¿Y dónde quedó la viga?

Días pasados el intendente electo de la capital entrerriana y actual vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, convocó al periodismo para dar cuenta de su denuncia penal presentada contra el actual jefe comunal, Sergio Varisco, y sus funcionarios por fraude a la administración pública, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Justificó tal trámite en el “descalabro financiero que generó en este último año, desoyendo reiterados avisos de los organismos de control administrativo y generando un profundo perjuicio para el Municipio de la capital provincial que se evidencia en la deficiente prestación de servicios”. Tal situación abre fuertes interrogantes sobre la continuidad de tareas básicas inexcusables para una población que supera los 300 mil habitantes.

Luis María Serroels
Especial para INFONER

«Buscamos que la Justicia le ponga coto a una situación que no hemos podido nosotros desde la política. Tampoco han podido los organismos de control internos de la Municipalidad, como Contaduría General, la Dirección de Presupuesto y tampoco ha podido el Tribunal de Cuentas con las distintas recomendaciones que ha hecho», explicó Bahl, asegurando que el objetivo es que «se lleven adelante acciones para que la actual administración no siga incurriendo en nuevos actos administrativos que compliquen aún más la delicada situación que tiene la Municipalidad de Paraná».

Los detalles brindados indican que la Municipalidad debe, al 30 de setiembre, la cifra de $1.340 millones, lo cual «tiene un impacto porcentual muy importante en el presupuesto municipal», indicando que “todos los informes advierten sobre una insuficiencia presupuestaria de $850 millones para pagar sueldos». «Hoy la Municipalidad de Paraná no tiene partidas para pagar los sueldos de noviembre, diciembre y el aguinaldo», explicó y de allí que le envió un mensaje a Varisco y su equipo “para que reflexionen y no sigan incurriendo en este tipo de acciones que van a comprometer mucho más la actual situación de la municipalidad».

Quien ocupará el sillón mayor del municipio a partir de diciembre, explicó que serán los fiscales los que «evaluarán las medidas conducentes» y que ellos aspiran a que «se interrumpa la comisión de actos administrativos que van a complicar aún más la situación de la municipalidad (…) se trata de actos nulos y contrarios a la ley». Su exposición muy completa y detallada, no deja dudas de lo peligroso de la situación pero no obstante merece una reflexión necesaria.

Siempre se ha sostenido que para formular duras críticas o cuestionamientos a una gestión determinada, se requieren dos condiciones: motivos y autoridad moral. De allí que resulta útil recodar –desde luego que sin formular juicios apresurados sobre una situación que sólo la actual administración deberá aclarar ante la justicia- que el denunciante no sería tal vez la persona más apropiada para dar lecciones sobre la imposición legal de acudir a los estrados dando cuenta de cualquier desvío que vulnere las leyes que rigen para las gestiones en reparticiones del Estado.

¿Porqué decimos esto? Porque así como Alberto Fernández reveló durante uno de los debates entre los candidatos presidenciales que cuando era Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y al advertir hechos de corrupción dentro del Estado decidió renunciar, cometió una violación a las leyes al omitir denunciarlos. Es que la Oficina Anticorrupción debe ser avisada de inmediato sobre tal irregularidad no sólo como deber moral sino como una obligación legal e irrenunciable. No hacerlo supone encubrimiento.

Traslademos el escenario a nuestro ámbito provincial preguntándonos si Adán Bahl cuando desempeñaba el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia en el gabinete de Sergio Urribarri nunca se anotició de las graves maniobras de que se hiciera eco pormenorizadamente la revista Análisis, por cuya exhaustiva investigación se arribó a un cuadro de enriquecimiento ilícito del actual presidente de la cámara baja provincial, familiares y allegados a la sombra de la impunidad más descarada que se investiga en los tribunales ordinarios y que enfrenta obstáculos y chicanas arteras al amparo de los fueros.

¿Cómo entender que no lo haya sabido? Y tras haberse enterado ¿cómo interpretar que no formalizara la denuncia judicial con el mismo ímpetu y decisión con que lo acaba de hacer contra las autoridades del municipio? En ambos casos la responsabilidad es insoslayable.

A veces se observa con mucha facilidad la aguja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.

No resulta ocioso recordar que los gobiernos provinciales suelen acudir al Tesoro Nacional en procura de adelantos para solucionar problemas de caja a cuenta de la coparticipación federal. Es posible suponer que a Bahl no se le soltará la mano desde la Casa Gris frente a situaciones financieras muy críticas y ello tranquilizaría a los paranaenses y en especial a los agentes de la comuna. Se dice que los números son alarmantes y de ello dará cuenta seguramente el resultado de las investigaciones.

No tenemos la menor objeción sobre la intención saneadora del futuro Intendente capitalino, pero en aras de la coherencia frente a ciertas imposiciones (en este caso como hemos dicho de la Oficina Anticorrupción), no es ocioso recordar la igualdad ante las leyes, tanto en la denuncia formal como a la hora de exhibirse una conducta que desaloje la desconfianza.

Se comprende y comparte la legítima preocupación reinante, porque dejar las finanzas saneadas no es una opción generosa de quien se va sino una obligación inexcusable que hace a una buena administración. Si se observan acciones reñidas con las leyes contables que rigen para el Estado municipal, los jueces tendrán la última palabra. Las tasas comunales son las que el vecino ingresa a las arcas del municipio precisamente para sostener sus múltiples servicios. Así de sencillo. Informar periódicamente de ahora en más a los vecinos sobre el estado financiero de la comuna, sería un procedimiento saludable, transparente y tranquilizador.

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