Red de Familias exige que Bordet elimine el protocolo de aborto

Desde Facebook, la Red de Familias Entrerrianas cuestiona con severidad al gobernador por haber adherido al protocolo para abortos «no punibles» elaborado por la gestión de CFK y no removido por Macri.

Fuerte malestar generó en la denominada «Red de Familias Entrerrianas» la publicación del «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo», que el gobierno provincial acaba de hacer suyo, en reemplazo de la guía de procedimientos que estaba vigente en Entre Ríos desde el año 2012.

Esta ONG, que se identifica con la defensa de la vida y está integrada mayoritariamente por católicos, considera que se trata de un «protocolo de muerte», a la par que explica que lo que ha hecho Entre Ríos es adherir a los procedimientos oportunamente ideados por el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y que la gestión Macri no ha modificado.

En su muro de Facebook, la Red de Familias, tras responsabilizar de la decisión a la ministra Sonia Velázquez y al gobernador Gustavo Bordet, no duda en sostener que la aprobación del protocolo tuvo por objetivo «atender el reclamo de un grupo reducido de feministas militantes de ultra-izquierda».

«Exigimos la eliminación del protocolo y desde este momento no descansaremos hasta que así suceda, teniendo como antecedentes Buenos Aires y Córdoba», anuncia la Red.

En otros de sus posteos, la entidad expresa: «Un día después de la #MarchaPorLaVida nos desayunamos con el protocolo de muerte en la provincia, atentando directamente contra el derecho a vivir y la legislación vigente. Atentos entrerrianos, próximamente estaremos comunicando las medidas de acción».

La Red de Familias Entrerrianas invita a sus seguidores a leer la información publicada por el sitio Notivida.org, que da cuenta de la determinación de la provincia de adherir al protocolo nacional de abortos «no punibles», dejando sin efecto la Resolución Nº 794/12, que implementó la «Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que Soliciten Prácticas de Aborto No Punible».

«Si bien la noticia se difundió en el ‘Día Mundial de lucha por la Despenalización y Legalización del aborto’, la medida se tomó a través de la Resolución 2.883 del 29 de agosto de 2017, firmada por la ministra de Salud Sonia Velázquez», precisa Notivida.

Explica que «la disposición dejó sin efecto la Resolución Nº 794/12 que implementó la ‘Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que Soliciten Prácticas de Aborto No Punible’ y la reemplazó por el Protocolo de ILE, elaborado en el año 2015 por la cartera sanitaria nacional.

Agrega que «la Guía anterior era considerada ‘restrictiva’ por distintas organizaciones abortistas -entre ellas Amnistía Internacional- que desde hace años venían pidiendo su reforma. Entre los cuestionamientos estaban: que el médico pudiera hacer objeción de conciencia ante un pedido concreto de aborto, que tenga posibilidades de convocar a un equipo interdisciplinario, que el Director del hospital tuviera que autorizar la práctica».

En los considerandos de la Resolución se menciona a «los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos» y se invoca el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘F.A.L. s/Medida Autosatisfactiva’ donde el Tribunal exhortó «a las autoridades (. . .) con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normativa del más alto nivel (. . .) protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual».

«Pero no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de ‘aborto no punible'» argumenta Notivida. «Se encuentra en cambio consagrado, de modo absoluto e intangible, el derecho a la vida de todo niño desde su concepción, y ello con jerarquía constitucional. De allí que el pronunciamiento de la Corte mencionado no puede ser tenido como una derivación razonada del derecho vigente, ni considerado el fundamento de ninguna disposición legal en el ordenamiento jurídico argentino», agrega el sitio pro vida.

Por último, Notivida da a entender que los reclamos contra la decisión del gobierno entrerriano se harán sentir en los tribunales: «Cabe espera entonces que tras la publicación de la Resolución se interpongan recursos de amparo o las acciones judiciales que correspondan».

 

El Entre Ríos.

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