Planteo navideño: la Sala Penal del STJ le exigió al juez Mayer que beneficie a los presos Aguilera y Pérez

La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, detenidos en la Unidad Penal de Paraná, en el marco de la causa de los contratos truchos legislativos, por el que se desviaron más de 2000 millones de pesos en los últimos ocho años.

 

Lo que reclamaron los abogados fue el lugar de alojamiento del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y Gustavo Pérez. En ese sentido, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli pidieron que ambos permanezcan en un pabellón de procesados, no junto a los condenados. El caso sienta un precedente preocupante, porque son cerca de 500 los detenidos en igual condición de Aguilera y Pérez.

No se descarta que los letrados insistan ante el juez Mauricio Mayer -con estrechas vinculaciones con el urribarrismo-, para que Aguilera sea enviado a prisión domiciliaria y de esa manera se habilitaría que una idéntica situación se contemple con el resto de los detenidos por el mismo caso. Ayer, Aguilera, además de varios integrantes de su familia, fue visitado por el vicepresidente primero de la Cámara Alta provincial, el senador Aldo Ballestena (PJ-La Paz), quien aparece seriamente comprometido en la causa de los contratos truchos, en función de los altos montos de dinero que cobró personalmente de sedes del Banco de Entre Ríos, a través de cheques emitidos por el Senado, según confirmó ANÁLISIS DIGITAL.

Los abogados de ambos, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían presentado un habeas corpus solicitando que sean alojados en un pabellón de personas procesadas, separados de los condenados, como lo establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad- “los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados”, expresa taxativamente la normativa-, e invocando el riesgo que supone para su integridad física la precariedad edilicia y la sobrepoblación carcelaria. Cullen y Vartorelli habían pedido antes un informe al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, para determinar cuántos presos se encuentran procesados en el sistema carcelario, en las diferentes dependencias.

La resolución establece que las actuaciones realizadas sean reenviadas al Juzgado de Garantías Nº4 de Mauricio Mayer para que procesa “sin dilación alguna” y de “inmediata sustanciación”, según informó esta mañana el servicio de prensa del Poder Judicial entrerriano.

Giorgio votó en disidencia en base al fallo Riera que dice que los rechazos in-limine no son apelables. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, había especificado en el fallo que sean alojados en celdas separadas. Tal como lo informó la revista ANALISIS en su última edición, Aguilera se encuentra en el pabellón 19 «de seguridad», junto a un total de 47 detenidos, entre los que se encuentran procesados y condenados.

Entre los presos de ese sector se encuentran los también implicados en la causa de los contratos legislativos truchos, como Gustavo Pérez, ex director Administrativo Contable del Senado; y Roberto Faure, contratado de la Cámara Alta entrerriana. También se encuentra allí Esteban Angel Scialocomo. Los otros detenidos, como Alfredo Bilbao y Hugo Mena, también imputados en el mismo expediente por delitos de corrupción, fueron enviados a otra zona carcelaria. De hecho, con los únicos que se observó hablando Aguilera en estos días fue con Pérez, Faure y Scialocomo, por lo cual quedó establecida la buena relación de años existente entre ambos.

Aguilera fue enviado a la habitación junto con Vicente Bioletti, Juan Moreno y Gastón Godoy. El primero de ellos es el conocido empresario del transporte automotor –antiguo dueño de la firma San José- fue condenado por aportar su campo de la zona del El Brete para el funcionamiento de una cocina de cocaína. Juan Cruz Moreno es el hermano de la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno (FPV), a quien le habían secuestrado más de 252 kilos de marihuana. A Moreno lo detuvieron cuando circulaba a bordo de un camión en las inmediaciones al puente Paso Bravo. Iba escoltado por un auto con dos hombres a bordo y cuando vieron que la policía los seguía se produjo una persecución que culminó cuando el camión se fue a la banquina. Se hicieron más de 20 disparos en la persecución. En tanto, el prefecto Gastón Godoy cumple condena de tres años de prisión efectiva, tras ser considerado responsable del trágico choque ocurrido el pasado 25 de diciembre a la mañana, cerca del ingreso a la localidad de El Palenque, sobre la Ruta 12. La tragedia vial se cobró tres vidas: Yanina, una niña de 10 años; su mamá Gladys Pérez y el policía Leandro Kaiser de 32 años, a quien subieron después de estar haciendo dedo en la ruta. Los tres viajaban en el Renault Clio que manejaba Francisco Salazar de 52 años. Se estableció que el prefecto viajaba de La Paz a Paraná alcoholizado.

El juez Mayer había rechazado el habeas corpus y sus defensores apelaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los vocales dispusieron que el expediente vuelva nuevamente a resolución de Mayer, para que adopte medidas urgentes respecto de la separación de condenados. No obstante, sus abogados insistirían con la prisión domiciliaria tanto para Aguilera como para Pérez, ex administrador del Senado.

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