Sin glifosato en Gualeguaychú, ¿qué destino tendrá el fondo de la soja?

El concejal del Frente Renovador, Andrés Sobredo, votó a favor de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Gualeguaychú pero propuso un destino a los 20 millones de pesos anuales que recibe la ciudad del fondo de la soja.

 

Andres Sobredo, concejal de Gualeguaychú por el Frente Renovador, acompaño el proyecto de ordenanza que prohíbe el uso y comercialización del glifosato tal cual lo elaboró el Poder Ejecutivo Municipal, sin embargo, hizo una salvedad que no pudo ser atendida en la concurrida sesión del lunes 16 para incluirla como un artículo más en la normativa.

“La economía del país ha ido creciendo, en parte, a raíz de la siembra directa del cultivo de la soja del cual llegan como coparticipación al municipio de Gualeguaychú 20 millones de pesos anuales, si prohibimos la siembra directa y obligamos a los productores a reemplazarla por la agroecología, ese fondo debería ser destinado a esa transición hacia el modelo productivo nuevo”, señala Sobredo a canal 9 Litoral, quien propone utilizar ese dinero proveniente del cultivo de soja “para ayudar a los productores de esas 16 mil hectáreas que no podrán usar el glifosato, porque van a tener que readaptarse y pagar impuestos día a día, lo que significa un achique económico”.

Luego, en diálogo con Infoner, apuntó contra sus colegas oficialistas: “Es una incoherencia legislativa de parte de los concejales del Frente para la Victoria no querer legislar sobre los fondos que provienen de la soja”.

 

 

¿Qué es el fondo de la soja?

 

El Fondo Federal Solidario, coloquialmente llamado fondo sojero o fondo de la soja, está compuesto por el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que serán transferidos a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este fondo tiene por finalidad el reparto de recursos de origen federal para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y en cada uno de los municipios y comunas adheridos, con la expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.

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