Un gran bonete de manos aseadas

Una pregunta pertinente que surge de manera espontánea, es saber qué han de pensar los profesores de derecho penal en las facultades en las que se formaron ciertos letrados afines al kirchnerismo, al escucharles decir hoy que los actos de corrupción que caracterizaron una gestión de 12 años consecutivos no existieron, remitiéndose a la presunta falta de pruebas.

Luis María Serroels
Fuente: ANALISIS

En ese caso podría presumirse que esta legión de “patriotas” llegados desde el sur argentino al gobierno nacional, fue tocada por una varita mágica a la altura de un Nostradamus o un David Copperfield. Observar un video en el cual Néstor Kirchner abraza con mirada de felicidad una caja fuerte, le ahorra trabajo a sus acusadores.

Toda la carga documental y las confesiones de los propios socios arrepentidos de tanto cohecho en procura de penas atenuadas, no existieron. Fueron hechos virtuales. La actitud de guarecerse entre los pliegues salvadores de una banca, es tomada como producto de la ocurrencia de “lúcidos” convencionales. Cristina Fernández –quien hoy sigue denunciando persecuciones políticas- fue convencional en la reforma de 1994 y en cuyas sesiones proclamó que se estaba haciendo una Ley Suprema para 50 años, es decir –se supone- sin trampas que permitan añadir preceptos vergonzantes a la medida de las necesidades íntimas (y los temores) del poder de turno. Hoy hay un run-run que preocupa.

La corrupción contra la Administración Pública es considerada el flagelo moral, económico e institucional que más afecta a todos. Transparencia Internacional la define como “el abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial la registra como “el abuso de un puesto público para ganancia privada”, en tanto el Banco Internacional de Desarrollo la ubica como “actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros a fin de obtener beneficios para sí o para terceros”. Este fenómeno abarca tres elementos comunes: “abuso de poder, beneficio y menoscabo del bien público”.

Esta institución analiza la concentración de poder y riquezas asociadas a la impunidad y la profundización de las desigualdades sociales en lo material como en derechos y deberes, entre otras cuestiones, mencionando como palabras clave corrupción, gobernabilidad, fraude, desorden y transparencia.

No suena normal que un exempleado bancario llegue a poseer un colosal patrimonio en bienes y dinero provenientes sólo de su cotidiano ahorro personal y con sujeción a las normas de decencia y honradez que las leyes establecen. El Grupo Alí Babá debería devolverle al fisco por vía de confiscación o la figura legal que corresponda, todo el producto de los saqueos ejecutados por medio de sobreprecios y de la añeja y protagonista “coima”.

Durante la docena de años que gobernó el kirchnerismo el manejo de las reservas de nuestro Banco Central fue autoritario y falaz. Basta con revisar informes de respetables economistas para advertir de qué manera se condujo y cuánto hay de cierto y de mentira en los datos ofrecidos al gobierno que lo sucedió. No es ocioso recordar las operaciones de transferir recursos para financiar subsidios a servicios, tarifas y planes que, más temprano que tarde, se harían sentir. Paralelamente se maquillaban los datos del Indec y despedían técnicos de probada idoneidad por no acatar órdenes que significaban mendacidad manifiesta. Como colofón de estas manipulaciones manejadas por Guillermo Moreno, el hoy gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justificó no haberse informado los índices de pobreza para no estigmatizar a los pobres.

Luego de 12 años de kirchnerismo en el poder, rescatamos hechos curiosos como que al asumir Cristina Fernández su primer mandato, el Indec informaba que el desempleo era del 8,1% y en 2015 había descendido al 5,9%, pero esos datos nunca fueron confiables, llegándose a advertir que “las series publicadas con el primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto de 2015 debían ser consideradas con reservas”.

Las cifras recalculadas por la nueva administración surgieron del hecho de que los viejos datos del Indec (2003-2011) se habrían formulado descontando la inflación de ese periodo. El Banco Central llegó a dar cuenta –y CFK lo celebró públicamente- de 52.000 millones de dólares de reservas, pero éstas fueron cayendo desde 2011 a 2015 el 50% y el activo total contenía bonos sin valor entregados al Poder Ejecutivo. La escasez de billetes fue muy impactante.

La decadencia K durante su segunda gestión fue muy marcada y a esta altura no faltan quienes estiman que la mandataria, impulsada por un crítico estado de ánimo, decidió anticipar su traslado a Santa Cruz renunciando a entregar los atributos del mando a su sucesor Mauricio Macri, como si semejante acto constituyese un escarnio para quien no pudo imponer a su candidato personal.

Quien durante su gobierno se jactaba de conservar un altísimo nivel de divisas, sabía en el fondo que no todas eran de libre disponibilidad (quedaban deudas importantes con prestamistas y además debían resguardar los billetes que podrían tener destino de pago ineludible a los holdout (acreedores que se rehusaron a la reestructuración de sus deudas). Los pagos debieron ser “cash” porque el país no tenía crédito para financiarse.

Los datos revelados por el gobierno que se retiraba fueron falsos porque el kirchnerismo no separó las reservas que saldarían demandas ineludibles. De aquellos 52 mil millones de dólares que oxigenaban la jactancia cristinista, sólo podían ser empleados no más 12.000.

El 10 de diciembre de 2015 se dejaron indicadores económicos en retroceso. Frente a la serie de juicios que involucran a personajes muy vinculados al poder ejercido durante 12 años (algunos de los cuales ya cumplen condena y otros se refugian en las bancas), se está intentando expandir la peregrina postura de que se trata de presos políticos (?). Montados en semejante falacia, Julio De Vido, Amado Boudou y Milagro Sala, quizás los más hundidos en el lodo de la corrupción, apelan a movilizaciones reivindicatorias. Esto constituye un liso y llano agravio al Poder Judicial.

La tan demorada presentación ante la justicia de CFK la mostró desafiante, con negativas y cuotas de irrespetuosidad para con los jueces. Con un atrevimiento inapropiado, desnuda más aún la insólita realidad de que alguien con semejante cadena de actos de corrupción acceda a conducir el Senado Nacional y a la vez tener la potestad de subrogar eventualmente al presidente Alberto Fernández. El presunto plan sistemático contra ella no existe. Sí en cambio existió un plan sistemático K para saquear al Estado.

Al Gran Bonete de nuestra política se le perdieron funcionarios probos y honestos con manos aseadas y bolsillos flacos. Los que subsisten bajo el célebre alegato del “¿Yo señor? ¡No señor! no son otros que los pillos de manos lavadas pero intenciones sucias que, a la hora de rendirles cuentas a la Nación, caen en una oportuna amnesia.

Las desafortunadas advertencias de Alberto Fernández contra el periodismo, en especial cuando lo considera incurso en operaciones judiciales, lo hacen olvidar que hubo periodistas que le sirvieron de útiles auxiliares cuando a través de la TV profirió graves imputaciones y descalificaciones contra su ahora futura vicepresidente (en política la reconciliación suele ser sólo una pátina apta para simular madurez y buen corazón, cuando se carece de los méritos que la democracia demanda).

El pasado lunes la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un duro comunicado rechazando expresiones descalificadoras contra el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, por parte del futuro mandatario. La entidad sostiene que se está ante “giros descalificatorios” con efecto “intimidatorio” y “estigmatizante” hacia el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y que “no puede ser pasado por alto”.

El gran fraude: tres diputados electos de Cambiemos se cruzaron al bloque “fernandista”. Si ganaron integrando la boleta macrista, su traición debe pagarse con el reemplazo por los suplentes. El diputado provincial Jorge Monge (UCR en Cambiemos), ha presentado un proyecto de ley que apunta a asegurar que las bancas legislativas pertenezcan a los partidos políticos. Si los candidatos que integran las boletas lo hacen por una sólida adhesión a los postulados de una determinada fuerza, la democracia no debería cohonestar que los tránsfugas de la política se pasen por el trasero su prometida fidelidad a las ideas y principios que le sirvieron como trampolín.

Si la justicia electoral no aplica el texto del art. 38º de nuestra Ley Suprema, que asegura a los partidos políticos su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático, la legalidad se escapará por las ventanas de los tribunales.

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