Una corte contaminada por la política

El Poder Republicano que nuestra Ley Suprema consagra como el gran reaseguro y garante de los derechos ciudadanos e instituciones y, en especial, el resguardo y protección de los más débiles y desprotegidos de solemnidad, ha quedado expuesto a la desconfianza y el recelo colectivos. Ello así por exclusiva responsabilidad de sus miembros, revelando una aparente crisis de valores y una descarada identificación política que conduce a servir graciosamente a las necesidades y demandas de quienes hacen del Estado un virtual botín de guerra. Puede un pueblo sufrir con estoicismo las desviaciones morales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero no es perdonable la más mínima claudicación para resistir la profanación de la justicia por parte de quienes han jurado someterse a las leyes que devienen de la Carta Magna Un retroceso del alto cuerpo confirmando una fecha inicial, sugiere reflexión o temor.

 

Luis María Serroels
Especial para INFONER

 

Extraño designio el de los argentinos que, sólo remitiéndose al último medio siglo, han debido soportar la corrupción enseñoreada en los laberintos del poder. En realidad, el fenómeno no se registra sólo en nuestro país, pero la diferencia estriba en que en naciones amigas la espada de la justicia y el rigor de las instituciones legislativas han limpiado los gobiernos de mandatarios inmorales e incluso algunos ayudados por sus consortes.

Recordemos el ya célebre escándalo en los Estados Unidos, que salpicó seriamente al entonces presidente Richard Nixon en 1972 hasta hacerlo renunciar, por hallarse implicado en una operación de espionaje al Comité Nacional Demócrata que se había instalado en el Hotel Watergate. Los periodistas del Washington Post, Carl Berstein y Bob Woodward, con sus investigaciones, sacudieron a todo el pueblo norteamericano.

En nuestra América del Sur –por citar algunos casos-, el presidente del Paraguay Fernando Lugo –un obispo católico al que se le atribuyeron varios casos de paternidad- fue destituido por el Congreso guaraní bajo graves cargos.

En Brasil, Lula da Silva cumple hoy una condena por haber aceptado como obsequio una fastuosa mansión como retribución de parte de una empresa a la cual le concedió trabajos para el Estado. Su sucesora Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso no tanto por supuestas dádivas de empresas y crímenes “de responsabilidad” según la Cámara de Diputados, sino porque en el Congreso se le atribuyó “haber violado las normas fiscales maquillando el déficit presupuestal y usurpando la prerrogativa de autorizar gastos públicos”, considerado ello como “atentado contra la Constitución”.

En Perú ha tenido su pueblo mucho para entretenerse por obra de varios presidentes angurrientos de riqueza y otras picardías. El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia cargan con un pedido de 20 y 26 años de cárcel respectivamente por parte de una Fiscalía, por “lavado de activos”. El dos veces presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.  El caso de Alan García Pérez es muy particular: un abogado con prestigio mundial y una vasta formación intelectual que ocupó un par de veces la presidencia peruana, quedó envuelto en el caso Odebrecht. El 17 de abril de este año y cuando era inminente su detención, se pegó un tiro en el cráneo falleciendo a las pocas horas. Alejandro Toledo Manrique, presidente entre 2001 y 2006, también involucrado en negocios turbios con Odebrecht, quedó en la mira de la justicia que pidió su captura internacional. Y finalmente Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó Perú entre 2016 y 2018, debió abandonar su cargo también por recibir “estimulos” de Odebrecht. Hablamos de una empresa que también sedujo con verdes billetes a ciertos funcionarios y operadores de nuestro país en un escándalo que los jueces dicen investigar.

Volviendo a nuestra realidad nacional, las maniobras conocidas días pasados y que apuntan a retardar la acción de la justicia sobre Cristina Fernández con chicanas muy discutibles, instalan una enorme desconfianza en la cúpula del Poder Judicial. Y aquí toman fuerza nuestras precedentes menciones respecto de cómo han reaccionado los mecanismos tribunalicios y cuerpos legislativos en nuestra América del Sur, actuando sin miramientos contra la corrupción entronizada en la cúspide del poder político.

La creciente inclinación de la justicia argentina a abrirle las puertas a la intromisión de ciertos operadores que fuerzan designaciones o buscan la impunidad para los saqueadores del dinero del Estado, cuya jefa gambetea cualquier atisbo de detención, nos diferencia del resto del continente que puede ostentar una verdadera independencia de poderes.

Los sesgos de los altos magistrados de la porteña calle Talcahuano que se traducen en indulgencias, retardos y olvidos incomprensibles en función de la extrema gravedad de los casos arribados a sus despachos, provocan indignación. La independencia de poderes en nuestro país parece convertirse en una virtual quimera. Los rumores sobre la designación de jueces por vía de elección popular ya se sabe a quienes favorecerían.

¿Habrá algún país en donde a una confesión extensa, puntillosa, pormenorizada y sin contradicciones de un detenido que se auto involucra fuertemente en maniobras de corrupción junto a altos funcionarios, no se la considere lo suficientemente veraz y creíble para actuar sin demoras y con todo el peso de la ley? El Contador Víctor Manzanares –excarcelado el viernes último- exhibe un claro relato aniquilador para las esperanzas de los enriquecidos ilícitamente.

Víctor Manzanares, contador de la ex presidenta Cristina Kirchner, tras su detención en Río Gallegos en julio de 2017, en el marco de la causa Los Sauces. CLARIN

 

Corte es un derivado del verbo cortar y también un sustantivo propio. ¿Cuándo se “cortará” la reprobable conducta de dejar dormir causas de alto voltaje donde se halla involucrada una mujer que junto a su esposo gobernaron durante 12 años nuestro país?

En diciembre venidero habrán transcurrido 48 meses de gestión de Mauricio Macri y los ministros de más alto rango de la justicia federal generan fuertes sospechas sobre la pasividad ante las graves imputaciones que todo el mundo conoce, máxime cuando se revela con total desvergüenza –sin desmentida del supuesto autor- que un ex funcionario K retornado al seno del FPV por necesidad y urgencia, ha estado operando ante los jueces para la suspensión del juicio a Cristina Fernández.

¿Procedería acaso el interrogante de quién opera en nuestra provincia para que un ex gobernador se ría de la justicia desde su sillón de la cámara baja?

Si alguien no se mostrase sorprendido cuando se habla de que faltan aportar pruebas en la gran causa de la corrupción organizada, basta con revisar la exposición del citado Manzanares en diálogo con Nicolás Wiñaski por el canal TN donde da detalles asombrosos sobre las maniobras de los Reyes de El Calafate. No sólo reconoció su participación delictuosa sino que dejó indicios de que una causa descaradamente archivada por el juez Norberto Oyarbide que salvó a los Kirchner y luego se justificó diciendo haber sido amenazado con riesgo para su vida, podría reabrirse.

Manzanares contó que trasladó valijas con 2 millones de dólares al domicilio de los padres del extinto ex presidente (llegando a almacenar entre 20 y 30 millones del verde billete). Quien lleva 20 meses preso, señaló que “mi calculadora humana está afuera pero se robaron 10.000 millones de dólares”.

Los detalles y precisiones sobre direcciones, sitios y formas de ocultar el producto del robo serial, demuestran que no es ningún mitómano y mal puede una persona auto incriminarse en maniobras de tanta gravedad, si no tuviese datos incontrastables de una realidad cargada de acciones delictivas.

Manzanares es consciente de que deberá purgar una dura condena. “Yo tendré que pagar mi pena como la estoy pagando y lo que resta por pagar”, reflexionó frente a las cámaras. ¿Qué más requiere la justicia para acelerar el juicio oral de quienes hicieron tanto daño al Estado y a la fe de los gobernados? Pareciera que en la Argentina, para arribar a una condena efectiva, se necesita que al momento de consumarse cada delito estén presentes un escribano, varios testigos hábiles y la cadena nacional de radio y televisión. También un relator que vaya trasmitiendo los mínimos detalles.

Al mediodía del sábado estalló una noticia sobre la fórmula que presentará el kirchnerismo en las próximas PASO presidenciales. Alberto Fernández-Cristina Fernández descolocaron al arco político pero la inminencia –ratificada la fecha- del primer juicio por corrupción a CFK sigue en primer plano. Sólo descolocó a varios que caminaban colgados de su vestido en busca de un sitio preferencial que, como se vio, estaba pensado para otro. Las adhesiones no siempre suman.

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