Libertad de expresión: el hostigamiento a la prensa en Argentina

“Prepararse para el impacto”. Claro y preciso, el piloto del avión que aterrizó sobre el río Hudson alertó con solo cuatro palabras a los pasajeros del vuelo sobre lo que vendría. 2019 es ya un año signado por la carrera electoral. Para los periodistas y para la sociedad, esto tiene consecuencias.

Por Verónica Toller (*)
El hostigamiento judicial ha dejado claro en este inicio de año lo que deberá esperarse para el tiempo que resta. Como lo viene registrando el Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA, el origen más recurrente de las agresiones contra la prensa, en cualquier tiempo -no solo electoral- tiene que ver con intereses conectados al escenario político. En un año donde la carrera electoral redobla la tensión de esos actores, es previsible que el riesgo de ataques se intensifique. El escenario planteado por las acusaciones contra algunos periodistas en el marco del caso D’Alessio señala la pauta de lo esperable.Un año electoral significa, además, desafíos particulares para nuestra profesión: introducirnos en la marea alta del análisis, retrato y traducción al público de debates, propuestas, injerencias internacionales, actos, candidatos, alianzas, rupturas, repartos, festival de promesas. Y también, por supuesto, recibir y transmitir unas cuantas verdades, intenciones rectas y esperanzas de cambio. Pero habrá que separar la paja del trigo, reconocer noticias falsas, estudiar, indagar y, de modo más intenso que en años no electorales, estar atentos, muy atentos, generar redes y pegar espalda con espalda.Con 194 casos, 2013 sigue siendo el año con mayor registro de ataques por parte de este Monitoreo, y 2018, el de menor cantidad de denuncias. ¿2019…?En Argentina, dijimos, el Monitoreo devela al Estado en su conjunto como el principal perpetrador de agresiones contra la prensa. Funcionarios públicos, legisladores, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales e integrantes de servicios de inteligencia aparecen como hacedores en el 43 a 47% de los ataques. El hostigamiento es la estrategia más elegida. Con dos novedades en 2017 y 2018: aparecieron ciberataques contra medios. Y hubo una rotación en cuanto a cuál es el sector periodístico más afectado por las agresiones: de los periodistas de radio pasó a los periodistas de televisión.

 

Si miramos a las Américas…

Emmanuel Colombié, director de despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, alertó en junio de 2018 acerca de Latinoamérica: “A medida que las elecciones se acercan, el número de agresiones se incrementa”. Brasil, Estados Unidos, Venezuela son ejemplo de esta agudización. La estrategia de denunciar a periodistas y a medios como supuestos autores de fake news les fue útil allí para corroer la confianza y detonar la credibilidad de quienes, precisamente, pueden y deben investigar a políticos y campañas. La prensa hace eso, es parte de nuestra función como respaldo de seguridad republicana. Esa estrategia, unida al acoso judicial, la censura, las campañas de difamación, agresiones verbales, amenazas, violencia física contra reporteros, ha marcado la dinámica contra la prensa en las campañas electorales de algunos países americanos.

 

Cómo ataca el poder político

A diferencia de otros países latinoamericanos donde la violencia electoral tiene un pico de casos el mismísimo día de la votación, no se registran históricamente en Argentina jornadas de ese tipo. Sin embargo, las agresiones de origen político son más encubiertas y constantes durante todo el año, con pretensión de iguales resultados: acallar.

Decir que la prensa sufre “agresiones físicas, psíquicas y materiales” puede sonar poco explícito a quien no esté en el nudo de la cuestión, por lo que ejemplificar siempre ilumina.

La siguiente enumeración no es una “lista posible”. Son casos reales que el Monitoreo de FOPEA ha registrado (nos limitamos ahora a los últimos 4 años) contra periodistas que investigaban hechos relacionados con intereses políticos o con figuras políticas.

Estas agresiones fueron ejecutadas por políticos (funcionarios de los más altos niveles de gobierno así como provinciales y municipales; legisladores; dirigentes políticos o gremiales, jefes de prensa) o por terceros funcionales (fuerzas de seguridad cumpliendo órdenes de funcionarios; militantes políticos, manifestantes sindicales, Justicia ordinaria o federal, servicios de Inteligencia).

• Amenazas directas; expresiones misóginas, campañas de desprestigio contra periodistas y medios en boca de funcionarios del más alto rango nacional.
• Espionaje. Escuchas, teléfonos intervenidos de periodistas que investigan temas sensibles. Periodistas fotografiados durante coberturas de protestas, o fichados por personal de los servicios de inteligencia.
• Agresiones físicas y verbales por parte de fuerzas de seguridad durante manifestaciones y cobertura de protestas.
• Amenazas de muerte (varias), obligando incluso a un periodista a abandonar el país.
• Amenazas de bomba (en estudio de TV y en un diario). Cartas intimidatorias. Ingreso violento de militantes a una emisora. Incendio en estudios y planta emisora de una radio con destrucción total. Golpizas a periodistas, hostigamiento de autoridades tras distintas coberturas, camarógrafos atacados y golpeados por punteros durante cobertura electoral. Robos (contra el domicilio, el auto, la persona). Amenazas telefónicas.
• Ataques económicos. Baja de anunciantes por presiones políticas motivadas en la cobertura u opinión del periodista. Discriminación de la publicidad oficial.
• Ciberataques, que llegaron a dejar fuera de funcionamiento a medios durante varios días.
• Levantamiento de programas tras denuncias contra el gobierno, censura previa en entrevistas referidas a investigaciones en torno a políticos y gobiernos.
• Despidos, por molestar a la línea editorial de medios comprometidos con alta pauta publicitaria de gobiernos municipal y provincial.

 

Y una metodología reiterada

• Hostigamiento judicial, citatorios y allanamientos en busca de información relacionada con personajes ligados a la política o con legisladores y funcionarios, censura judicial (prohibiendo por ejemplo que un medio se refiera a un gobernador), detención ilegítima de periodistas durante manifestaciones.
• Campañas de desprestigio a través de redes sociales o de medios tradicionales, acoso en internet donde el periodista es el objetivo; descrédito, desgaste, riesgo de autocensura.
• Acusaciones contra la prensa por supuestamente generar “noticias falsas” o fomentar hechos de violencia.

 

El costo de los ataques

“Ahora, algunos de los cronistas en la calle cubren estos eventos encerrados en los móviles y uno pierde capacidad de describir lo que pasa –ha dicho el periodista Julio Bazán, agredido físicamente durante la cobertura de manifestaciones frente al Congreso de la Nación-. Quieren amedrentar a los periodistas por medio de la violencia. Necesitamos dirigentes responsables que condenen la violencia y que la justicia funcione”.

Conocer lo que sucede debe ayudarnos a tomar decisiones al respecto. La libertad de prensa exige seguridad como presupuesto. Si no, podría suceder lo que definió en 2015 el ex presidente de FOPEA, Fabio Ladetto, en el libro editado por nuestro foro y la Fundación Konrad Adenauer “Periodismo cercan(d)o”: “El aporte del periodismo a la democracia se resquebraja cuando alguien debe pensar dos veces cuál es el costo personal de cumplir con su rol social de cubrir una noticia”.

“Prepararse para el impacto”. Estamos en vuelo.

 

(*) Periodista, integrante de la CD de FOPEA. Directora del Observatorio de la Vulnerabilidad, Centro de Innovación y Comunicación Social, Universidad Austral. 

Fuente: FOPEA
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