Les otorgaron prisión domiciliaria a los imputados por los contratos truchos

Poco antes de la llegada de la Navidad, el juez de Garantías número 4 de Paraná, Mauricio Mayer, dispuso la prisión domiciliaria de todos los imputados en la causa por los contratos legislativos, donde se desviaron más de 2000 millones de pesos y por ende dejó el precedente para que todos los presos procesados del sistema penitenciario entrerriano puedan exigir el mismo criterio.

 

La decisión la adopta después de fuertes presiones del urribarrismo, en función, principalmente, de la detención del cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, uno de los recaudadores principales del dinero de los contratos.

De esta manera, salieron de las cárceles el citado Aguilera, como así también el ex administrador del Senado, Gustavo Pérez; su lugarteniente Ariel Faure y Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao.

La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, detenidos en la Unidad Penal de Paraná. En ese marco, se desarrolló una navideña audiencia en el salón Nº1 de Tribunales en la cual los abogados defensores de los dos recurrentes explicitaron sus argumentos basados en el riesgo por el que atraviesan ambos al estar detenidos en la Unidad Penal Nº 1.

Al planteo de las defensas de Aguilera y Pérez se le sumaron los abogados del resto de los detenidos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Ariel Faure y Alfredo Bilbao, quienes solicitaron la extensión de lo que se resuelva en base al habeas corpus ya que son «situaciones identicas» a las de los solicitantes. Incluso, José Velázquez, abogado de Scialocomo, Mena y Beckman adelantó que en caso de no otorgarle la prisión domiciliaria a sus defendidos, iniciaran un habeas corpus de similares características. En relación a Aguilera, el abogado defensor Marcos Rodríguez Allende se basó en cuatro puntos para solicitar la domiciliaria: el fallo de Barbagelata que dispuso que se lo detenga a Aguilera en un lugar separado de condenados, el artículo 364 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el informe del Servicio Penintenciario donde se asegura que no hay separación entre penados y no penados y parte de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Emilio Fouces, abogado de Pérez, advirtió sobre la seguridad de su defendido: «Tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que se tome con esta resolución, porque la situación se puede agravar si no se nos otorga el pedido ya que esto puede ser interpretado dentro del penal como un pedido de privilegios».

Fuente: ANALISIS DIGITAL

 

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