OPINIÓN. Cierta hipocresía judicial que no se toma descanso

Sería extremadamente injusto generalizar sobre un tema tan sensible como lo es el funcionamiento del Poder Judicial. Allí conviven funcionarios alentados por la idea liminar de perseguir justicia para todos bajo la sombra de la Dama del la espada y la balanza. Pero también quienes deshonran la Carta Magna. Los fiscales son como perros de presa frente al recurrente conflicto social que es el delito. Es lo que soñaron y que los llevó a acceder a un cargo de tanta responsabilidad y exigencia donde no se deben cometer errores ni se perdonan quiebres. Pero en otros estamentos se observan conductas anquilosadas que no observan el debido respeto por la magistratura. Un reciente reportaje a un experimentado vocal del Superior Tribunal, revela una mezcla de mea culpa y a la vez una descarnada visión sobre errores y malas artes de órganos mal conducidos.

 

Luis María Serroels
Especial para INFONER

La muy extensa entrevista concedida al matutino El Argentino de Gualeguaychú por el veterano magistrado Daniel Omar Carubia -según él la primera que le solicitan-, contienen sorprendentes definiciones que alcanzan inusitada acritud en tanto reflejan duras críticas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, deslizando fuertes reparos sobre los déficits y carencias que soporta el Poder Judicial. También formula quejas sobre la situación del Servicio Penitenciario provincial (nadie ignora que su cometido lejos está de resocializar a los internos de las vetustas y colapsadas cárceles entrerrianas). Una letrada acaba de denunciar que en nuestros penales circula la droga libremente. Carubia reclama por el funcionamiento del Patronato de Liberados y también analiza la corrupción (fenómeno que entre 2007 y 2015 pareció entronizarse en el gobierno provincial y cuya investigación siempre marchó detrás de las revelaciones del periodismo).

Algo que quizás podría reprochársele al alto magistrado (cuyos 31 de sus 38 años de servicio en la justicia los suma en el más alto órgano tribunalicio), es que algunas señalizaciones rociadas con dureza bien las podría haber realizado mucho antes de la nota periodística y sin que nadie se lo solicite. Quizás las efectuó puertas adentro pero queda claro que sus reproches obedecen a un estado de cosas que subsisten.

Carubia se refirió al narcotráfico; la falta de infraestructura; la existencia de una familia judicial (postura opinable porque si se legitima un cargo previo concurso no debería ser utilizada una línea de parentesco como invalidante de un derecho y valga recordar que quienes no rinden concurso son los miembros del STJ). Asimismo aludió a la no creación de Juzgados de Ejecución de Penas, entre otras cuestiones. No deja de sorprender que el entrevistado aborde estos asuntos de tanta importancia en un encuentro individual frente a un periodista, cuando sería mucho más útil que este pensamiento sea expresado institucionalmente traduciendo la opinión colectiva de los nueve miembros del alto cuerpo (desde luego que esto no descalifica en absoluto el excelente trabajo profesional del entrevistador).

No es difícil deducir que no todos están dispuestos a una revisión personal que admita falencias propias a partir de una irrenunciable autonomía que no le tema a los demás poderes (en nuestro medio ha habido muestras de criterios dispares a la hora de desalojar a un vocal por una vía y paralelamente salvar a una colega con criterios discutibles y sospechados de mojarse en las aguas servidas de la baja política).

La parte más severa del reportaje fue cuando Carubia, sin pelos en la lengua, arremetió contra el Consejo de la Magistratura. El dardo más venenoso apareció al aludir a la posibilidad de manipulación en las calificaciones en la etapa de las entrevistas personales a los aspirantes a un cargo, que puede subordinar los méritos académicos y la experiencia profesional. “Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos; no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”, dijo. ¿Podría aportar pruebas?

Bien vale recordar el “Caso Moia” que este columnista abordó con amplitud y espíritu crítico en su oportunidad y que reveló una grave injusticia contra un legítimo ganador en una compulsa para cubrir una vacante de Juez Civil y Correccional Nº 9 con competencia en Concurso y Quiebras. El Concurso Nº 79 convocado en 2009 por el Consejo de la Magistratura terminó en un verdadero escándalo, apareciendo como responsables el Poder Ejecutivo y el Judicial (el Colegio de Abogados censuró tal conducta).

Los pliegos remitidos al Ejecutivo para su posterior aprobación por el Senado –que señalaban como el mejor posicionado al doctor Angel Moia- quedaron en la nada porque el entonces gobernador Sergio Urribarri entendió que no se había respetado el mecanismo de terna vigente al enviarse sólo dos postulantes. Ocurrió que el tercero renunció por haber salido primero en otro concurso, pero ello no podía invalidar el resultado del Nº 79. Los propuestos (la segunda era la doctora Sofía Keller) habían logrado superar todas las instancias y requisitos exigidos siendo altamente calificados. Una auténtica burrada del poder político (Moia, tiempo después, participó en un nuevo concurso ganándolo, siendo hoy miembro de la magistratura). El mandatario Urribarri (actualmente perseguido por la ley), en lo que le restaba de su doble mandato nunca logró hallar un argumento sólido para justificar su atropello y desde al Poder Judicial nada se dijo.

Como otra prueba de los dislates cometidos, la ocupante interina del Juzgado Civil y Comercial N” 9, que fuera “bochada” en la primera ronda del Concurso Nº 79, siguió en funciones, pero actualmente se desempeña como titular de un Juzgado Civil y Comercial en una ciudad del interior de la provincia. Fue un verdadero bochorno, porque mientras el ganador se quedó afuera por la arbitrariedad urribarrista, la perdedora continuó con su interinato sin impedimento alguno (este nivel de excelencia judicial seguramente no es el que los convencionales de 2008 persiguieron al sancionar el art. 180º -Capítulo IV de la nueva Constitución entrerriana). El entonces mandatario vulneró la Carta provincial y la Ley Reglamentaria 9.996, claro que con el tiempo vulneraría otras normas que reprimen los actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito y que hoy elude amparándose en sus fueros legislativos.

Imposible cerrar esta nota sin referenciar al denominado Caso Fornerón, que se originó cuando la pareja de Leonardo Fornerón dio a luz una bebé en el año 2000 en la ciudad de Victoria y, a espaldas del legítimo progenitor, decidió entregar la criatura en adopción a un matrimonio de Buenos Aires. Todo ello en tiempo récord y violando las leyes vigentes.

Para no ser demasiado abundante, digamos que la batalla judicial del padre duró años y años, pasando de fuero en fuero y de magistrado en magistrado, hasta arribar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en favor de Fornerón, bajo cuya patria potestad quedará su hija Milagros, quien hoy cuenta con 12 años de edad. La larga lucha del papá tuvo su recompensa.

El tribunal de DD.HH. sentenció que el Estado argentino (puesto que el expediente pasó por despachos del Ministerio de Justicia de la Nación), Defensorías de Pobres y Menores y el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo de Entre Ríos, habían violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornero y su nena.

El final de esta historia tiene un costado vergonzoso y es que el pronunciamiento de la Corte no sólo criticaba duramente la actuación de los magistrados entrerrianos, sino que además mandó a recibir cursos de capacitación a jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la provincia de Entre Ríos vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple los estandares internacionales en derechos humanos. Desconocemos la opinión de los miembros del Superior Tribunal al respecto, en especial para alejar la idea de corporativismo.

Comentarios

About the author  ⁄ Infoner