SI A LA VIDA. El origen de la protesta antipastera de Gualeguaychú

Desde al advertencia de los vecinos fraybentinos hasta la conformación de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú. Repaso histórico.

 

 

Por Sabina Melchiori (*)

 

Todo comenzó en mayo de 2003 cuando tres vecinos de Fray Bentos –la odontóloga jubilada Julia Cóccaro, su marido Ramón Medina, y la entonces edil por el Frente Amplio, Delia Villalba–, llegaron a Gualeguaychú con la advertencia de que una fábrica de pasta de celulosa de capitales españoles (ENCE) iba a ser instalada en M’Bopicuá (que significa “cueva de murciélagos”), sitio contiguo al puente Internacional General San Martín. Dijeron que las plantas de celulosa están entre las actividades industriales más contaminantes del planeta y mostraron recortes de diarios de Pontevedra, donde los empresarios de ENCE habían sido condenados por delito ecológico.

Ellos ya sabían de luchas ambientales. En 1996 habían creado Movitdes (Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo sustentable) con el propósito de expresarse en contra de la instalación de la pastera Transpapel, de capitales estadounidenses y austríacos, que finalmente no se radicó en el lugar. Si bien los grupos ecologistas de la región estaban en conocimiento del proyecto ENCE, fueron vecinos ajenos a estos movimientos los que buscaron difundir el mensaje de los fraybentinos a través de los medios.

A cuatro meses de la visita de los miembros de Movitdes, en Gualeguaychú se constituyó la Asociación Civil de Vecinos Autoconvocados por la Defensa del Río Uruguay. Un mes más tarde –el 4 de octubre–, el entonces intendente Emilio Martínez Garbino encabezó la primera caravana hacia Fray Bentos con el objetivo de hablar con las autoridades fraybentinas y entregarles la declaración en contra de la instalación de plantas de celulosa que se había redactado.

Según describe la periodista gualeguaychuense Verónica Toller, en su libro Daños colaterales , ese día marcharon mil quinientas personas, pero sólo cincuenta lograron el permiso para entrar a Uruguay, “el resto se quedó en territorio argentino agitando banderas y circulando lentamente en auto sobre el puente General San Martín” . El tránsito normal se vio interrumpido y se produjo así, el primer corte de ruta. Quienes llegaron a Fray Bentos se encontraron con la contramanifestación de un grupo de vecinos uruguayos que le exigieron que se retiraran.

El intendente de Río Negro, Francisco Centurión Genz, tras recibir la Declaración de Gualeguaychú, dijo: “Aceptamos la preocupación que se ha puesto de manifiesto en nuestros vecinos de la margen argentina del río Uruguay respecto de mantener o preservar la calidad ambiental, no obstante, (…) el pueblo uruguayo y sus autoridades tienen la obligación de defender la soberanía y en ese sentido mantener la autonomía en cuanto a decidir sobre las inversiones, acciones o políticas que se implementan al interno de sus fronteras”.

Unos pocos días después, ENCE recibió la Autorización Ambiental Previa (AAP) de parte del presidente Batlle. Por su parte, los Autoconvocados enviaron una Carta documento a la Cancillería argentina en la que se le pedía que hiciera cumplir el Estatuto del Río Uruguay (de 1975), concurriendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Paralelamente, empezó a sonar el nombre de Botnia.

Según destaca el periodista de Gualeguaychú, Fabián Magnotta, en su libro Gualeguaychú. Dos mil días de conflicto , el 26 de octubre de 2003, El Observador , de Montevideo, informó que “la planta daría trabajo a 300 personas en forma permanente y a 2 mil mientras se lleve a cabo la edificación. (…) tendría una capacidad productiva de un millón de toneladas por año de pasta de celulosa”.

El 2 de diciembre, Botnia hizo en Fray Bentos su primer foro público. Toller describe que “eran tiempos áridos; no había casi difusión mediática fuera de la ciudad y los Gobiernos provincial y nacional no daban importancia al tema”.

 

LA VETA POLÍTICA

 

El 25 de febrero, durante una visita del presidente Néstor Kirchner a Gualeguaychú en la que anunció obras de infraestructura, los Vecinos Autoconvocados lograron reunirse con el canciller argentino Rafael Bielsa, quien formaba parte de la comitiva. Le entregaron documentación y el pedido de recurrir a La Haya. En respuesta, Bielsa se comprometió a enviarles “información fidedigna acerca del gran peligro de la instalación de las pasteras”.

La documentación nunca llegó y días más tarde Bielsa acordó verbalmente con su par uruguayo, Didier Opertti, la realización de un monitoreo conjunto a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Para ello, Uruguay debía enviarle a Argentina toda la documentación relativa a la construcción de la planta para ser analizada. Ese acuerdo no se cumplió.

El 24 de septiembre de 2004 los Vecinos Autoconvocados viajaron a la ciudad entrerriana de Colón –que se comunica con la uruguaya Paysandú a través del puente internacional General Artigas– a brindar una charla sobre el conflicto. Desde ese momento, grupos ambientalistas colonenses se sumaron a los reclamos contra las pasteras.

El entonces gobernador de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, definió de “gorila” al presidente uruguayo Jorge Batlle cuando, el 5 de octubre de 2004, aprobó la autorización de una zona franca para ENCE y Botnia, y de ese modo eximirles el pago de impuestos.

El 1 de marzo de 2005 el Frente Amplio asumió la presidencia de la República Oriental del Uruguay en la representación de Tabaré Vázquez. Para ese entonces, el grupo de Vecinos Autoconvocados era grande y estaba consolidado, pues contaba con el apoyo de los principales referentes de distintas actividades y entidades de su ciudad. Elaboraron una segunda Declaración de Gualeguaychú, que luego firmaron al pie 39.800 vecinos, y comenzaron a organizar una marcha en repudio contra las pasteras, sobre el Puente General San Martín, para el 30 de abril de 2005. De ese modo se fue perfilando la futura Asamblea Ciudadana Ambiental.

Aquella marcha, planteada como un abrazo fraternal entre argentinos y uruguayos en contra del saqueo ambiental, fue clave: caminaron 40 mil personas y la participación de ciudadanos uruguayos fue contundente, “a la plaza Risso Cangiazzo de Fray Bentos llegaron 11 ómnibus de Montevideo, dos de Mercedes y un micro de Young. (Delia) Villalba no sólo encabezó ese día el movimiento, sino que también leyó una proclama (…) Mientras empezaba a ser denostada en Fray Bentos, era amada en Gualeguaychú: ‘ Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de in dustrias contaminantes en la región, particularmente la de grandes plantas de celulosa. Alarmados por el avance del proceso de habilitación a dos empresas para instalarse en las cercanías de este lugar, y conscientes de que la encruci jada de la hora requiere decisiones políticas valientes y urgentes, peticionamos a las máximas autoridades de los Gobiernos de ambos países, arbitren de ma nera urgente los medios jurídicos y políticos que pongan freno a este proceso ’. La proclama culminó con un ‘no a las plantas de celulosa, sí a la vida’. Hubo un intercambio de banderas y se dio por culminado el acto”, repasa el periodista montevideano Martín Pintos en su libro La Ruptura. Historias secretas del conflicto con Argentina.

Para ese entonces, Botnia llevaba 15 días de obra; ENCE, en cambio, no había puesto un solo ladrillo. La reacción del Gobierno argentino fue el envío de un pedido oficial a Uruguay para que paralizara la construcción de las plantas. “Los meses siguientes fueron muy animados” , expresa Toller en Daños Colaterales , y pone como ejemplos el hecho de que el 11 de mayo haya visitado Gualeguaychú la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación para revisar la situación; y la sesión en la ciudad de los Concejos Deliberantes de Entre Ríos, (algo sin precedentes), en la que se declaró a la provincia libre de celulosas.

 

LA ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ

 

El 27 de agosto de 2005 se firmó, ante escribano, el acta constitutiva de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y dos meses más tarde recibió su personería jurídica. La conformaban vecinos de diferentes ámbitos. Había docentes, comerciantes, amas de casa, abogados, productores, ingenieros, contadores; todos tenían algún tipo de vinculación con la vida ribereña, algunos porque crecieron en estas tierras rodeadas de ríos, y otros porque habían llegado a Gualeguaychú desde grandes centros urbanos en busca de un entorno saludable, y se encontraron con la amenaza.

En muchas oportunidades, la organización se caracterizó por la creatividad de sus acciones, para las cuales, el entonces intendente de la ciudad, Daniel Irigoyen, brindaba su aporte logístico a través de la Secretaría de Cultura.

El 27 de septiembre, más de quince mil estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Gualeguaychú, marcharon por la costanera vistiendo sus guardapolvos. Allí, una niña de diez años leyó una carta dirigida a los empresarios pasteros, en la que se los invitaba a pasar las próximas vacaciones de verano en Gualeguaychú. La carta de la niña también instaba a todos los presentes a gritar bien fuerte que “queremos cuidar nuestro medio ambiente”. Fue el primer “Grito Blanco”, otra de las movilizaciones propuestas desde la Asamblea Ambiental en contra las papeleras que seguirían realizándose año tras año.

Una de las características sobresalientes de la Asamblea era la horizontalidad. Todo el que participara de una de las reuniones, tenía la posibilidad de votar. Se llegaron a realizar asambleas de más de mil personas, y el código de respeto por el voto de la mayoría se cumplió siempre. “El que pierde se suma”, solían decir.

Cada asamblea era abierta por el coordinador de turno, luego la secretaria leía avisos y mensajes. El coordinador planteaba un tema determinado u ofrecía el micrófono para que hablara quien tuviera algo que decir. Cuando eran muchos se confeccionaba una lista de oradores y pasaban al frente por orden de anotación. Una vez terminados los discursos, el coordinador organizaba la votación de las mociones, a mano alzada.

Al respecto, el licenciado en sociología, Juan Pablo Castillo, elaboró un ensayo al que tituló Nuevas formas de organización. Institucionalización de reclamos, donde analizaba lo siguiente: “La asamblea se caracteriza por tener una dinámica permanente, no tiene una comisión dirigente estática, por lo tanto, cualquiera de sus integrantes puede ocupar un puesto determinado en relación a una actividad determinada. Los coordinadores (dirigentes) del movimiento van alternando sus roles dentro de la institución. El rol que cumplen los integrantes, queda claro que no es estático, permanente, tampoco rentado, es por eso que la división del trabajo dentro de la asamblea está dada según preferencias, acceso a determinado lugar, contacto, tiempo. Este es un eje importante de análisis ya que por medio de esta organización no se pueden llevar a cabo negociaciones por parte del Estado u organismos privados para obstaculizar el movimiento, dado que los ‘responsables’ visibles van alternándose, y los ‘embajadores’ encargados de reuniones con los líderes políticos nacionales no son siempre los mismos, impidiendo, de este modo, los manejos clientelares que han frenado otros movimientos sociales. Es pertinente señalar otro punto relevante; la organización es por parte de la sociedad civil, en este sentido, no se porta ninguna bandera de ningún tipo de tendencias políticas ni hay partidos políticos involucrados en el conflicto”.

 

(*) El repaso completo del conflicto se encuentra publicado en el capítulo 3 del libro “Babel. La construcción mediática del conflicto por las papeleras”, de la autora de este artículo.

 

 

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