«Rescatar el valor del esfuerzo individual, de la disciplina del aprendizaje y del trabajo»

Ese es, según el columnista de Infoner, Fabián Otarán, el desafío que debiera asumir la política.
Por Fabián M. Otarán, Abogado.

La filosofía positivista de la razón con el descubrimiento de leyes de progreso infinito, la irrupción del individuo y de las masas sociales, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial y, hasta ahora, con el proceso de la globalización, imponen a la actividad política del siglo XXI el desafío de conservar su imperio como gestora del “bien común”.

La razón política en nuestro país se alcanzó en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, que organizó la sociedad sobre el imperio de la ley y las leyes del mercado, consagrando como garantía la libertad del individuo a la par que la propiedad privada (art. 17, 18 CN). Esa constitución era para “todos los hombres del mundo”. Y se creaban miles de escuelas para “educar al soberano”.

No obstante, desde 1853 hasta 1912, que se consagró el voto secreto, universal y obligatorio y que permitió la irrupción de las masas en las decisiones políticas de más alto rango, pasando por 1890, donde ese modelo mostró su peor cara, y hasta 1916, que cambió a manos del radicalismo, el país fue dirigido por un grupo de ilustrados que lo hacían de forma paternalista: Sarmiento, Avellaneda, Roca, Mitre, etc., (generación del 80), que lograron una educación laica, pública y gratuita de calidad; a la par que una pujante economía agroexportadora con reconocimiento mundial, pero dejaban fuera del beneficio económico a grandes mayorías.

Esa mayor modernidad que alcanzó nuestro país con la obligatoridad del voto secreto en 1912, obviamente mejoró en 1916 la representación de las masas y la gestión de la economía, ampliando la distribución del ingreso y repartiendo más equitativamente el esfuerzo social. Esto resultó inaguantable para un poderosa oligarquía aliada al imperialismo internacional, que por la fuerza en 1930, derrocó la democracia, no queriendo someterse a la institucionalidad de la república y ni al imperio de la ley.

La disolución de ese proyecto de país fue devastador. Tanto que desde 1930 hasta 1983, con pocas excepciones, habrá una serie de golpes militares que condicionaron todas las políticas públicas. Durante éste período nació una de las grandes fuerzas políticas de la Argentina de hoy: el Partido Justicialista. Es hijo de la Revolución del 4 de Junio de 1943. Tiene sus orígenes en el poder que obtuvo el Coronel Perón durante el gobierno militar del Gral Farrell, acumulando la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vice Presidencia de la Nación. Hoy el Partido Justicialista es un partido de masas legalmente organizado.

Sigue que la sociedad argentina, luego del terror de la última dictadura, parece haber abrazado la democracia como razón de futuro; como única forma de gobierno que permite el reconocimiento del uno frente al universo, de las minorías y las mayorías que crean consenso y deciden mediante el voto los grandes rumbos de la nación. No obstante, hay que decir que el clientelismo –producto de las necesidades extremas del ser humano que no alcanza su dignidad como ciudadano-, y los estiletes de algunos grandes medios de comunicación que juegan a favor de grupos económicos concentrados, martillan en conjunto sobre la posibilidad de que el ciudadano decida con conciencia libre y plena.
Hoy los desafíos que nos plantea el mundo con su economía virtual que gira constantemente miles y miles de billones de dólares sin barreras que controlen y condicionando los gobiernos, podrían ser resueltos con eficacia si las fuerzas políticas que existen en nuestro país vuelven por aquellos fueros de la modernidad: El reconocimiento del individuo y el respeto de la ley, un mercado integrado y regulado que abastezca a la humanidad, cohesionado en un marco de racionalidad que nos proporcione pertenencia común.
Para ello es necesario abandonar miradas perimidas, sueños colectivistas, funcionales a una economía cerrada y fundamentalmente extractiva, que hizo de la sobrexplotación de los recursos naturales una crisis ambiental y una economía corporativa, donde las personas participan poco del PBI, hay un 32% de pobreza y 41% de informalidad laboral.
Debe cambiar hacia una mirada integral, abierta al mundo, al que debemos sumarnos a partir de nuestras ventajas comparativas. Cumplir con el paradigma constitucional que sancionamos en 1994, donde a las antiguas garantías les agregamos el reconocimiento de las minorías, la protección de la diversidad, del trabajador, del consumidor y la vigencia plena de los DDHH, y ponernos en marcha.
Una argentina que decida seriamente una política de educación que achique el salto tecnológico y logre empleos de calidad, que impulse emprendedores, facilitándoles la tarea, aliviándolos de impuestos. Y por supuesto, usando los recursos del Estado en auxilio de aquellas personas a quienes los golpes de la vida condicionaron y marginaron y necesitan de asistencia. Pero fundamentalmente volver a instalar el mérito y la dignidad personal, rescatando el valor del esfuerzo individual, de la disciplina del aprendizaje y del trabajo. Ésta labor, reitero, es para mí el desafío que debiera asumir la política.

 

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