Titular de la Corte ofuscado contra el periodismo

Declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, culpando a los medios periodísticos por “la mala reputación de la Justicia”, generan hilaridad. No debería ser tan  quisquilloso este magistrado y dedicarle mayor tiempo a analizar la historia a la luz de la realidad y no de los deseos íntimos.

 

Luis María Serroels
Especial para INFONER

 

La mala reputación de la justicia es producto de la existencia de jueces perezosos y regalones con el poder político, fenómeno que no deviene de subjetividad alguna sino de constataciones contundentes que deterioran la imagen de un poder de la Constitución, que se supone como el gran reaseguro para los justiciables frente al atropello y la sinrazón donde navega el delito en todas sus formas y se regocijan los funcionarios corruptos de todo pelaje.

Daniel Herrendorf, columnista del diario Clarín, aludió recientemente a que la “lentitud propia del proceso judicial es histórica”, añadiendo que “a esta parsimonia endémica debe sumarse la lentitud adicional que proporciona la burocracia judicial, constituída en todas partes en máquina de impedir”. El articulista no vacila en citar la “innúmera cantidad de recursos que el derecho procesal pone a disposición de los abogados inescrupulosos que así retrasan el advenimiento de la sentencia y <ganan tiempo>, si es que eso es ganarlo en buena ley”.

¿Alguien puede no compartír estas reflexiones basadas en datos incontrastables cuyas pruebas –y esto si es responsabilidad inexcusable de la prensa mal que le pese a Rosenkrantz- muestran cómo se rinde culto en los tribunales a Nuestra Señora de la Chicana? Cuando se analiza que en diciembre de 2015, cuando Cristina Fernández dejó el poder –no lo transfirió formalmente como lo hicieran todos sus antecesores porque horas antes huyó hacia el “interior profundo”-, ya atesoraba diversas denuncias y enfrentaba gravísimas acusaciones por ser la virtual jefa de una banda de corruptos saqueadores del Estado.

Hoy nos acercamos al tercer año de mandato de su sucesor, Mauricio Macri, sin que Cistina Fernández haya cumplido un solo día de arresto (extraña realidad en tanto varios de sus secuaces que robaban para la Corona ya fueron condenados e incluso Julio De Vido debió abandonar su banca). La cuestionada figura del fuero parlamentario que protege al legislador en situaciones claramente determinadas, es tomada como salvavidas de personas comprometidas seriamente por hechos delictuosos.

 

 

 

El artículo 68º de nuestra Carta Magna señala que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Y el artículo 69º manda que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte; infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. Se habla de inmunidad de opinión e inmunidad de arresto.

Varias cosas son las que debería corregir la Justicia e imponer su majestad.

Los fueros no pueden proteger por actos cometidos antes de acceder a una banca, porque ello es lo que convierte a las cámaras en un vulgar aguantadero.

Y además, dejar librado a los pares conceder o no el desafuero solicitado por los magistrados, es un modo de instalar el “hoy por ti, mañana por mí”, que clausura toda posibilidad de juzgamiento.

La Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal, debería intervenir para que estas cuestiones sean modificadas en aras de una verdadera justicia, para evitar los corporativismos parlamentarios que hacen uso del tome y daca.

De paso sería interesante que alguien plantee el grueso error de los convencionales de 1994 que en el mencionado artículo 69º hablan de “algún crimen que merezca pena de muerte”, siendo que ella fue abolida en nuestro país en 1922 tras la reforma del Código Penal de 1883, ratificado por los pactos internacionales suscriptos por Argentina y que figuran en el artículo 75º, inciso 22º de la Carta Magna con jerarquía superior a las leyes. ¿La Corte que preside Rosenkrantz no podría abocarse a esta cuestión de extrema gravedad?

Pero el alto cuerpo debería además objetar ciertos aspectos de los códigos que les conceden demasiados atajos a los abogados, abriendo cauce a postergaciones innecesarias en el proceso penal.

En el Diccionario Jurídico del abogado, historiador, editor y lexicógrafo español (que residiera en Argentina), Guillermo Cabanellas de Torres, “chicana” es un “galicismo por trampa legal, sofistería (*), triquiñuelas, sutilezas, embrollo y demás ardides en pleitos y negociaciones”. (*) Proviene de sofisma, argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero.

Resulta interesante advertir que algunos de quienes a su turno en calidad de ocupantes de las bancas contribuyeron a atarles las manos a la justicia, entorpeciendo o retardando su tarea con “chicanas legales”, hayan sido juristas que sabían muy bien el error que cometían.

De estas cosas –entre muchas otras-podría preocuparse el doctor Rosenkrantz y sus pares de la Corte, antes de adjudicar al periodismo responsabilidad por una mala reputación que ha venido adquiriendo el Poder Judicial por sus propios medios.

Cristina Fernández –que enfrenta 17 causas abiertas– no sólo duerme tranquila y se traslada con toda libertad por territorio nacional organizando su partido y panificando su estrategia electoral para 2019, sino que hasta podría presentarse para un nuevo mandato presidencial sin impedimento alguno. Más aún, si llegase a ser consagrada en las urnas, antes de que llegue el día de la asunción ya gozará de nuevos fueros en calidad de mandataria en simultaneidad con los actuales por su condición de senadora nacional. La pereza de ciertos jueces favorece estas especulaciones. Esto lejos está de favorecer el nivel ético y la excelencia de las instituciones democráticas.

“La irracionalidad de la lentitud judicial –sigue diciendo Herrendorf- tiene dos caras: por un lado, oprime a los súbditos de la justicia violentando derechos humanos; por otro, la Justicia se niega a sí misma declarando su ineficacia, su inutilidad sustancial (…) un juez que ha perdido capacidad para juzgar, también ha perdido su condición de juez, Si la Justicia es la que pierde capacidad para ofrecer rápidas y eficaces soluciones, es porque ha dejado de ser la justicia”.

No es ajena a estas situaciones la justicia entrerriana, donde el esfuerzo y dedicación de los fiscales frente a casos de corrupción serial en perjuicio del Estado, no siempre se ve correspondido en otros despachos donde suelen dormir plácidamente instalando mensajes tranquilizadores a los imputados.

El periodismo no tiene la culpa. No ha sido la prensa la responsable de las atrocidades cometidas por el hoy ex juez Norberto Oyarbide ni del Juicio Político que acaba de iniciarse al Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, entre otras imputaciones, por haber denegado la prisión preventiva para Pablo Moyano, imputado por asociación ilícita en una maniobra que salpicaría al Club Independiente de Avellaneda. Las travesuras de ambos magistrados los vinculan con relaciones muy estrechas con el kirchnerismo y el sector sindical más agresivo para con el gobierno.

Como colofón, cuando al presidente de la Corte se lo llevó al terreno de si los jueces deben pagar o no el Impuesto a las Ganancias, respondió que el sueldo de los magistrados debería ser equivalente al de los “abogados de éxito” y que el reclamo de ese monto no se basa en “búsqueda de privilegios” sino en la “defensa de un salario adecuado para lo que es la labor de un juez”.

Lamentable reflexión, porque si el artículo 16º de la Constitución alude a que “todos los habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, parece que algunos jueces se olvidaron de leerlo. Un magistrado que descarga sus errores y falencias sobre la prensa libre, se echa muchas dudas sobre sí.

“Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural” (Kofi Annan-Premio Nóbel de la Paz en 2001). Quien se sienta molesto por su plena vigencia, no puede ser un hombre de derecho.

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