Las malas prácticas que atraen a cierta clase política

No faltan sectores del justicialismo que, con buena voluntad, sostienen que no es justo denostar a Sergio Urribarri por la acumulación de acusaciones derivadas de un prodigioso crecimiento patrimonial, cuando aún no ha sido condenado por los jueces. Dos señales sirven para fundar los reproches: el cúmulo de pertenencias familiares incorporadas a partir del desempeño de cargos en el Estado provincial (cuyo inventario seguramente se halla agregado a los expedientes) y su práctica de acudir a los estrados sólo para dejar declaraciones por escrito. Como se comenta en la intimidad de los despachos tribunalicios, dicho patrimonio habría crecido casi exponencialmente y en tiempo récord.

 

 

Luis María Serroels
(Especial para INFONER)

 

Si el optimista argumento para resistir los comentarios es que todavía resta un juicio oral -cuya realización se dilata notablemente- resulta extraño que este argumento del FPV con fines exculpatorios no se le extienda a Cristina Fernández, la recua de ex funcionarios de su gestión y figuras del sindicalismo K, que han venido siendo detenidos al descubrirse sus actividades paralelas para nutrir cajas fuertes o cuentas bancarias en el exterior.

Ralentizar las investigaciones no siempre se vincula con éxitos jurídicos de la defensa sino que entra a jugar Nuestro Señor de las Chicanas. Los que hacen la defensa del dos veces mandatario provincial, parecen no asombrarse ante la lista de bienes e inversiones que ningún gobernador argentino podría disponer sólo con los haberes percibidos durante su prestación laboral. Quien se dice inocente debería dar como primer paso el concurrir a los juzgados y aguardar al fiscal actuante en la puerta de su despacho. Renunciar a los fueros significa exhibir de entrada el grado de inocencia y el propósito de acelerar el proceso.

Una cosa es ser inocente y otra proclamar una inocencia ficticia y a la vez cobijarse en fueros legislativos. La ausencia de reglamentación del empleo del concurso para cubrir cargos en el Tribunal de Cuentas como lo ordena nuestra Constitución, fue un burdo argumento utilizado para justificar el uso del dedo apuntando hacia alguien que lo beneficie. Pero el plan falló, porque el responsable de convocar a la compulsa era el propio gobernante que convocó a la reforma de nuestro estatuto provincial. Eludió obligaciones elementales.

Tomar el atajo de un simple decreto garantizaba protección a la hora de controlar y eventualmente impugnar medidas reñidas con las leyes. Cuando se investiga a un actual o ex funcionario, no hay presunción de inocencia sino inversión de la carga de la prueba.

La medida del retardo con argucias de tinte chicanero, es la dimensión de algún grado de culpabilidad, cuyos autores hasta podrían terminar beneficiados con la probation, lo más parecido a una tomada de pelo. La justicia se debe mostrar implacable para exigir la devolución del producto de la corrupción que perjudicó al erario público.
Volviendo al tema inicial, parecería que para poder certificar fuera de toda duda razonable las malas costumbres de un servidor del Estado y conducirlo a juicio, en el instante de meter su mano en una lata tendrían que estar como improvisados espías, un fiscal, un escribano público, un camarógrafo y media docena de testigos hábiles.

El alarde muchas veces obsceno de bienes y modo de vida, incompatibles con la situación económica previa al arribo a la función pública ¿no es un elemento suficiente para generar desconfianza y poner en funcionamiento las alarmas?
Quienes hayan leído el libro de Daniel Enz EL CLAN-La familia que se apropió del Estado. Negocios, Corrupción y Falsedad Ideológica, tendrán bien en claro la gravedad de lo ocurrido en nuestra provincia entre 2007 y 2015 y que hoy los fiscales investigan. Pero hay un elemento que no puede soslayarse graciosamente: el artículo 39º de la Constitución entrerriana manda que “el funcionario o empleado público, a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse bajo pena de destitución”. Ergo: quien no lo haga significa que acepta las imputaciones. Pero nadie lo molesta.

Más allá de las causas en trámite ¿no existen razones para exigir renuncias por falta de idoneidad moral para un determinado cargo y asegurar así la preservación de las normas de conducta? ¿Es confiable alguien salpicado por graves denuncias? ¿Es correcto que una cámara legislativa oficie como una especie de guarida?
Seis diputados provinciales del oficialismo (algunos dirigentes sindicales y entre ellos alguien que cumplirá 20 años consecutivos sentado en su banca)-, están hoy en la mira de los jueces por presuntos hechos ilícitos. Ninguno ha pedido hasta hoy su desafuero.

¿Puede convertirse el Poder Legislativo en aguantadero de la corrupción?

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