Las Fuerzas Armadas ante la encrucijada entre la defensa nacional y la seguridad interior

En diciembre de 2018, la democracia argentina celebrará 35 años. Desde 1983 a la actualidad, una sucesión de diversos gobiernos electos libremente por la sociedad argentina, han regido los destinos del país, traspasando el poder constitucional unos a otros.

 

Por Lic. Juan Carlos Calvo – Fundación para la Integración Federal *

Especial para Infoner

 

 

A diferencia de gran parte del siglo XX, donde los golpes de Estado y los planteos y revueltas militares caracterizaron una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, la democracia argentina cuenta con sus Fuerzas Armadas plenamente subordinadas e integradas al poder civil.

La asunción del presidente Raúl Alfonsín inauguró la etapa democrática en 1983 y tuvo como principal objetivo devolver a los militares a su rol institucional de ejecutores de la defensa efectiva de la Nación. Para ello, el gobierno nacional sancionó la Ley de Defensa Nacional, separando las tareas exclusivas de la defensa de aquellas propias de la seguridad interior, quitando a los militares capacidades para inmiscuirse en la vida política y social interna nacional y se resolvieron los conflictos limítrofes con Chile y Brasil.

Sobrevino a esta etapa, durante los gobiernos de Menem (1989-1999), De la Rúa (1999-2001) y Duhalde (2001-2003), una relación de delegación de funciones de las tareas propias de la gestión de los asuntos de la defensa en los militares, dada la mínima atención por parte de las autoridades civiles en la temática.

El 25 de mayo de 2003, asume el Gobierno nacional el presidente Néstor Kirchner. Kirchner plantea una clara decisión, desde los inicios de su gestión, de retomar el proceso de conducción civil de los asuntos de la defensa nacional. Del mismo modo, el Gobierno modifica la política de derechos humanos sostenida por años, para iniciar un proceso de búsqueda de la justicia por medio de la reactivación de los juicios por lesa humanidad a los responsables de la dictadura que había sido suspendido por las leyes de la impunidad, de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas en 1987. Durante la gestión de Kirchner y de su sucesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dictaron diversos instrumentos legales – como la reglamentación de la Ley de Defensa tras dieciocho años luego de su sanción -, así como la Directiva de Política de Defensa Nacional en 2009 y su actualización en 2014, que modernizaron la política militar y aspectos profundos de las Fuerzas Armadas, como el planeamiento estratégico y la doctrina y educación de los militares.

El rasgo distintivo de la etapa democrática, en sus casi ya 35 años, ha sido la clara diferenciación de funciones entre la defensa exterior y la seguridad interna. Mientras los militares se dedican, entrenan y especializan en cómo defender a la Nación, las funciones exclusivas de la seguridad interior se reservan a las fuerzas de seguridad – Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria – y a las fuerzas policiales. Esto se ha conocido como “consenso básico” en materia de defensa y seguridad, dado que fue un acuerdo generado y respetado por gobiernos de distintos signos políticos y, a pesar de las fuertes presiones externas y algunas voces cómplices dentro del país, los civiles no modificaron las misiones de las Fuerzas Armadas para involucrarse en la seguridad interna argentina.

Sin embargo, el futuro no pareciera ser el más alentador en este sentido.

Desde la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri ha manifestado en numerosas oportunidades, al igual que sus ministros de Defensa, que las Fuerzas Armadas debían prepararse para intervenir en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En este sentido, tanto funcionarios civiles como oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, como también intelectuales del ámbito académico, han coincidido en modificar la legislación vigente para dar mayores funciones a los militares para poder asistir logísticamente a las fuerzas de seguridad en operaciones contra el crimen organizado.

La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior implicaría la generación de inteligencia interna – a pesar que para esas funciones existe la Dirección de inteligencia Criminal y la Agencia Federal de Inteligencia – y el empleo de medios y personal de las fuerzas para patrullar y operar en todos los ámbitos del territorio nacional, operaciones para las cuales los militares no están preparados ni entrenados ni equipados.
La experiencia a nivel regional, como en Brasil en la actualidad, donde el Ejército se encuentra operando en Río de Janeiro para controlar la violencia desatada por la guerra de bandas de narcotraficantes, o en México, donde las fuerzas armadas se han convertido en cómplices de los carteles de la droga, no parece indicar un camino exitoso en la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Estos son los desafíos que como ciudadanos deberemos debatir y eventualmente, oponernos, dado que está en riesgo el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, su profesionalismo y su misión principal, que es la de defender la Patria ante algún tipo de ataque a nuestro país.

 

 

*Juan Carlos Calvo, licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y candidato a Magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional. Funcionario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Miembro de Fundación para la Integración Federal – Entre Ríos – Vecino de Ibicuy, Departamento Islas.

Foto: Infoner

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