 32 millones de dólares para una planta aceitera, más 15 millones de dólares para la construcción de una planta de biodiesel que no pudimos conseguir el financiamiento. Luego en 2009 fuimos al Banco Nación, para lograr créditos, los accionistas aportaron 20 millones de dólares más y a la entidad financiera le pedimos 10 millones. Al final nos terminaron prestando 7 millones de dólares. Comenzamos a producir en 2010 y desde entonces seguimos invirtiendo entre uno a dos millones de dólares más cada año”, dijo.

El empresario uruguayo afirmó también que “hace dos años comenzamos a realizar una inversión para la construcción de una nueva planta de alimentos balanceados por 8,7 millones de dólares, que está a punto de terminarse, pero a raíz de este conflicto gremial la finalización se retrasó”.

Al ser consultado en qué medida el poder político se involucró para destrabar este conflicto en la única planta aceitera de la provincia, Echeguia respondió: “Hemos hablado con varias instituciones del sector público que están preocupadas por el tema, entre ellas el Ministerio de Trabajo de la Nación. Como empresario y como representante de un grupo empresarial lo que siento es que uno decide invertir, y cuando la planta comienza a trabajar los derechos pasan para el otro lado. Por ley está admitido poder despedir gente en caso de que la empresa pase por un proceso de reconversión y parece que no se puede y eso viene pasando hace bastante tiempo. Este es un negocio muy grande en donde mucha gente se beneficia: accionistas, empleados, el sector financiero, colegas y nosotros invertimos 32 millones de dólares y en todo el tiempo que hemos estado hemos pagado la misma cantidad de dinero en salarios”.

Sostuvo además que en 2016 “desde que comenzamos la actividad, la rentabilidad se convirtió en cero, a raíz de un cambio fiscal del gobierno nacional. Nosotros nacimos como una empresa aceitera en medio de una industria de gigante. En Argentina están las cinco de las seis aceiteras más grandes del mundo, que muelen 20 mil toneladas de soja por día, cuentan con sus propios puertos para exportar; en cambio nosotros somos veinte veces más chicos, molemos mil toneladas de soja al día lo que totaliza 330 mil toneladas en el año. Hoy es la única empresa aceitera funcionando en la provincia, que a demás de ser aceitera también estamos terminando otra línea de producción para hacer alimentos balanceados de calidad, somos vendedores de proteínas”.

Dijo que “como aceiteros pagamos una retención del 32 por ciento, esto quiere decir que cada 100 dólares de exportación 32 se lo llevaba el Estado. Siendo una empresa chica en un país de gigantes en el sector, nuestra mejor manera de absorber los costos fijos era buscar nichos de mercado para elaborar y exportar un alimento que pagara menos impuestos. Es así que en el nomenclador del Mercosur un par de posiciones arancelarias que hacían que al mezclar nuestra harina de soja resultante del proceso de molienda con otros cereales y vitaminas hacíamos un producto de exportación que en vez de pagar el 32 por ciento de exportación pagaban el 5 por ciento; fue así que pasamos de ser deficitarios en 2011 y 2012 a tener superávit en 2013, 2014 y 2015”.

Recordó que durante la campaña presidencial del 2015, el Presidente Mauricio Macri había dicho que le iba a sacar las retenciones al campo. Esto era en su totalidad al trigo, al maíz y al complejo sojero que procesa el poroto de soja, para convertirla en harina y aceite. A esta cadena productiva se le iba a reducir un 5 por ciento de retenciones por año. “En el 2014 dijimos que si la quita iba ser de esa manera, decidimos planificar nuestro futuro y comenzamos a invertir, cambiar de rumbo y elaborar productos con un mayor valor agregado, y fue así que pensamos en ese diferencial en las retenciones al estar la promesa de bajarla del 32 y al 5 por ciento de forma escalonada”, remarcó.

“El Presidente Macri asumió en diciembre del 2015; en enero del 2016 nos avisan que las retenciones por los derechos de exportación pasaban del 5 al 20 por ciento, y a partir de febrero de ese año volvieron a subirla al 25 por ciento”, acotó.

Echeguía dijo además que cuando el titular de la Federación Aceitera “me preguntó las causas por las que tuvimos que hacer esta reestructuración en el personal, yo le manifesté que no retrocediera ocho años hacia atrás, sino que se fijara lo acontecido en el 2016 y así seguirá si la situación de los derechos de exportación no cambian. Es por eso que propusimos que los empleados no fueran despedidos sino que se fueran con un incentivo, pero eso quedó abortado porque el sindicato aceitero local lo frustró”.

“La empresa debe tener el derecho de poder trabajar con quien quiera, poder elegir sus trabajadores y los más eficientes. Hicimos todo lo posible antes de despedir a los operarios. Ahora le ofrecimos al sindicato poder trabajar con esas 14 personas despedidas de manera de mejorarle esa situación a través de un retiro voluntario: ya llevamos casi dos meses de huelga y los costos son enormes para la empresa. Hace dos años tuvimos 22 días de huelga por un problema que hubo en una aceitera en Rosario y esa medida nos costó mucho dinero. Somos una empresa que de cada 100 pesos que facturamos ganamos tres, y tuvimos la planta parada por casi un mes por un conflicto que no nos correspondía”, indicó.

El empresario llamó a un entendimiento entre las partes y que el sindicato se “de cuenta que estas son decisiones económicas, empresariales, a las que se llega luego de un proceso de análisis, cambio de rumbos y nuevas inversiones para el bien de las 85 familias que quedan luego de los 14 despidos”.

“Hoy el ciento por ciento de los trabajadores administrativos, los empleados que son supervisores de producción, más seis operarios sindicalizados que se incorporaron a la planta, todas esas personas tienen el trabajo asegurado en la medida que no haya más perjuicios económicos, que ya lo estamos teniendo al considerar que en los primeros tres meses del ejercicio fiscal ya acumulamos un 40 por ciento de la pérdida de todo el ejercicio anterior, por lo cual tenemos que encontrar una solución. En la medida en que podamos sentarnos en una mesa a dialogar, todos vamos a tener trabajo; de lo contrario la empresa no volverá a retomar la parte industrial y seguiremos produciendo en la planta de alimentos balanceados. No queremos llegar a eso porque no es la mejor opción económica, lo que queremos es tener la planta integrada para darle el mayor valor posible a nuestros productos”, añadió.

Al preguntársele si las autoridades políticas se acercaron para tratar de mediar en el conflicto el presidente del directorio de la empresa dijo que: “En la Gobernación estuvimos con el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urrubarri; el secretario de Gobierno Germán Grané y el titular de la Secretaría de Trabajo de la provincia Oscar Balla; también algunos senadores que se interesaron por la problemática. Pero con el intendente de Gualeguaychú (Martín Piaggio) no hemos tenido contacto. Como empresario yo quiero tener la menor participación posible de todo aquello que no sea proveedores, mis trabajadores, mis accionistas y mis clientes; lo que quiero del sector público es poder tener certeza hacia a dónde va la economía para poder tomar las mejores decisiones”, enfatizó.

-¿Pensó en algún momento en un “hasta acá llegué”? -se le preguntó
-Algunas veces sí, pero hay que ser responsable. Yo soy el presidente de la compañía pero represento a siete familias. El 86 por ciento del capital accionario de la empresa es de seis familias uruguayas; el 14 por ciento restante lo representan tres argentinos. Estoy en el medio de unos veinte accionistas, 85 trabajadores, tenemos 320 productores sojeros que son proveedores de materia prima, más de 700 transportistas que trabajan para nosotros. En el año 2013 se registraron 825 conductores diferentes que brindaron sus servicios a la empresa. Por cada cien pesos que mueve la empresa, se genera en el entorno 170 pesos, y tenemos que ser responsable y ahora queremos seguir avanzando en la inversión de 8,7 millones de pesos para una nueva línea de producción, he pensado en algún momento en dejar, pero es un pensamiento que sólo dura cinco minutos en mi mente”.

 

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