Los abogados de Entre Ríos rechazan el fallo de la Corte en el caso Muiña

El Colegio de Abogados de Entre Ríos manifiesta su enérgico rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2×1”.

La sentencia, ya definitiva y firme, con la mayoría de los votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declaró aplicable la ley 24.390, derogada en 2001 y más conocida como “2×1”, en el marco de los autos caratulados: “Recurso de hecho deducido, por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y Otro s/Recurso Extraordinario”.

“Destacamos del fallo a los ministros Lorenzetti y Maqueda quienes argumentaron en su voto en disidencia que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de sus hijos apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a ignorar”, expresan mediante un comunicado, los letrados entrerrianos, y agregan que “el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto de la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema”.
Según el Colegio de Abogados de Entre Ríos, “de tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho. Si los crímenes de lesa humanidad se caracterizan por ser imprescriptibles e insusceptibles de indulto, amnistía o conmutación de pena, entonces vemos con suma preocupación y sorpresa la modificación, por esta sentencia en cuestión, de la duración de la pena aplicada a una persona autora de aquellos delitos”.

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