OPINIÓN. La ley de reforma política necesita de la grandeza de los dirigentes

La sociedad entrerriana en su conjunto se apresta a discutir el Proyecto de Reforma Política que ha elevado el Gobierno de la provincia. Allí se incluyen aspectos muy importantes para la vida político-institucional y merecen un profundo debate, con altura, con grandeza y despojado de oportunismos electoralistas. La idea, a partir de esta nota, es empezar a poner a consideración de la gente, algunos de los ejes que serán debatidos.

 

Por Nicolás Mattiauda. Senador provincial por Cambiemos

 

Uno de los puntos de la iniciativa plantea que vayamos a votar con la Boleta Única Papel. Este sistema desterraría la boleta sábana tradicional -y más allá de que preferimos el sistema de voto electrónico-, sería un salto cualitativo. Se trata de un paso hacia adelante y posee varias ventajas: mejora la transparencia del comicio, garantiza la presencia de todas las expresiones políticas habilitadas en el cuarto oscuro y evita el gasto multimillonario de la impresión de boletas.

En tanto, no me parece feliz, y en lo personal sostengo que es restrictiva, la exigencia de presentar 17 senadores y 17 intendentes (cabeceras departamentales) junto a una fórmula para gobernador. Esa cláusula atenta contra los partidos denominados chicos que no tienen desarrollo territorial en todo el ámbito provincial y se verían obligados a armar una estructura que no poseen para poder participar del acto eleccionario.

Sostengo que también es un error que se computen los votos en blanco para la asignación de bancas en la Cámara de Diputados. Eso también es un escollo para las expresiones minoritarias que necesitan un número de votos sensiblemente mayor para obtener un escaño y hacer sentir su voz, además de no interpretar la Constitución

El nuevo proyecto ratifica la posibilidad de que el gobernador adelante las elecciones pero le da discrecionalidad para elegir la fecha, que puede ser de hasta 240 días anteriores a la elección nacional. Eso es demasiado y se presta a transformarse en una herramienta de especulación electoral. Tenemos que hacer una ley para el futuro, con grandeza. Por lo que deberíamos trabajar en una fecha fija de antemano, para que el adelantamiento genere debate por los proyectos locales (el provincial y los municipales) pero que no sea materia de “vivezas” del gobernante de turno. En este mismo sentido, debe evitarse que las elecciones sean con tanta antelación, ya que tenemos fresco el caso del 2007, donde la transición de ocho meses resultó un pésimo antecedente.

No comparto la idea de integración de las minorías en la lista ganadora, a partir de un piso del 15 %. No por el porcentaje, sino porque entiendo que esos procesos deben darse a partir de acuerdos de cada espacio político. O sea, cada partido o frente, discute y define que forma de integración final de candidatos quiere o necesita. Las realidades de cada partido son muy diferentes y unificarlas, no favorece ni a los partidos, ni a los ciudadanos.

La reforma debe incluir la constitución de un Tribunal Electoral que sea independiente del poder político y para eso se necesita generar un sistema que escoja los integrantes del mismo sin la intervención de los gobernantes de turno.

Las elecciones deben estar despojadas de trampas y chicanas. La reforma debe dejar atrás los vicios y la añeja forma de hacer política.

Si vamos a hablar de reforma en serio, que sea más política que electoral. Y allí debe aparecer un tema crucial: la instrumentación de un mecanismo de financiamiento del Estado de los partidos políticos, de modo que empareje las condiciones de competencia electoral. Hoy resulta muy oneroso respaldar económicamente una campaña y desde la legislatura debemos hacer lo imposible para que esos aportes no provengan, por ejemplo del narcotráfico o de las empresas constructoras que después son resarcidas con los contratos de obra pública. Todo lo que podamos hacer para evitar la llegada de dineros espurios a la política -que repercute en una lógica merma en la calidad institucional-, es positivo. Además, ese financiamiento, además de libertad y de transparencia, permitiría la organización de capacitación de cuadros dirigentes, entre otros aspectos de mejora de nuestros representantes.

En ese mismo sentido, sería primordial que la provincia replicara el sistema de espacios gratuitos en los medios para las campañas electorales, en la búsqueda de un elemento más de equidad entre las fuerzas políticas. Hoy, encarar una cobertura mediática en materia de publicidad política, resulta inalcanzable para casi todos.

Por último, quiero expresar mi más profundo rechazo a la trasnochada idea de algunos sectores de la implementación de un sistema de ley de lemas. Si bien el proyecto de ley no lo contempla, se han escuchado voces hacia su implementación. La ley de lemas es la estafa más grande a la voluntad popular. Ha sido, es y será, el sistema de elección más vergonzoso que exista dentro de la democracia.

Si bien el debate recién comienza y promete varios capítulos, es necesario que los entrerrianos nos involucremos y participemos. Estamos frente a una futura ley que puede marcar el destino político de la provincia por décadas. No puede transformarse en una ley que sólo sirva para dirimir la interna justicialista del presente. Justamente por ello, es que creemos necesario discutirlo con altura, sin sectarismos ni especulaciones partidarias.

 

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