Sindicalismo y su “justicia en las sombras”

Hasta el ciudadano menos avisado atina a reflexionar –frente a la conducta de ciertos dirigentes sindicales-, que existiría un Código Penal paralelo diseñado para que los popes del gremialismo puedan cabalgar sobre el autoritarismo impunemente con sus propias reglas. Ante medidas de jueces de la Constitución, se esgrime la amenaza de parar el país, arremetiendo contra el orden establecido y protegiendo su enriquecimiento ilícito. ¿Qué respuesta tienen hoy los ciudadanos honestos frente a esta “justicia” en las sombras? Si la ciudadanía queda condenada a soportar este vandalismo, pongámosle al país una bandera de remate y que Dios nos perdone.

 

Luis María Serroels
Especial para INFONER

 

Hoy en día las instituciones clásicas de la República parecen estar sometidas al arbitrio de una suerte de “justicia ad-hoc” fogoneada por la burocracia sindical, donde parecen no tener lugar los nuevos dirigentes de uñas cortas y bolsillos flacos, sustentados en las reglas de la honestidad y el respeto cuando de defender los intereses del trabajador se trata.

Las leyes laborales, sociales y el Código Penal alumbrados para garantizar el orden y la tranquilidad al amparo del Poder Judicial como sustento fundamental del republicanismo, no parecen frenar los postulados del patoterismo setentista debidamente reciclado.

Con posar la mirada en los dirigentes de turbios manejos (por citar apenas un par de ellos, el Pata Medina y el Caballo Suárez caídos bajo el garrote de la ley por acumular fortunas de mal origen) valdría para develar de qué manera se desvirtúa el verdadero sentido de la lucha sindical, que usa a los afiliados para subirse al tren de la inmoralidad.

La reiterada actitud de los Moyano de gambetear las decisiones de fiscales y jueces naturales, usando como herramienta la amenaza de paralizar el país si son conducidos a un calabozo, es de una inusitada gravedad que deja al poder legitimado por la voluntad popular ante una dura encrucijada. Estamos frente a una casta que utiliza la fuerza para adquirir preeminencia, simulando ser ciudadanos honestos, cuando se sabe que han chapaleado en el fango de la prepotencia, en desmedro de quienes se someten a las leyes como debe ser en todo país civilizado y respetuoso de la igualdad.

Una muestra irritante del atropello reinante en los sectores gremiales prestos a paralizar el país sólo moviendo un dedo, lo da el hecho de que el juez que rechazó la detención de Pablo Moyano desestimando los argumentos de un par y de un fiscal, sería amigo personal de Hugo Moyano en una relación nacida y alimentada en su común pasión por el Diablo Rojo de Avellaneda, precisamente donde se han detectado maniobras dolosas de uno de sus vástagos en el exterior.

¿Cómo se desarticula la mafia gremialista empleando el brazo de la ley, cuando esa ley va quedando poco a poco lanzada a la banquina por los potentados que no pueden justificar su fortuna? ¿Se puede acumular tanto poder y dinero a partir de conducir un camión, convirtiéndose en próspero empresario? ¿A qué Santo milagroso se confían los dueños de la calle y el desorden?

El artículo 16º de la Ley Suprema consagra la igualdad ante la ley y el 14º el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Uno y otro están siendo sistemáticamente vulnerados en las propias narices del poder legal, aún más incomprensible si se observa la facilidad con que se cometen. Hay delitos que se producen bajo el rescoldo que brinda la impunidad y la apropiación indebida de los espacios mediante el piquete prepotente que perjudica a millares de trabajadores que no comparten ciertas estrategias de protesta ni profesan ideologías que caminan a contramano del derecho público.

La corporación sindical –a la que el cristinismo le retuvo por largos años miles de millones de pesos de las obras sociales hasta que Mauricio Macri se los reintegró-, ahora va por más. Cada día se descubren nuevas maniobras ilegales en el ámbito de la burocracia gremial, mientras sus jeques se aferran a la amenaza para domesticar a un Poder Judicial a veces parece caído en las aguas servidas de la extorsión desembozada.

Jorobarle la vida a los demás es una gimnasia que requiere ser desterrada y ello debe surgir de las reservas de las propias filas gremiales como acto depurativo.

Estamos ante una guerra inadmisible que nos acerca cada vez más al rótulo de republiqueta con un peregrino extra poder que bien podría ser llamado “patoterocracia”. Las fuerzas y posiciones dominantes que marginalmente permiten a los violentos adueñarse de las decisiones, van en camino de sumir a millones de argentinos en una virtual anomia. Este término –según sociólogos- está ligado a la disconformidad social, la falta de normas e incluso la falta de ley. Es una forma de degradación que obliga a la gente a adaptarse a cambios y conflictos constantes.

Pero no es el caso de nuestro país. Una cosa es carecer de normas y otra –que nos avergüenza- es tenerlas y a la vez tolerar que se las pisoteen gratuitamente en pos de intereses corporativos. Contar con legislaciones modernas y claras supone a la vez la imposición de saber preservarlas de la rapiña insaciable de quienes reniegan de ellas en beneficio personal.

Quien se siente inocente de cualquier imputación judicial, no vacila en presentarse ante los estrados para lavar su nombre y honor. No improvisa manifestaciones ciegas y por lo tanto irracionales de adhesión que siempre serán estériles para escaparle al férreo brazo de la Constitución. Los intereses sectoriales que tanto daño le hacen a la Nación, nunca erigen puentes sino que construyen muros. El equilibrio de poderes es el único pedestal que sostiene a la democracia y el estado de derecho.

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