No a las papeleras. Un grito que empezó a oírse hace catorce años

¿Cuáles fueron los orígenes de la lucha contra las papeleras? ¿Cuándo y por qué nació este movimiento ambientalista y asambleario que lleva trece años organizando marchas sobre el puente internacional?

Por Sabina Melchiori

 

Todo comenzó en mayo de 2003 cuando tres vecinos de Fray Bentos ─la odontóloga jubilada Julia Cóccaro, su marido Ramón Medina, y la entonces edil por el Frente Amplio, Delia Villalba─, llegaron a Gualeguaychú con la advertencia de que una fábrica de pasta de celulosa de capitales españoles (ENCE) iba a ser instalada en M’Bopicuá (que significa “cueva de murciélagos”), sitio contiguo al puente Internacional General San Martín. Dijeron que las plantas de celulosa están entre las actividades industriales más contaminantes del planeta y mostraron recortes de diarios de Pontevedra, donde los empresarios de ENCE habían sido condenados por delito ecológico.

Ellos ya sabían de luchas ambientales. En 1996 habían creado Movitdes (Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo sustentable) con el propósito de expresarse en contra de la instalación de la pastera Transpapel, de capitales estadounidenses y austríacos, que finalmente no se radicó en el lugar.

Si bien los grupos ecologistas de la región estaban en conocimiento del proyecto ENCE, fueron vecinos ajenos a estos movimientos los que buscaron difundir el mensaje de los fraybentinos a través de los medios.

A cuatro meses de la visita de los miembros de Movitdes, en Gualeguaychú se constituyó la Asociación Civil de Vecinos Autoconvocados por la Defensa del Río Uruguay. Un mes más tarde ─el 4 de octubre─, el entonces intendente Emilio Martínez Garbino encabezó la primera caravana hacia Fray Bentos con el objetivo de hablar con las autoridades fraybentinas y entregarles la declaración en contra de la instalación de plantas de celulosa que se había redactado.

Según describe la periodista Verónica Toller, en su libro “Daños colaterales”, ese día marcharon mil quinientas personas, pero solo cincuenta lograron el permiso para entrar a Uruguay, “el resto se quedó en territorio argentino agitando banderas y circulando lentamente en auto sobre el puente General San Martín” . El tránsito normal se vio interrumpido y se produjo así, el primer corte de ruta.

Quienes llegaron a Fray Bentos se encontraron con la contramanifestación de un grupo de vecinos uruguayos que le exigieron que se retiraran. El intendente de Río Negro, Francisco Centurión Genz, tras recibir la Declaración de Gualeguaychú, dijo: “Aceptamos la preocupación que se ha puesto de manifiesto en nuestros vecinos de la margen argentina del río Uruguay respecto de mantener o preservar la calidad ambiental, no obstante, (…) el pueblo uruguayo y sus autoridades tienen la obligación de defender la soberanía y en ese sentido mantener la autonomía en cuanto a decidir sobre las inversiones, acciones o políticas que se implementan al interno de sus fronteras” .

Unos pocos días después, ENCE recibió la Autorización Ambiental Previa (AAP) de parte del presidente Batlle. Por su parte, los Autoconvocados enviaron una Carta documento a la Cancillería argentina en la que se le pedía que hiciera cumplir el Estatuto del Río Uruguay (de 1975), concurriendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Paralelamente, empezó a sonar el nombre de Botnia. Según destaca el periodista de Gualeguaychú, Fabián Magnotta, en su libro Gualeguaychú, dos mil días de conflicto, el 26 de octubre de 2003, El Observador, de Montevideo, informó que “la planta daría trabajo a 300 personas en forma permanente y a 2 mil mientras se lleve a cabo la edificación. (…) tendría una capacidad productiva de un millón de toneladas por año de pasta de celulosa” .

El 2 de diciembre, Botnia hizo en Fray Bentos su primer foro público. Toller describe que “eran tiempos áridos; no había casi difusión mediática fuera de la ciudad y los gobiernos provincial y nacional no daban importancia al tema” .

El 25 de febrero, durante una visita del presidente Néstor Kirchner a Gualeguaychú en la que anunció obras de infraestructura, los Vecinos Autoconvocados lograron reunirse con el Canciller argentino Rafael Bielsa, quien formaba parte de la comitiva. Le entregaron documentación y el pedido de recurrir a La Haya. En respuesta, Bielsa se comprometió a enviarles “información fidedigna acerca del gran peligro de la instalación de las pasteras” . La documentación nunca llegó y días más tarde Bielsa acordó verbalmente con su par uruguayo, Didier Opertti, la realización de un monitoreo conjunto a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Para ello, Uruguay debía enviarle a Argentina toda la documentación relativa a la construcción de la planta para ser analizada.

Ese acuerdo no se cumplió.

El 24 de septiembre de 2004 los Vecinos Autoconvocados viajaron a la ciudad entrerriana de Colón ─que se comunica con la uruguaya Paysandú a través del puente internacional General Artigas─ a brindar una charla sobre el conflicto. Desde ese momento, grupos ambientalistas colonenses se sumaron a los reclamos contra las pasteras.
El entonces gobernador de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, definió de “gorila” al presidente uruguayo Jorge Batlle cuando, el 5 de octubre de 2004, aprobó la autorización de una zona franca para ENCE y Botnia, y de ese modo eximirles el pago de impuestos.

El 1 de marzo de 2005 el Frente Amplio asumió la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en la representación de Tabaré Vázquez. “Luego de una historia política marcada por el reparto del poder entre los partidos Colorado y Blanco (o Nacional), muchos entrerrianos ideológicamente progresistas, creyeron que el desembarco del Frente Amplio ─alianza de ex tupamaros y diversas agrupaciones de izquierda─ era una sueño que jamás verían concretarse” . Para ese entonces, el grupo de Vecinos Autoconvocados era grande y estaba consolidado, pues contaba con el apoyo de los principales referentes de distintas actividades y entidades de su ciudad. Elaboraron una segunda Declaración de Gualeguaychú, que luego firmaron al pie 39.800 vecinos, y comenzaron a organizar una marcha en repudio contra las pasteras, sobre el Puente General San Martín, para el 30 de abril de 2005. De ese modo se fue perfilando la futura Asamblea Ciudadana Ambiental.

Aquella marcha, planteada como un abrazo fraternal entre argentinos y uruguayos en contra del saqueo ambiental, fue clave: caminaron 40 mil personas y la participación de ciudadanos uruguayos fue contundente. Delia Villalba leyó una proclama que decía:

Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de grandes plantas de celulosa. Alarmados por el avance del proceso de habilitación a dos empresas para instalarse en las cercanías de este lugar, y conscientes de que la encrucijada de la hora requiere decisiones políticas valientes y urgentes, peticionamos a las máximas autoridades de los gobiernos de ambos países, arbitren de manera urgente los medios jurídicos y políticos que pongan freno a este proceso’.
La proclama culminó con un ‘no a las plantas de celulosa, sí a la vida’. Hubo un intercambio de banderas y se dio por culminado el acto .

Para ese entonces, Botnia llevaba 15 días de obra; ENCE, en cambio, no había puesto un solo ladrillo.

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